Asuntos Públicos: BLOQUEOS DE CARRETERAS Y REFORMA EDUCATIVA

La inconformidad de algunas fracciones del gremio magisterial –los sindicatos minoritarios, pues el el mayor, el SNTE, está controlado y permanece al margen–, encabezada a nivel nacional por la CNTE, contra la reforma educativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya aprobada en el Congreso de la Unión, está provocando en distintas partes del país –y ahora también en Veracruz– afectaciones de derechos a la población civil ajena al conflicto.
Las manifestaciones de maestros –dicen que lo son– han venido subiendo de tono, principalmente en la Ciudad de México, sitiada por la CNTE desde hace unos 15 días acampan en el Zócalo, y mediante marchas y bloqueos en la vía pública, incluso tomaron las sedes legislativas sin conseguir detener que se aprobaran las leyes secundarias, principalmente la del servicio profesional docente que obliga al concurso de plazas para ingreso y promoción y que impone evaluaciones de desempeño para la permanencia en el sistema educativo. Esta reforma, que implica la pérdida de privilegios sindicales como el reparto de plazas, su venta y herencia entre familiares y la acreditación de competencia y conocimientos docentes y para funciones de dirección y supervisión al personal de la educación básica y media superior, lo han querido presentar como atentatorio de derechos laborales, que no lo es, pero aparte de ello, su derivada consecuencia colateral es que su discusión y rechazo ha rebasado el ámbito de las partes –el estado y las autoridades educativas y los sindicatos y maestros descontentos– para volverse una pesadilla a los habitantes de los sitios en que se desarrollan las manifestaciones. Ya lo habíamos seguido en el DF, donde la población lamenta la pasividad de su Jefe de Gobierno, y en varios estados de la república, como Tabasco y Oaxaca, trincheras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
El problema nuevo es que ya los comenzamos a padecer en Veracruz. Excluido el mayoritario SNTE, en sus dos secciones, la 32 y la 56, y otros sindicatos, como el SETSE, de Acela Servín, un pequeño grupo de sindicatos, entre los que se cuentan Ricardo Diz Herlindo, del Sutsem, Daniel Domínguez del sindicato de la Normal, Enrique Cruz Canseco del SDTV y Héctor Ramírez Cahue del Setmav, se han apoderado localmente de las banderas de la revuelta. Se hicieron visibles hace dos semanas con una protesta en el Congreso local y reanudaron sus presiones desde el domingo pasado, el lunes y martes, pararon algunas escuelas –según la versión oficial, unas 300, de 24 mil que hay–, pero ayer se pasaron de la raya. En Xalapa, al filo del mediodía bloquearon totalmente la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la SEV y Plaza Américas, y ahí permanecieron hasta cerca de las 10 de noche, impidiendo la circulación vehicular en ambos carriles, en perjuicio del libre tránsito de numerosas personas que nada tenían que ver con el asunto. El de por sí conflictivo tráfico urbano de la ciudad se hizo mayor al taponearse esa importante vía de comunicación, como efecto cucaracha, lo que no pudo salir por aquella ruta, multiplicó el flujo vehicular hacia otros puntos. Simultáneamente, los manifestantes interrumpieron el tráfico carretero en otros puntos de la entidad; en la región de Córdoba, la caseta de Fortín en la autopista Veracruz-México y al sur la Cosoleacaque-Acayucan y la Minatitlán-Coatzacoalcos.

SÍNDROME MANCERA
No obstante que el asunto de la reforma no es de competencia estatal –se trata de leyes federalesque obligarán al Gobierno del Estado a acatar las nuevas reglas–, se manifiestan aquí como si de algo sirviera para impedir que la nueva legislación entre en vigor y se aplique. La CNTE en la Ciudad de México, pese a que debido a sus presiones se matizaron algunos puntos en la legislación, ahora pretender exigir al presidente que vete las leyes. A lo largo del día, varias comisiones de negociadores del Gobierno del Estado –de la Secretaría de Educación y de la Subsecretaría de Gobierno– intentaron dialogar con los manifestantes mientras tenían el tráfico varado, y al final, al parecer, concertaron una reunión abierta en algún espacio público. Según se supo, una de las demandas de los manifestantes es que el Gobernador del Estado se pronuncie públicamente contra la reforma educativa, una exigencia irrelevante, pues que lo haga o no –que además no tendría que hacerlo bajo presión del bloqueo–, esta acción no es significativa para la marcha de la reforma, que es del ámbito federal.
El riesgo es que en las subsecuentes acciones de estos grupos, minoritarios, se enfatiza, rebasen nuevamente al Gobierno del Estado y que, como en el síndrome Mancera, la tolerancia y apertura al diálogo sea más que respeto a los derechos de los manifestantes, una pasividad y permisividad a que se violen los derechos de otros ciudadanos sin vela en el conflicto seudo magisterial.

ENTRE EL DERECHO DE REUNIÓN Y LOS DERECHOS DE TERCEROS
Nadie con mínima consciencia de democracia y derechos fundamentales negaría los derechos de las personas –sean o no maestros o líderes sindicales– a reunirse y a expresar su protesta contra algún acto de autoridad. Es sabido que el artículo 9 de la Constitución de la República establece que «No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito»; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. Y su segundo párrafo, agrega: «No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, no se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea».
Como todo derecho, incluidos los fundamentales, el derecho de reunión y de protesta no es absoluto y menos cuando ejercerlo afecta los derechos e intereses de otras personas. Está bien que ejerzan su derecho de manifestación, pero, y la libertad de tránsito de los varados, cómo queda. La autoridad debe garantizar uno y otro derecho, no se quiere la represión, pero tampoco la anarquía. Esperemos que no se oaxaquice Veracruz y que las autoridades superen el síndrome Mancera.