Javier Duarte: El combate al narco tuvo un alto costo político

+ ENTREVISTA A REVISTA VARIOPINTO, DADA A CONOCER ESTE VIERNES 23 DE AGOSTO... Consumido su primer bienio, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, considera que las cosas están mejorando en la entidad, aunque el equilibrio sea precario, pues en la agenda aún hay temas pendientes. En entrevista con Variopinto, el mandatario se muestra optimista pues, dice, la etapa más crítica —la del combate al narco— ya no es tan agobiante, aun cuando no deja de admitir que al principio el Gobierno Federal lo dejó solo. Lo que sí es una herida abierta, es la de los homicidios de comunicadores, pues muchos casos no están cerrados y las investigaciones continúan.

Zona Centro

Ricardo Ravelo / REVISTA VARIOPINTO - 2013-08-23

Transcurridos más de dos años y medio de gobierno, lapso en que esta entidad ha sido sacudida por los cárteles del narcotráfico, balaceras, secuestros y asesinatos de periodistas, Javier Duarte de Ochoa hace un alto para reflexionar sobre su primer tramo como gobernador: “En los momentos más preocupantes de la crisis, me dejaron solo y me sentí realmente solo”, expone.

Y suelta su crítica: “Como presidente, Felipe Calderón siempre condicionó políticamente el apoyo de la Marina y yo tuve que asumir ese costo porque lo urgente era la seguridad del estado”.

Al arranque de su administración mantuvo con Calderón una relación tensa, incómoda, sobre todo en ese periodo, cuando los grupos criminales comenzaron a multiplicarse en la entidad y a disputarse la plaza a sangre y fuego. “Teníamos un Gobierno Federal en permanente competencia política con el nuestro. La ayuda federal tuvo un costo político para Veracruz. Nos decían: ‘Sí te ayudo, pero te va a costar políticamente’. Tuve que pagar ese costo y lo asumo con toda responsabilidad”, comenta el mandatario a Variopinto.

—Esas fueron las palabras del entonces presidente Felipe Calderón o es una interpretación suya de lo que estaba ocurriendo con el apoyo de las fuerzas armadas?—se le pregunta.

—No. El convenio tácito que existía entre la federación y el estado era muy claro: “Nosotros entramos a Veracruz, pero te va a costar políticamente” —decían. De hecho los spots de televisión que el Gobierno Federal promovía decían claramente que el gobierno del presidente de la República entraba a salvar a los veracruzanos, como si nosotros no hubiéramos solicitado ese apoyo, esa cooperación y esa coordinación. Pero en fin, entendí que esto era así. Lo acepté y fue lo que afortunadamente nos sirvió para frenar la violencia.

El 1 de diciembre de 2010, al tomar posesión como gobernador, Duarte estaba lejos de imaginar la escalada de violencia que se venía. En octubre de 2011 Veracruz vivió la sacudida más cruenta de su historia contemporánea cuando un grupo que se autodenominó Los Matazetas —más tarde sus integrantes irrumpieron en la escena pública con el rostro cubierto— arrojaron 35 cuerpos en una glorieta de Boca del Río mientras que, a unos cuantos metros, en el hotel Fiesta Americana, se desarrollaba una cumbre de procuradores de todo el país.

Duarte recuerda ese episodio como uno de los más severos de su gestión; aunque también alude a otros hechos de violencia de alto impacto y sacudidas políticas en otras entidades que terminaron por impactar a Veracruz.

“Gobernar un estado como el nuestro —dice—es una situación difícil e históricamente complicada. Veracruz está ligado a una entidad de la frontera sur y a otra de la frontera norte; es paso obligado de todo lo que transita por el territorio nacional.

“Veracruz tiene una sociedad cuyo poder adquisitivo está por encima de la media nacional. Tenemos una población no concentrada en un sólo núcleo urbano, sino atomizada. Gobernar un estado como el nuestro es complicado. Y si a eso le sumamos las condiciones complejas por las que atravesaba el país, eso le imprime todavía mayor dificultad”.

Sus primeros meses de gestión, dice, fueron impactados por actos violentos, como los de Morelos, por ejemplo; también por el choque de grupos criminales en Sinaloa, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León. “En esta última entidad la delincuencia alcanzó una evolución mayor, pues tuvimos que empezar a tratar el tema criminal como un problema de carácter social”, expone.

Y añade: “Sin duda esto impactó muy fuerte a Veracruz porque muy pronto pasamos de tener cárteles a enfrentarnos con grupos de la delincuencia organizada donde (el tráfico) de drogas pasó a ser una de tantas actividades ilícitas a las que se dedican estos grupos delictivos”.

Sin mencionar a su antecesor, Fidel Herrera Beltrán, quien gobernó de 2004 a 2010, Duarte de Ochoa explica que, además de los problemas de inseguridad, enfrentó una “situación compleja” porque las finanzas estatales se encontraban altamente comprometidas.

“Tuvimos que atender incluso la estructura administrativa del propio gobierno del estado. Había un desequilibrio financiero y problemas sociales importantes en las zonas serranas donde la pobreza y la marginación presentan rasgos muy difíciles de vida.

“Frente a este escenario, decidí establecer una estrategia que iba en muchos sentidos: la agenda de lo urgente, de lo apremiante y de lo que más afectaba a la sociedad, que era sin duda la seguridad. Veracruz no escapó al flagelo de la delincuencia organizada; más aún, repito, por nuestra situación geográfica, por los problemas de nuestros (estados) vecinos. Era claro que Veracruz era blanco de la delincuencia organizada”, relata el mandatario.

Para ejemplificar el avance del crimen organizado en Veracruz entre 2010 y 2012, Duarte señala que las instituciones, principalmente las más débiles, terminaron permeadas y existe un alto grado de probabilidad de que la delincuencia intente utilizar otras para sus objetivos criminales. Varias instituciones del gobierno del estado terminaron coludidas y corroídas por esta situación, dice.

Por ello, añade, las acciones de su gobierno se centraron en el desmantelamiento de las policías municipales, pues habían sido infiltradas por el crimen organizado y ya no respondían a las exigencias de seguridad de la sociedad.

Empezó, dice, por la de Xalapa; luego la del puerto de Veracruz y Córdoba, más tarde la del corredor petrolero Coatzacoalcos-Minatitlán, también contaminada por la corrupción del narco. Las corporaciones fueron sustituidas por elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar).

La depuración proseguirá en los próximos meses, aunque en varias decenas de demarcaciones la Semar tiene a su cargo la seguridad y, en casos de emergencia, se coordinan con el Ejército y con la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Con respecto a la participación de las fuerzas armadas en Veracruz, Duarte de Ochoa explica que se logró una coordinación con la Semar y así fue posible establecer el mando único policiaco en los municipios más importantes; en el resto de las demarcaciones, el programa de seguridad se irá fortaleciendo.

Las medidas de emergencia también alcanzaron a las áreas financieras, comenta: “Tuvimos que reestructurar nuestros pasivos, nuestra deuda, mediante un esfuerzo importante y con la confianza de los mercados. De esta manera la solidez de la economía veracruzana pudo superar su crisis y equilibrar sus finanzas, el barco financiero y administrativo de Veracruz”. Hoy, según el mandatario, Veracruz se encuentra en otra etapa: hoy, repite, “dejamos de ser noticia violenta. La nota es la política, no la criminalidad. En Veracruz ya no se habla de violencia, sino de elecciones, de competencia entre partidos, como sucede en cualquier proceso electoral”.

Justamente, el pasado 7 de julio hubo elecciones en la entidad y en otras 13 más. En Veracruz el pri ganó el Congreso y la mayoría de los principales municipios.

Los periodistas

El impacto de la delincuencia organizada en Veracruz también trastocó el ejercicio periodístico. Ante tantos crímenes de comunicadores, los organismos internacionales defensores de la libertad de expresión catalogaron a la entidad como la más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo.

Los asesinatos de Miguel Ángel López Velasco y Yolanda Ordaz, columnista y reportera del diario Notiver, respectivamente, le cambiaron la dinámica a los comunicadores veracruzanos. El primero fue asesinado en su casa, junto con su esposa y uno de sus hijos; la segunda fue decapitada por presuntos sicarios de Los Zetas.

De buenas a primeras los reporteros dejaron de cubrir las notas policiacas relacionadas con matanzas, decapitaciones y balaceras por temor al narco, que por medio del terror comenzó a imponer su dominio en los medios de comunicación. Sin duda, el caso que derivó en un escándalo de dimensiones mayores fue el asesinato de la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez Pérez, pues en un principio se dijo que detrás de su muerte estaba la mano del gobierno estatal o el crimen organizado. Hasta el momento ninguna de las dos versiones se ha podido probar, pues la tesis principal de las autoridades es que el móvil del homicidio de Regina fue el robo.

—¿Qué han significado para usted los crímenes de los periodistas? ¿Cómo los ha vivido en lo personal y qué apoyo ha tenido de la federación para aclararlos?

—El gobierno ha desarrollado todas las diligencias en torno a esta lamentable situación en la que algunos compañeros de los medios se vieron afectados por la participación de la delincuencia organizada. El resto son temas que la propia Procuraduría General de Justicia del Estado, en coordinación con la Procuraduría General de la República, ha venido investigando.

“La mayoría de los casos han sido resueltos: hay testigos, detenidos, incluso algunos de los presuntos implicados en los homicidios de compañeros de los medios de comunicación han sido abatidos.

“El de Regina Martínez es un caso aparte, en el cual nada tuvo que ver la delincuencia organizada. En este caso ya hay detenidos; uno de ellos está confeso; otro aún está prófugo”.

—¿Qué responde usted cuando públicamente le dicen que no le creen, cuando alguien dice que su gobierno no está haciendo las investigaciones de manera correcta?

—Yo respeto plenamente las voces y los puntos de vista de los medios de comunicación. Tienen todo el derecho a ejercer sus opiniones en la materia. Yo lo que hice fue girar la instrucción a la Procuraduría del estado para que investigara a fondo y diera a conocer datos duros, comprobados; datos que provengan de un análisis puntual y profesional y de una investigación detallada en cada uno de los casos. Cada medio podrá darle la interpretación que quiera, está en su derecho; eso lo respeto. “En mi caso, tengo una responsabilidad: dar con la verdad, esclarecer esos casos. Esa es la instrucción que he venido dándoles a mis colaboradores”.

—¿Todos los casos relativos a los asesinatos de periodistas están cerrados?

—No. Muchos aún están en etapa de investigación.

—Además de las que se conocen públicamente en el caso Regina, qué otras líneas de investigación se están siguiendo? ¿Cuáles aún no se han explorado?

—En el caso Regina ya hay sentencia. Una persona está sentenciada. No sólo está confeso él, existen pruebas contundentes que ponen a esta persona en el lugar y en el momento que se cometió el crimen.

“Hay pertenencias de la propia compañera Regina Martínez sustraídas de su casa que aparecieron en otro lugar. El culpable está claramente confeso de que las utilizaron. En el caso de la persona que se encuentra prófuga, estamos haciendo uso de todos nuestros recursos para poder ubicarla”.

En su edición 1903, correspondiente al 22 de abril de este año, el semanario Proceso publicó una nota en la que denunció que desde Veracruz se pretendía asesinar a su reportero Jorge Carrasco, coadyuvante en la investigación del caso Regina Martínez. La nota incluyó los pormenores de un supuesto plan para consumar ese acto criminal.

Duarte señala que se enteró “por la propia voz” del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, de ese caso. Ambos acordamos que yo investigaría esta situación.

“Actualmente, remata el gobernador, hay una investigación en curso”.

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