Garantizan PGJ y CDI justicia expedita a indígenas veracruzanos

Para garantizar que la procuración de la justicia llegue a todos los pueblos originarios de Veracruz, se entrelazan esfuerzos institucionales con un trabajo serio señalado por la ley y se comparten responsabilidades con instancias que les procuran atención, afirmó el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Felipe Amadeo Flores Espinosa, al presidir la firma del Convenio de Coordinación Institucional Proyecto: Excarcelación de Presos Indígenas con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI).

En cumplimiento con la instrucción del gobernador Javier Duarte de Ochoa de asegurar el ejercicio pleno de los derechos individuales de los indígenas de la entidad, la PGJ llegó a este acuerdo que establece acciones concretas y coordinadas entre ambas instituciones, emanadas de un convenio signado por la federación con diversos estados, entre los que se encuentra Veracruz.

Las acciones contempladas agilizarán la resolución de asuntos penales, darán curso a la asesoría y defensa legal en la lengua materna del acusado por la comisión de algún delito, evitarán el hacinamiento de los centros penitenciarios, asegurarán la reparación de daños y garantizarán el ejercicio del derecho de la libertad física de los reclusos, una vez cumplida su sentencia.

El Procurador aseguró que los intérpretes y traductores de 52 usos lingüísticos y 15 lenguas indígenas capacitados, acreditados y certificados previamente por la CDI, fortalecerán la transparencia de la labor jurídica que realizan los agentes del Ministerio Público itinerantes.

Dijo que esto se logrará a través de una labor de asesoría a indiciados, imputados, acusados, procesados, sentenciados, víctimas y testigos de la comisión de algún delito. “Así, uniendo esfuerzos, se agilizará la procuración de justicia y se abatirá la vulnerabilidad de la población indígena veracruzana”.

Flores Espinosa comentó que la acción inmediata de la Subprocuraduría Especializada en Asuntos Indígenas será la revisión de casos específicos, a través de visitas carcelarias por los representantes sociales del fuero común, a fin de conformar un censo y detectar a probables prospectos para aplicar este recurso legal que ya se utiliza en varios estados del país.

Para complementar el esquema de acciones a implementarse con la próxima instauración del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el servidor público exhortó a denunciar las irregularidades cometidas por las autoridades ante las instancias correspondientes, ya que “nuestra labor en esta área tan sensible de la población es procurar que vivan en paz y tranquilidad, por lo que velamos por acercarles una procuración de justicia expedita y transparente”.

La delegada estatal de la CDI, María Isabel Pérez Santos, explicó que serán beneficiados los indígenas que se encuentran recluidos en centros penitenciarios de jurisdicción estatal o en peligro de perder su libertad, debido a la carencia de recursos económicos para realizar el pago de la reparación del daño, de una caución o que debido a su situación económica carezcan de un abogado defensor.

Abundó que “es de reconocerse el trabajo que ejerce la Subprocuraduría Especializada en Asuntos Indígenas, única en su tipo a nivel nacional, así como el apoyo del gobernador Javier Duarte de Ochoa y el esfuerzo que realiza por lograr resultados más justos y mejores en beneficio de los indígenas”.

Por su parte, el subprocurador especializado en Asuntos Indígenas, Julio Muñoz Díaz, en nombre de los agentes del Ministerio Público itinerantes, aseguró que “en el trabajo operativo debemos dar resultados, nos sentimos motivados para continuar con nuestro trabajo de defender los derechos de los pueblos originarios de Veracruz”.

Al evento realizado en la sede central de la PGJ acudieron dirigentes indígenas de los pueblos nahua, popoluca, chinanteco y totonaca, así como agentes del Ministerio Público Investigador Itinerantes de Huayacocotla, Chicontepec, Papantla, Zongolica, Orizaba, San Andrés Tuxtla y Uxpanapa.

Además de agentes del Ministerio Público Auxiliares de la Subprocuraduría Especializada en Asuntos Indígenas y directores de los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena procedentes de Acayucan, Chicontepec, Papantla, Huayacocotla, Zongolica, Huitzila y Uxpanapa.