Asuntos Públicos: REFORMA HACENDARIA Y SOCIAL

El paquete fiscal para 2014 que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso, mismo que recibió ayer la Cámara de Diputados, es más complejo de lo acostumbrado, pues esta vez se ha querido combinar una reforma Hacendaria con una reforma de Seguridad Social.

Los diversos instrumentos planteados por el Ejecutivo en 16 documentos buscan objetivos múltiples que reflejan su convicción de que todo cabe en un paquete económico sabiéndolo acomodar. Lo mismo se plantean el fortalecimiento de las finanzas públicas, que el fomento del crecimiento económico y el empleo, la equidad en la tributación como incentivos a estados y municipios para que recauden más e inviertan mejor; acabar con el subejercicio del gasto, fomentar la vivienda y la infraestructura que inaugurar novedosos esquemas de protección social, como la pensión universal o el seguro del desempleo.

En materia tributaria, la noticia es que el Ejecutivo desechó la tentación de aplicar el IVA a los alimentos y medicinas que seguirán exentos, pero este impuesto se homologará en las zonas fronterizas con el resto del país; en cambio, anuncian una nueva ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que gravará a los de mayores ingresos –aumentará la tasa a 32% a los rangos más elevados (más de 500 mil pesos anuales), se reducirán o eliminarán regímenes preferenciales o especiales, se limitarán las deducciones fiscales, causarán impuesto (10%) la venta de acciones en la bolsa y el pago de dividendos. Entre otras novedades, se derogará el Impuesto Especial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE) y se crearán impuestos a plaguicidas y bebidas azucaradas. Habrá un nuevo régimen fiscal para Pemex, pero su aplicación será gradual, en principio aplicará sólo a los nuevos desarrollos, por lo que no tendrá efecto en 2014.

De entrada, el paquete no provocará más protestas populares al haber excluido el satanizado IVA a alimentos y medicinas y podría ganar apoyos debido a que se vinculan los mayores ingresos públicos al financiamiento de programas sociales.

Sin embargo, habrá que ver la reacción de grupos que tendrán una carga fiscal mayor; aunque son las minorías, aparte de lo justo que pueda ser que contribuya más quien más tiene, disponen de más recursos para influir en la clase política y en el Congreso.

Y ya se sabe que los privilegiados no son precisamente hermanas de la caridad. El debate apenas viene.

ABUSO DE AUTORIDAD EN EL PODER JUDICIAL

El magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se ha metido en otro problema, lo cual no es raro en él, conocido su carácter prepotente, pero esta vez, por los alcances de ilegalidad en sus actos, podría salir más que raspado.

Como se recuerda, el Congreso local aprobó, a iniciativa del Gobernador en mayo pasado, una nueva Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, por el cual se creó un organismo público descentralizado, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, adscrito al Poder Judicial, pero sólo para efectos presupuestarios, ya que se excluyó a este poder de toda injerencia operativa. Del mismo modo, se ajustó la Ley Orgánica del Poder Judicial el pasado 30 de julio para incorporar a dicho Centro y excluirlo expresamente del ámbito del Consejo de la Judicatura en su administración, vigilancia y disciplina.
Por otra parte, en los artículos transitorios de la Ley de Medios Alternativos publicada el pasado 10 de mayo indica las disposiciones sobre el anterior organismo dependiente del Consejo de la Judicatura. Al inicio de la vigencia de la nueva ley todos los recursos con que el abrogado venía laborando «se transferirán en su totalidad al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, con pleno respeto a los derechos de sus trabajadores». Igualmente se dispone que «En tanto se nombra a los integrantes del Centro estatal, la estructura orgánica del centro estatal seguirá operando y asumirá las atribuciones que la presente ley les otorga».

Aprovechando la demora del Ejecutivo en proponer al Congreso el nombramiento de los tres consejeros del OPD, el magistrado Sosa ha interpretado a capricho la norma y se ha arrogado facultades que ya no tiene. El 30 de agosto pasado intentó tomar por asalto el centro estatal y destituyó a la coordinadora Estela García Carvajal, quien ha ocupado el cargo desde hace varios años. Extrañamente le notifica el cese «por la pérdida de confianza en el trabajo encomendado» y «por haber incurrido en desacato», ya que pretendían saquear al consejo, llevarse la flotilla de autos asignados antes de que llegaran los nombrados por el Ejecutivo.

La coordinadora del Centro de Mediación se ha negado a recibir la notificación de despido, vista su ilegalidad, y busca los recursos legales a su alcance para impedir que el Soso consume el despojo de los autos y su remoción, incluida una denuncia penal por abuso de autoridad.

Mientras tanto, en la esfera del Ejecutivo, parecen no darle importancia a las omisiones en la aplicación de la nueva ley creada.

NO PERDONARON NI EL DOMINGO

Los manifestantes en contra de la reforma educativa en Xalapa no se la perdonaron a los ciudadanos y este domingo continuaron con los bloqueos de carreteras y del centro histórico. No se conformaron con hacer el mitin en la Plaza Lerdo y cerrar los accesos al centro, sino que además «tomaron» la Secretaría de Educación ¡en domingo!, cuando no había nadie en las instalaciones y de nuevo bloquearon por varias horas la carretera a Veracruz en ambos carriles.

Los negociadores del Gobierno del Estado ni se asomaron al caos vial. Tanto el secretario de Gobierno, Érick Lagos, como el subsecretario Marlon Ramírez siguen paralizados (el Síndrome Mancera) y la ciudad de rehén de los maistros. Tienen todo el derecho a reunirse y a protestar, pero no tienen por qué afectar a los demás. La autoridad falta a su obligación de preservar el orden y los derechos de todos.