Asuntos Públicos: EL NUEVO FEDERALISMO CENTRALIZADO

En los numerosos frentes abiertos por la estrategia reformista del gobierno de Enrique Peña Nieto de impulsar múltiples asuntos al mismo tiempo –la educativa, energética y ahora fiscal, entre los más visibles de inconformidad-, una de las arenas que se ha mantenido pasiva, no obstante la profundidad de cambios introducidos y otros con propuestas en marcha, es la de la modificación del balance gobierno central o federal y los estados o entidades federativas.

El Federalismo, como principio organizativo del Estado Mexicano, integro a la forma de gobierno prevista en la Constitución de la República, presupone la coexistencia de dos órdenes de autoridad con atribuciones diferentes, teóricamente autónomas aunque vinculadas y en algunos casos concurrentes, un gobierno central de alcance nacional y los gobiernos de las entidades federativas, << soberanas>> en su régimen interior, ambos regulados por la Constitución como ley suprema. El principio que rige la distribución del poder en los órdenes de gobierno es el de la asignación expresa, según el cual las facultades no concedidas expresamente a la federación se entienden reservadas a los estados.

El centralismo predominante en el viejo régimen político, el modelo clásico del presidencialismo priista, que no se desmanteló en la primera alternancia del año 2000, sobretodo en materia financiera, permitió no obstante incrementar la autonomía en los estados de la República, gobiernos en su mayoría por el PRI durante los 12 años de administraciones del PAN.

Sin embargo, el balance viene en retroceso con la restauración de la presidencia del PRI. Pese a que el nuevo presidente de la República antes fue gobernador, una vez en el Poder Ejecutivo se ha erigido por encima de los gobiernos estatales, junto con su gabinete, impulsado en sus reformas una consolidación del poder central. Son muchos los signos de esta estrategia. Tanto de forma como de fondo. En primer término, la exclusión de los gobernadores en el Pacto por México, ignorando su lugar en la estructura del gobierno nacional.

Ese instrumento de concertación de reformas, inicial mente soló incluyó a los dirigentes de partidos políticos y después, obligado por las pugnas intrapardistas -dirigentes y coordinadores legislativos-, se incluyó a legisladores, pero no a los gobernadores. Ellos que se entiendan con el Secretario de Gobernación o con algún subsecretario.

El centralismo legislativo ha sido otra de las manifestaciones. No pocas reformas iniciadas a la Constitución de la República por Peña Nieto y el << pacto >> se han efectuado o están en curso con el objeto de transferir facultades al Congreso federal para expedir leyes que regulen ámbitos de acción de las entidades federativas.

No soló la reforma educativa, que tiene muchas repercusiones de orden político, económico y administrativo en las entidades, la más notable las protestas generadas en los estados. También la reforma en materia de << disciplina financiera de los estados y municipios >>, la cual incremento los controles existentes para la contratación de deuda pública y concede mayor intervención a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión; la que faculta a expedir un Código Procesal Penal Único, otra en materia de Registro Público de la Propiedad, la de Transparencia y Acceso a la Información y a la que pretenden aprobar para crear un órgano electoral único y desaparecer los órganos estatales, entre otros embates antifederalistas.

FEDERALISMO FISCAL

Las más recientes ofensiva centralistas llegó en el paquete económico para 2014. La crisis financiera que padecen las administraciones estatales, dependientes en más del 90% de las transferencias y aportaciones de fondos federales, dando que en el pastel fiscal, la Federación se lleva la mayor tajada, no han encontrado salidas en el gobierno de Peña Nieto. Sin claridad en los análisis de los problemas de las finanzas estatales, la burocracia de Peña Nieto les ha aventado la responsabilidad de que han gastado no sólo con exceso sino también con irregularidades, así que han decidido ejercer el gasto por los gobiernos estatales, además de calificarlos de poco eficientes recaudadores de ingresos propios, aunque sea estrecho el margen que tienen de tributación.

Este año, como es sabido de disminución de la actividad económica, recesión que no se quiere reconocer, y por tanto de baja en la recaudación fiscal, los estados igualmente redujeron sus participaciones y aportaciones significativamente.

Los siguientes podrían no ser mejores. Vienen cambios en las fórmulas de integración de los fondos de participaciones en las que someterán a los estados a nuevas variables condicionadas a incrementos en recaudación fiscalizados, aunque dicen que ningún estado recibirá una cantidad nominal inferior a la de 2013, que como se sabe es baja. Lo poco que consiguen los gobiernos estatales es la devolución del Impuesto Sobre la Renta causado por los empleados estatales y municipales, pero dicho monto no se contabilizará para fines del reparto de participaciones. Como gancho colocan la posibilidad de tener más ingresos, para municipios, siempre y cuando incremente la recaudación del impuesto predial y prevén convenios para que los estados hagan por aquellos el cobro.

Pero es el manejo del Fondo para la Educación y la Salud donde de plano la Federación pretende manejar las fichas. Para 2015, quiere administrar centralmente el pago de la nómina del personal del sector educativo transferido por el convenio de descentralización educativa suscrito en 1992. El año entrante conciliarán los estados y la Secretaría de Educación Pública las plazas y los aumentos concedidos desde el 92 a la fecha y al siguiente pagarán sólo las plazas validadas, obviamente por la Federación, desde su tesorería directamente al personal. Ellos sí saben cómo manejar las plazas y el dinero.

En materia de Salud plantean que a partir del próximo año las transferencias federales al fondo de Salud puedan hacerla << en numerario o en especie >>, el secretario de Hacienda Videgaray ya anunció que ellos harán las compras nacionales a gran escala centralizadas, que les representarán grandes ahorros y a los estados les estregarán las medicinas y los insumos médicos. Ellos sí saben comprar.

SIN CHISTAR

Mientras en otros espacios los afectados por las reformas del Gobierno Federal se han movilizado, como la disidencia contra la reforma educativa o los opuestos a la reforma energética, e incluso las voces partidistas y de organizaciones empresariales cuestionan aspectos del gran almacén fiscal o súper miscelánea, no se escuchan las opiniones de gobernadores y legisladores locales, ni de representantes de las entidades federativas en el Congreso de la Unión. La presidencia priista restaurada parece tener los instrumentos de control político para mantenerlos alineados bajo el poder central, incluso a los provenientes de partidos de oposición, que son los menos. La Confederación Nacional de Gobernadores, la Canago, no es ningún contrapeso. El nuevo federalismo es centralista, ni duda cabe.