Asuntos Públicos: CONCURSOS Y EVALUACIÓN A MAESTROS

El rechazo de una fracción del magisterio a la reforma educativa y a sus leyes secundarias, politizado en grado extremo y cuyas manifestaciones y paros en varios estados han ido subiendo de tono, conforme el avance del proceso legislativo, a punto de concluir, no tiene en realidad ninguna justificación. Al ser la educación básica y media superior un servicio público a cargo del Estado y pagado por los contribuyentes, además de la importancia de elevar el nivel educativo del país, el personal docente y el que desempeña funciones de dirección o supervisión no están en situación de negarse a ser evaluados a fin de garantizar que cuentan con los niveles de conocimientos y competencia para el cargo público que desempeñan.

Sin embargo, la terquedad, desinformación y la pérdida de privilegios de los sindicatos, tráfico y herencia de plazas han creado condiciones de inquietud y resistencia entre los maestros de algunos gremios, la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), grupo disidente del mayoritario SNTE, éste neutralizado con el encarcelamiento de su ex líder la maestra Gordillo, y aquí los sindicatos minoritarios, en su radicación aunque no son muchos, han venido creando no sólo situaciones de provocación al Estado, sino también versiones distorsionadas del contenido de la reforma educativa.

En el estado los manifestantes, según la SEV, son alrededor de 3 mil maestros de los sindicatos minoritarios, entre ellos, de la Normal, del SDTEV y del SUTSEM, de enseñanza media, no representativo de la plantilla general del magisterio, que asciende a cerca de 135 mil. Pararon apenas 300 escuelas de un total de 24 mil planteles. Con la falacia de que es atentatoria de sus derechos laborales, especialmente a la estabilidad y posibilidades de promoción – que los van a correr arbitrariamente- intentan legitimar sus propuestas.

LA REFORMA EDUCATIVA

La reforma constitucional en materia educativa se han justificado como la recuperación a fin de elevar la calidad del servicio, una atribución que indudablemente le corresponde y que debe ejercer. Nadie en su sano juicio estaría a favor de la baja calidad de que fueran los sindicatos y no la autoridad quienes dirijan la educación pública nacional en sus niveles básico y medio superior.

Los vicios del sistema y las complacencias de largo tiempo hacen ver ahora esta reforma educativa como una especie de expropiación al control sindical de plazas al que indebidamente se cedió. En pocas líneas, la reforma educativa tiene dos principales componentes. El primero, la creación de un servicio profesional educativo en el cual el ingreso y la promoción a cargos de dirección y supervisión se debería efectuar mediante concursos de oposición; y el segundo, la evaluación obligatoria de este personal tanto para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia que hará un organismo público autónomo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Las formas secundarias y reglamentarias de la constitucional, aprobadas ya en la Cámara de Diputados, son tres: A la ley General de Educación, la que crea el Instituto Nacional de Evaluación y la más importante y conflictiva, la Ley General del Servicio Profesional Docente. Este paquete ahora en el Senado ha comenzado con la aprobación sin cambios ayer de ésta última, la que contiene precisamente las reglas y obligatoriedad de la evaluación al magisterio y de los concursos para su promoción.

EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

La ley de proceso de aprobación define al servicio profesional docente o <> al conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente y el personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el estado y sus organismos descentralizados.

El ingreso al servicio se llevara acabo mediante concursos de oposición, preferentemente anuales. Los elegidos de estos concursos obtendrán en primera instancia un nombramiento que no será definitivo, sino sujeto a un periodo de inducción al servicio durante dos años, serán evaluados al término de un año y al finalizar su inducción volverán a ser evaluado; si no participa en la inducción o resulta en la evaluación <> en su nivel de desempeño, terminarán los efectos de su nombramiento sin responsabilidad para la autoridad educativa.

Para la permanencia en el servicio, habrá igualmente una evaluación obligatoria conforme a perfiles, para maestros e indicadores, el instituto determinará su periodicidad, pero por lo menos se hará una evaluación cada 4 años. Los calificados con deficiencias tendrán por lo menos dos oportunidades más de alcanzar el estándar, debiendo incorporarse a programas de regularización y si no dan la talla a la tercera evaluación serán dados de baja. Esto para los de nuevo ingreso, pues a los que ya se encuentran en funciones, les llaman con <>, obligados también a evaluarse, si no califican en la tercera oportunidad no serán separados de función pública, serán readscritos para continuar en otras tareas dentro del servicio, o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro.

La promoción de docentes a cargos de dirección o supervisión ya no pasará por la palanca sindical o de la autoridad educativa, serán también puestos a concurso públicamente y tendrán que ser docentes con al menos dos años en el servicio.

No quedaron en la indefensión los integrantes del sistema educativo, pues la ley concede recursos legales para impugnar ante los tribunales labores.

Otra banderilla al sindicato es la prohibición de los comisionados, calculados a nivel nacional en cerca de 100 mil aviadores. La nueva disposición, sin mención expresa de la figura del comisionado sindical, estipula que <
PLAZOS DE APLICACIÓN

Una vez que proceda la promulgación de la Ley de Servicio Profesional Docente e inicie su vigencia, que por la prioridad concedida por el Ejecutivo vendrá en los próximos días, los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación dentro de los seis meses siguientes, y en julio de 2014 los concursos para nuevo ingreso se harán con forme a las nuevas regla. Ya no hay vuelta de hoja de la evaluación a maestros y para el concurso de ingreso y promociones. No se cree que la <> convocada para hoy por la CNTE logre revertirla. Así que para los sindicatos minoritarios locales es mejor que ya regresen a lo que se dicen que saben hacer, dar clases. Ya se sabe que no hay reformas legales perfectas. Pero por lo pronto, los sindicatos dejarán de marcar el paso de la educación pública obligatoria a cargo, esperemos que así sea, del Estado, y se logre avanzar en la evaluación de su calidad.