Asuntos Públicos: REFORMA HACENDARIA

Como era de esperarse, la compleja y extensa reforma Hacendaria presentada este domingo por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión dentro del paquete económico para 2014, no ha dejado conformes a todos.

Esto no extraña pues, el reparto de las cargas tributarias con que se financia el gasto público y las asignaciones presupuestales inevitablemente incide en los intereses de las personas y los grupos, en su actividad económica y sus ingresos personales y, por ello, cada quien la verá según como le vaya en la feria. No obstante la posible identificación de un interés general de la Nación o colectivo, por encima de los particulares, esto no es fácil conseguir en la práctica y será inevitable el jaloneo, que ya ha comenzado en los grupos de interés.

Los debates se darán más allá de los enunciados generales con los que se pretende justificar el conjunto de reformas en niveles más concretos de las afectaciones. Nadie se opondrá a que se busque impulsar el crecimiento económico o el empleo, fortalecer la capacidad financiera del estado, atenuar la carga a Pemex, mejorar el ejercicio del gasto o instaurar un sistema tributario más equitativo, o promover un esquema de seguridad social que proteja a sectores vulnerables de la población. Los cuestionamientos se dirigirán a puntos más específicos, como ya se observó ayer en las primeras reacciones y posicionamientos sobre el planteamiento del presidente Peña.

Uno de los aciertos de la reforma de Peña ha sido dejar sin cambio, en tasa 0, el IVA a alimentos y medicinas, una prudente decisión que la habría puesto en riesgo desde el principio, ya que, como es sabido, se le tiene por perjudicial a la economía popular y no se duda que su rechazo se contaminaría con las protestas que ya se tienen debido a otras reformas, como la educativa y la energética. Esta decisión, combinada con la terminación o acotamiento de algunas figuras fiscales de privilegio y la mayor carga los de ingresos mayores, ha jalado al PRD cerca del presidente y su partido, el PRI, lo que facilitará la construcción entre esas fuerzas de una coalición legislativa que podría aprobar partes centrales del paquete económico. En contraparte, el PAN ya marcó distancia. Aunque no rechaza el conjunto de reformas, objeta varios puntos, en los que coincide con los sectores empresariales. No les ha gustado de entrada la cancelación del régimen especial del IVA en zonas fronterizas, que es ahora del 11 por ciento y se elevaría al 16 por ciento, igual que en el resto del país, como tampoco que se pretenda cobrar el IVA en compras de inmuebles, rentas, créditos hipotecarios y en las colegiaturas, aunque nada objetan a la permanencia del régimen especial de tributación blando de las escuelas particulares. En el PAN, al igual que los sectores empresariales, celebraron la propuesta de derogar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), pero no les parece el déficit fiscal o que la carga vaya principalmente a los contribuyentes cautivos. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por su parte, intenta además presentarse como el defensor, no de los empresarios, sino de la «clase media», la que dice será la más afectada. Ademán han brincado, entre otros, los empresarios del sector agropecuario, que dejarían el régimen especial de ISR, y los fabricantes de refrescos, que causarían un impuesto de 10 por ciento, y ya anticipan aumentos hasta del 20 por ciento a sus aguas carbonatadas.
El debate público y legislativo apenas comienza. El paquete económico lo tiene la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con mayoría del PRI, la que tendrá que elaborar el dictamen y pasarlo a votación del pleno, y luego seguir el proceso legislativo en la Cámara de Senadores.

MEGA REFORMA

Previamente, legisladores y participantes en la discusión tendrán que leer, entender, y después evaluar el paquete económico, que es un paquetazo. Para la burocracia hacendaria, la simplicidad no es lo suyo; se dieron vuelo elaborando textos legales, exposición de motivos, citas de datos, cuadros estadísticos y financieros. El conjunto se compone de 16 documentos dividido en 5 grandes bloques. En Política Hacendaria están los Criterios Generales para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en el capítulo de Ingresos, además de la iniciativa de Ley de Ingresos, la nueva Ley del ISR y reformas a las leyes fiscales, entre otras, a la ley del IVA, al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Aduanera, la Ley Federal de Derechos, a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a la Ley de Pemex y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En materia de Egresos, el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, su exposición de motivos, tomos y anexos. El novedoso ingrediente de la Política Social contiene la iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad social universal y sendas iniciativas de leyes de pensión universal –adultos mayores de 65 años– y del seguro de desempleo. Finalmente en el apartado de Federalismo, las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Financiamiento Educativo y a la Ley General de Salud.

Se ignora si ya alguien ha leído completo el paquete económico, a ojo de buen cubero se calculan unas cinco mil páginas. Merecería una exención o un estímulo fiscal. Hay temas para rato.

PROMULGACIÓN DE LEYES EDUCATIVAS

Confirmando que no hay marcha atrás en la Reforma Educativa, hoy por la mañana el presidente Enrique Peña Nieto promulgará sus tres leyes secundarias: las reformas a la Ley General de Educación, la que crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la del Servicio Profesional Docente. Mientras tanto, no han parado las protestas del sector magisterial inconforme que se manifiesta en la Ciudad de México y en varios estados de la República, incluido Veracruz. A ver qué sigue de ese movimiento que no pudo frenar el proceso legislativo, pero sí suspender las clases afectando al alumnado, tomar oficinas públicas, bloquear carreteras y causar afectaciones a terceros, al libre tránsito y al comercio.