Devuelve la entidad 7 mil mdp por anomalías a la Auditoría Superior

Durante las últimas dos administraciones de gobierno, el estado ha devuelto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recursos por 7 mil 391 millones de pesos, por diversas irregularidades en la operación de programas federales como el Seguro Popular y los fondos para seguridad pública, infraestructura social y municipal.

De acuerdo con el documento Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 realizado por la ASF, de 2007 a 2010, las entidades federativas que presentaron mayores montos de recuperaciones determinadas fueron: el estado de México, Veracruz, Nuevo León y Distrito Federal.

Según la ASF en el periodo de 2000-2010, el gasto federalizado programable para el estado de Veracruz ascendió a 482,646.2 millones de pesos (mdp) corrientes y durante ese periodo se realizaron 48 auditorías para analizar el gasto de varios programas.

Entre las irregularidades más recurrentes que propiciaron desde sanciones administrativas hasta devolución de recursos de 10 fondos federales, se encuentran: 2 mil 326 millones de pesos por subejercicios y recursos cuyo destino se desconoce, 932 millones de pesos por irregularidades; 292 millones de pesos por irregularidades en remuneraciones al personal; 2 mil 167 millones de pesos por inconsistencias en la documentación comprobatoria; 530 millones de pesos por pagos improcedentes, 206 millones de pesos por traspaso a otros programas y no reintegrados , 242 millones de pesos por recursos ejercidos, pero que no se vinculan con el programa y otras irregularidades menores.

En el caso del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), se observaron deficiencias en el control interno en la gestión del fondo y en los registros contables, incumplimiento de metas y objetivos; falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus movimientos, incluidos la información del Programa Carrera Magisterial; falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo; falta de entrega de información a Hacienda sobre el ejercicio, destino y resultados de éste.

Durante el ciclo hubo 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) por deficiencias en los registros contables y para sancionar a los responsables de ejercer recursos del fondo indebidamente, no obstante que los recursos observados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías.

Sobre el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se devolvieron 340 millones de pesos, en la revisión de las cuentas públicas 2006 y 2008-2010. Entre las irregularidades más recurrentes se encuentran anomalías sobre remuneraciones al personal, pago de plazas precarias (personal regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado, comisiones sindicales otorgadas sin autorización, compra de vales de despensa para las medidas de fin de año sin la justificación correspondiente; adicionalmente, existió financiamiento indebido de programas federales y estatales y a la entrega de recursos o de rendimientos financieros de forma extemporánea o incompleta, así como a recursos destinados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo.

En el Seguro Popular se determinaron recuperaciones totales por mil 148.8 millones de pesos en el lapso 2009-2010, principalmente por transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, insuficiencias en la contabilidad, deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, irregularidades administrativas en la documentación justificativa y comprobatoria del recurso, además de irregularidades en en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones.

A su vez, en programas federales como el Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Infraestructura Social, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA), el Fortamud, y los fondos del Subsemun, se detectaron las mismas irregularidades como la falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos en infraestructura, cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, entre los más destacados.