Asuntos Públicos: REFORMA ENERGÉTICA: DE LOS TRES, QUE SE HAGA UNO

Entre la polémica y la polarización de posiciones avanza el tema de la reforma energética, en el que se engloban las propuestas de cambio al marco legal para la explotación de hidrocarburos y la energía eléctrica y por lo tanto a las dos empresas públicas encargadas de la administración de esos recursos, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad.

Aunque no serán materia de discusión legislativa en el Congreso de la Unión en el periodo extraordinario que hoy empieza, su debate ha logrado meterse como prioridad en la agenda nacional y muy posiblemente vaya alcanzando consensos suficientes para la reforma, especialmente entre el PRI y el PAN, no obstante la oposición del PRD a que esta reforma pase por un cambio en la Constitución y se permita una mayor participación de la inversión privada en petróleo y electricidad.

Hay ya tres iniciativas formales entregadas en el Senado de la República. La del presidente Enrique Peña Nieto, que contempla modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para abrir la inversión privada bajo contratos (no concesiones), conservando la propiedad nacional de los hidrocarburos y terminando con la exclusividad de la CFE en el servicio público de energía eléctrica. A esta propuesta, obviamente, se han sumado la estructura del PRI, sus grupos legislativos en el Congreso de la Unión, donde son mayoría, pero no suficiente para una reforma constitucional como la propuesta, y el grupo de los gobernadores de ese partido, que ayer se pronunciaron a su favor, en una reunión a la que asistió el presidente Peña y que fue conducida por el gobernador Javier Duarte de Ochoa como presidente de la Comisión de Energía de la Conago.

La iniciativa del PAN, al igual que la del PRI, propone reformar la Constitución para permitir la inversión privada, pero en forma todavía más privatizadora, plantea el otorgamiento de concesiones a los particulares para la explotación de hidrocarburos.

En cambio la del PRD, presentada este lunes, rechaza la reforma constitucional, sataniza la mayor apertura al capital privado y exige se convoque a un referéndum nacional que decida sobre el cambio a la Constitución. La propuesta del PRD, expuesta por Cuauhtémoc Cárdenas, reaparecido como figura del nacionalismo a ultranza y para reivindicar el mal uso que dice que Peña y el priismo hacen de su padre, Lázaro Cárdenas, en cuya presidencia, en 1938, se expropió la industria petrolera y se nacionalizó el petróleo, se centra en modificaciones a la legislación secundaria. Enfatiza la reforma fiscal y operativa de Pemex y el saneamiento de corrupción de directivos y prebendas injustificadas a líderes sindicales. Pero no queda claro si la sola reforma fiscal y los ahorros por corrupción y eficiencia bastarían para inyectar los niveles de inversión necesarios para el mejor posicionamiento de Pemex.

Pese a las diferencias en sus proyectos, las principales fuerzas políticas del país coinciden en la necesidad urgente de un cambio en ambos sectores –petróleo y electricidad–, tanto en la estructura y operación de las empresas del estado como en las inversiones requeridas y en lo inaplazable de atenuar la carga tributaria que soporta Pemex, sostén de las finanzas públicas nacionales, despetrolizarlas y compensar los ingresos con una reforma fiscal. No se duda en que el crecimiento económico del país –declinante este año– y la atención a los rezagos sociales, sabido el elevado nivel de pobreza y bajos ingresos, requieren de impulsos económicos para la reactivación, que en alguna parte tendrán que encontrarse. El efecto de una reforma energética, a mediano plazo, podría contribuir a ello. Por ello es positiva la apertura de la discusión de la reforma energética y de su papel en el desarrollo del país. Esperemos que con madurez y responsabilidad los actores políticos alcancen los consensos, sin rupturas ni choques.

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UV Y SARUKHÁN

Los cuestionamientos a la falta de imparcialidad de la Junta de Gobierno de la UV, argumentados con base en su reglas de integración y a la dependencia y arreglos que establecen objetivamente con el rector en turno, mediador de su nombramiento ante el Consejo Universitario, que también controla, y fuente de recompensas y favores directos e indirectos, no alcanzarán para invalidar su decisión sobre el rector para el periodo 2013-2017, que se asume tomada en favor del Secretario Académico, Porfirio Carrillo.
Tampoco le harán mella los señalamientos de la presunta ilegalidad en la pertenencia a dicha Junta de Gobierno del ex rector de la UNAM, José Sarukhán, a quien se ha ventilado recientemente una incompatibilidad con los requisitos para ser uno de sus miembros.

De acuerdo con lo divulgado, que por cierto no era ningún secreto, pues incluso aparece en su propio currículum hecho público en 2008, en que se incorporó a la Junta de Gobierno y, pese a ello, fue nombrado, Sarukhán ocupa desde 1992 a la fecha el cargo de coordinador general de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Este es un organismo público del Gobierno Federal, pero el punto controvertido es si con este cargo Sarukhán viola el artículo 6, fracción V, de la Ley de Autonomía de la UV, el cual dispone que para ser miembro de la Junta de Gobierno es requisito «No desempeñar cargos de dirección gubernamental ni de elección popular».

En su defensa hecha ayer por el presidente de la Junta, Adalberto Tejeda, con la bandera de la «perfecta legalidad» con que actúa la Junta y cada uno de sus miembros, Sarukhán no infringe la norma, ya que si bien concede que «Conabio es una instancia gubernamental», no lo es de «dirección». Sin embargo, esa norma, en su ambigüedad, podría aceptar la interpretación opuesta; coordinar es dirigir y si dirige un órgano gubernamental desempeña una función de dirección gubernamental y por lo tanto incumple los requisitos para ser miembro de la Junta de Gobierno. Ante la ausencia de una instancia superior de interpretación de la precaria norma, que pudiera ser aplicada por encima de las partes antagónicas, es más conveniente ver las implicaciones que tendría en la validez del proceso electivo de rector, en el cual no se ven mayores consecuencias que una polémica mediática. Es obvio que la Junta no lo removerá, como también que este órgano ha violado la ley de autonomía y su reglamento al no sustituir a la vacante por renuncia de uno de sus miembros, sin embargo, ni una ni otra son causales de la nulidad del proceso, aunque sí manchas. No impide la formación del quórum ni vicia de modo absoluto la elección de rector, pues sólo requieren de los votos de 6 de los miembros de la Junta de Gobierno a favor del designado.

Inevitable el tamal de la Junta, lo que queda es tarea para los legisladores. Revisar la legislación universitaria y su autonomía, especialmente rediseñar las atribuciones de sus órganos y sus relaciones, buscar equilibrios de poder y enmendar la gran ausencia de frenos y contrapesos que permiten que uno de sus órganos, el rector, se ponga por encima de los demás; controle la Junta de Gobierno, se reelija y nombre a su sucesor.

Para la próxima. Porque ésta ya se la comieron.