Asuntos Públicos: DE LA REFORMA A LA IMPLANTACIÓN

Cerrado el proceso legislativo de la controvertida Reforma Educativa, con la promulgación y publicación de sus tres leyes secundarias, hecha ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, sigue su aplicación normativa y su implantación en el orden administrativo, que no se ve tampoco exento de dificultades.

En primer término se tendrá que resolver la resistencia y protesta en la Ciudad de México y varios estados de la República que aún mantienen los grupos magisteriales disidentes, la CNTE y sindicatos independientes, así como los afiliados del SNTE, el mayoritario, que aunque su dirigencia no participa de la inconformidad, se les han salido a estos de control y los han rebasado.

No ha conseguido el gobierno convencer a los inconformes –unos por desinformación y los líderes por la pérdida de privilegios en el reparto de plazas y de los comisionados sindicales– de que la reforma educativa, en ninguna de sus leyes afecta los derechos laborales del personal del sector y que nadie será despedido; está muy claro en el texto legal. Lo que no está en discusión a partir de la vigencia de la reforma es la obligatoriedad de someterse a evaluaciones de competencia y desempeño y, que en lo sucesivo, las plazas se adjudicarán por concurso de oposición, y para los de nuevo ingreso, su permanencia y promoción dependerá ya no de la recomendación sindical o la palanca de funcionarios, sino condicionada a los resultados de evaluaciones.

Tampoco ha ganado la batalla para desvanecer el mito de que la reforma es privatizadora y que en cambio busca elevar la calidad de la educación básica y media superior que imparte el Estado.

La politización de la reforma educativa y la incapacidad de los negociadores del Estado ha creado un vacío de autoridad, el cuestionamiento de la legitimidad de la ley y de su proceso de creación así como afectaciones a terceros, alumnos sin clases y personas perjudicadas en marchas, plantones y bloqueos, que debe ser ya superado a fin de restablecer la normalidad en el servicio y del orden social. Ese es el primer tema de la agenda de implantación que sigue a la conclusión del proceso legal de la reforma. A ver cuánto les toma lograrlo y si persisten en prolongar indefinidamente un diálogo infructuoso y la pasividad extrema.

LA RUTA NACIONAL Y LOCAL

Ayer, el presidente Peña en la ceremonia de promulgación de la Ley General de Educación, la ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y la Ley General del Servicio Profesional Docente, enunció algunas de las acciones de se deberán llevar a cabo en la ruta de la implantación de la reforma. Además de las cifras del presupuesto educativo para 2014 y las partidas especiales para escuelas de tiempo completo y mantenimiento de infraestructura educativa, el censo para integrar el sistema de información y gestión educativa –que no se tiene– para registrar estructuras autorizadas, plantillas de personal y sus bases de datos, los lineamientos para la autogestión de las escuelas y para el expendio y distribución de alimentos en las escuelas.

Por su alcance nacional y la descentralización del servicio educativo a los estados, convenida desde 1992 por el cual se transfirieron las plazas y recursos federales, la reforma implica modificaciones sustanciales a la operación del sistema en las entidades federativas. Conforme a los lineamientos previstos en la legislación federal recién aprobada, los estados –obviamente Veracruz incluido– deben ajustar sus leyes educativas dentro de los próximos seis meses. Además, para el ciclo escolar 2014-2015, que inicia en unos meses, se deberá realizar el primer concurso de oposición de nuevo ingreso y definir los mecanismos de evaluación del personal del servicio en el que participarán la SEP, las autoridades locales y el nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Aunque los carriles de la nueva operación educativa están predefinidos, ayer el secretario de educación, Adolfo Mota, en representación del gobernador Javier Duarte, y el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Flavino Ríos Alvarado, convocaron a dirigentes sindicales, maestros, padres de familia, académicos, especialistas y a la sociedad civil, a participar en una mesa de trabajo para armonizar la legislación local con la reforma educativa federal. Dados los espacios acotados, el mayor trabajo de esa mesa será encontrar los huecos de la injerencia estatal.

CENTRALIZAN FONDOS DE EDUCACIÓN

Un cambio administrativo y financiero no menos impactante para las entidades y por supuesto para el Gobierno del Estado es la propuesta del Gobierno Federal para desaparecer el Fondo para la Educación Básica (FAEB), contenida en el paquete económico para 2014.

La reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de financiamiento educativo enviada al Congreso, plantea sustituir el FAEB por un nuevo fondo, el FONE (Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo), que es mucho más que un cambio de nombre. Implica que los gobiernos estatales dejarán de recibir el dinero de la nómina de los trabajadores federalizados, de cuyo pago se encargaría en lo sucesivo el Gobierno Federal. De acuerdo con la iniciativa, las autoridades estatales registrarán la información de su nómina en el sistema de administración de nómina que operará y vigilará la SEP, quien solicitará a la Tesorería de la Federación realizar el pago correspondiente directamente a los maestros, por cuenta y orden de las entidades federativas. Adicionalmente se depositarán a los estados únicamente los recursos para cubrir los gastos de operación, mas no el importe de las nóminas, que es lo más grueso. Igualmente, proponen suprimir la doble negociación salarial con los sindicatos, práctica que ha elevado los costos del financiamiento educativo en perjuicio de los estados.

Para Veracruz, en el actual ejercicio, el FAEB asciende a casi 20 mil millones de pesos. De entrada, la medida de centralizar el pago de la nómina del personal federalizado quita a los estados fondos revolventes utilizados para cubrir sus necesidades inmediatas de liquidez. No por casualidad ese fondo ha sido observado de manera recurrente con anomalías por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en sus recomendaciones obligado a que se reintegre a su destino original. Tendrán que evaluar sus consecuencias.

El gobierno de Peña no parece tener claridad en la salida para la insolvencia de las finanzas estatales, pues los problemas del federalismo y la descentralización pretende resolverlos con más centralismo.