Asuntos Públicos: PAGOS DE MARCHA

Convertidas las protestas de maestros contra la reforma educativa en parte del paisaje urbano, las noticias del día y las molestias cotidianas para el transporte y el transito citadino y carretero, la pregunta ciudadana es ¿por cuántos días más se habrá de padecer bloqueos y congestionamientos?, ¿cuándo y cómo se resolverá el conflicto?

Imprevisible la duración exacta, pero no indefinidamente; dependerá de las negociaciones de las autoridades con los líderes que fomentan la movilización aprovechando la ignorancia y desinformación de sus seguidores con el falso argumento de que perderán sus plazas y que la reforma es atentatoria a sus derechos laborales; también de sus fuentes de financiamiento, pues los plantones, marchas y acarreos cuestan; del grado en que estén mezclados otros intereses políticos ajenos a la cuestión educativa, que no se duda que lo estén. Pero sobre todo, de lo que puedan obtener los líderes del movimiento, la disidencia magisterial, la CNTE y los sindicatos «independientes», que son minoritarios –el SNTE, es sabido, domesticado con el descabezamiento de su ex líder Elba Esther Gordillo, está al margen– pero no controlados. Al no ser negociable la reversión de la reforma, lo que les queda es que les lleguen al precio –sea por recompensa o castigo– a cambio de replegarse y volver a clases.

Ante el fracaso de sus movilizaciones para revertir la reforma educativa, por más que se prolongara la protesta, aparte de hacer visible su inconformidad, que por cierto no tiene respaldos populares, los bloqueos no ganan simpatías, el epílogo que falta es el costo de la retirada. En forma directa, el cobro, por fuera, ilegítimo, de los costos invertidos en la protesta y su pago de marcha o finiquito, es decir, algo de lo que dejarán de percibir de sus cuotas por la pérdida de su derecho a participar en el reparto de plazas, su venta y herencia familiar, debido a las nuevas reglas que harán obligatorios los concursos y evaluaciones para el ingreso, la permanencia y promoción en el sistema educativo de niveles básico y medio superior.

En la recapitulación del movimiento magisterial se observa infructuoso para el logro de sus objetivos explícitos impedir la aprobación de la reforma educativa. Aunque aparatosas y molestas para terceros, además de desafiantes a la autoridad, las manifestaciones de protesta de una fracción del sindicalismo magisterial a la reforma educativa, en la capital del país y varios estados, incluido Veracruz, no han conseguido frenar el avance de su proceso legislativo, y si bien matizaron algunos puntos, la promulgación de las leyes secundarias y su inicio de vigencia son inminentes. No se percibe que pueda haber marcha atrás después del costo pagado, y a estas alturas se duda que las crecientes presiones puedan revertir la decisión. El proceso legal –la reforma constitucional y sus leyes secundarias– está prácticamente concluido. Luego del titubeo en la Cámara de Diputados con la Ley de Servicio Profesional Docente, finalmente aprobada en ambas cámaras del Congreso (con ciertas modificaciones que presuntamente recogieron opiniones de los líderes de los inconformes), al igual que las reformas a la Ley de Educación y la que crea el Instituto Nacional de Evaluación, sólo falta la promulgación y publicación de estas tres leyes a cargo del Presidente de la República; un acto que seguramente se dará, pues ha sido el propio Peña Nieto el impulsor de la reforma. Además de la promulgación de la reforma, está pendiente el pago de marcha.

CONVOCAN EN VERACRUZ A INCONFORMES

Los sindicatos minoritarios que participan en Veracruz en la revuelta, que aquí ya se tomaron toda la semana, el Sutsem, el SDTEV, el de la Normal, han sido convocados a dialogar para que expongan sus opiniones. A instancia del gobernador Javier Duarte, el Congreso local, por conducto de su Junta de Coordinación Política, ayer se pronunció en disposición de recibir a los inconformes en la fecha, hora y forma que determinen, a fin de escuchar sus opiniones, para que en el marco del fortalecimiento del sistema educativo se «salvaguarden los inalienables derechos de los trabajadores».

Al margen de retórica oficialista de la convocatoria al diálogo, que será como una llamada a misa, no sería del todo inútil que los inconformes acudieran a expresar sus opiniones. Siempre y cuando estén conscientes de los marcos, alcances y límites de sus propuestas. No se podrá acordar nada que contravenga los lineamientos y obligaciones establecidas en la reforme constitucional y las tres leyes secundarias. Imposible pactar la supresión de evaluaciones o concursos o las reglas de ingreso, permanencia y promoción al sistema educativo en su aplicación estatal. Sin embargo, algún margen deben encontrar en los espacios de las facultades que tendrán las autoridades estatales en materia educativa, además de que serán éstas las que evalúen y propongan los parámetros e indicadores y contexto regional de las evaluaciones. Tendrán que jugar en el breve espacio concedido para armonizar, tropicalizar o jarochizar la reforma educativa.

LA FALACIA DE LOS DESPIDOS

No estaría de más que los «maestros» inconformes con la reforma educativa leyeran cuando menos los artículos transitorios de la temida Ley General del Servicio Profesional Docente. En particular el octavo, relativo al personal que ya se encuentra en servicio. Nada más ajeno al despido. Dicho artículo indica que los que ya cuenten con nombramiento definitivo en funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el estado y sus organismos descentralizados se ajustará a procesos de evaluación y programas de regularización. Es inevitable que sean evaluados, pero no serán despedidos. Tienen hasta tres oportunidades de evaluación y si a la tercera siguen sin alcanzar el estándar, «no será separado de la función pública y y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme lo que determine la autoridad educativa o bien programas de retiro». Los que tengan sólo nombramiento provisional continuarán en la función que desempeñan y podrán alcanzar el nombramiento definitivo si en las evaluaciones obtienen resultados suficientes.