Asuntos Públicos: LA OPACIDAD DE BUGANZA

Aunque no es muy entendible que a Gerardo Buganza Salmerón le hayan puesto una zanahoria para que desalojara la Secretaría General de Gobierno, a fin de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa colocara en su lugar al ex presidente del PRI estatal, Érick Lagos, una pieza de su confianza, en premio al resultado electoral pasado, menos lo es que se pretenda aderezar la llegada de aquel a la recién reformada Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas con una aura de transparencia en el servicio público de la que carece.

En términos objetivos no hay nada que avale la transparencia de Gerardo Buganza como servidor público. La Secretaría General de Gobierno de la que fue titular del 1 de diciembre de 2010 hasta el pasado lunes 12 de agosto de 2013, poco más de 2 años y siete meses, se caracterizó por la opacidad en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información. Pese a que durante su gestión siempre hubo un subsecretario de gobierno nombrado por el gobernador –Erick Lagos, Tomás Carrillo y Enrique Ampudia–, a cargo de la atención de conflictos y su mediación, en ninguna de las áreas, ni en éstas ni en las que directamente manejó Buganza, como la administración de los reclusorios o el Transporte Público, se reveló la información que por ley estaban obligados. Aún al día de hoy puede corroborarse el incumplimiento; si se accesa a la página de internet de la Secretaría de Gobierno y de todas sus dependencias y se pican los vínculos relacionados con la transparencia se encontrará con evidencias de la omisión legal. Existe el portal público y las ligas de transparencia, pero no hay más que directorios desactualizados de funcionarios, su organigrama, y una escueta información de algunos trámites; nada que se aproxime a la información que debe hacer pública como sujeto obligado estipulada en las múltiples fracciones del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado. No hay nada, por ejemplo, sobre las compras, uno de los rubros más enfocados de corrupción. Ni una sola convocatoria al procedimiento de licitación pública, restringida o simplificada, ni los contratos o pedidos resultantes y menos las ofertas económicas consideradas. Tampoco los sueldos, salarios y remuneraciones o los gastos de representación. Menos la relación de concesionarios de transporte público, ¿cuántas placas se entregaron y a quién?, o los montos en dinero y los nombres de las personas a las que se les entregaron recursos públicos.

No logra tapar la omisión, corroborable, como se indicó, el reporte del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), que como maestro barco en dos sucesivas supervisiones a su portal de transparencia calificó a la Secretaría de Gobierno casi en el mayor puntaje de cumplimiento. El primero de 2012 y el segundo a febrero de 2013, en ambos le otorgó 4.5, donde 5 es «publicación de información completa» y 4 «publicación sin observancia puntual». Más que barco el IVAI, barquísimo y tapadera.

En cambio de lo que sí ha hecho público de los trafiques de Buganza, aparte de las presunciones de negocios en la proveeduría a los reclusorios (se sabe que los de siempre se cayeron con la cuota) o de los repartos a «organizaciones» afines, como GB, Generando Bienestar sus siglas GB, se tiene memoria y evidencia de sus beneficios de cuando fue senador por el PAN; recibió entonces de la Secretaría de Hacienda la «donación» de varios tráileres que ésta había confiscado, para que los explotara en su Fundación Agua y Fuego, de donde financió su campaña a gobernador, también por el PAN, en 2004.

EN LA SÚPER SECRETARÍA

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo enviada por el Gobernador y aprobada por el Congreso el pasado viernes, dispone el esquema pactado para la salida de Buganza de la Secretaría de Gobierno; centraliza las funciones de planeación y ejecución de la obra pública estatal, creando en sustitución de la Secretaría de Comunicaciones la Secretaría de Infraestructura y Obras públicas. Especialmente transfieren a la nueva dependencia ocupada por Buganza los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría de Desarrollo Social destinados a obra pública, con excepción de los relacionados con la ejecución de infraestructura social básica, se entiende, que los comprendidos en el programa Adelante. Además se le encomienda «promover la concurrencia de los sectores público y privado en la realización de obra material, conforme a la ley de proyectos para la prestación de servicios». ¿Cuánto ejercerá ahí Buganza? Una aproximación es el presupuesto del Gobierno del Estado para 2013, que en rubro de inversión pública (aparte de los gastos de operación que en Comunicaciones es de 267 millones de pesos) para la antigua dependencia es de mil 204 millones más mil 338 del absorbido presupuesto de Desarrollo Social. Pero con su obscuridad característica, no será fácil saberlo.

FERNAND

Lamentablemente la tormenta tropical Fernand dejó a su paso por el estado al menos 13 muertos reconocidos, inundaciones, deslaves y numerosos afectados. Aunque la Secretaría de Protección Civil a cargo de Noemí Guzmán intentó presumir del sistema de alertas a las autoridades municipales y a la población que habrían evitado un daño mayor, su versión es puesta en duda. La eficacia de los avisos y el rescate se desmintió oficialmente 4 boletines después. En el 4162 asegura Noemí Guzmán que según la información del atlas estatal de riesgos, había 92 municipios susceptibles de sufrir afectaciones pero debido a sus alertas sólo eran 22 municipios. Sin embargo, en el comunicado 4166 se atribuye al gobernador la declaración de que se solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para 92 municipios afectados por la tormenta tropical Fernand. ¿Y los 70 que habían salvado las alertas de Noemí?