Asuntos Públicos: NUEVO PATRÓN DE DESASTRES

Es sabido que Veracruz, a lo largo de su historia, ha vivido con huracanes, ciclones y tormentas, inundaciones y daños en vivienda, cultivos y explotaciones agropecuarias.

Su ubicación geográfica, la extensión de sus costas en el Golfo de México y su diversa hidrografía condicionan su vulnerabilidad a los recurrentes fenómenos naturales asociados a los excesos de lluvia y al frecuente desbordamiento de ríos y lagunas

No poco se ha hecho para defender a la población, con la construcción de presas y bordos para contener y administrar el almacenaje de agua y la creación institucional de mecanismos y procedimientos para la Protección Civil, destinados a prevención, alerta, rescate y apoyo a los afectados, así como las tareas de reconstrucción una vez pasado el meteoro.

Sin embargo, pese a toda la historia de desastres naturales generados por las condiciones climatológicas, incluidos los más devastadores como Karl y Mathew en 2010 y los archivos de la Protección Civil del Estado, sus atlas de riesgos, los más recientes huracanes y tormentas, Fernand e Ingrid, son indicadores de que algo más se tiene que hacer para mejorar la prevención de los daños y sobre todo en la protección de la vida de las personas.

Aunque en otros eventos tampoco hubo saldo blanco -los que azotaron en 2010 dejaron 12 muertos y cerca de un millón de afectados-, en el nuevo ciclo, las funciones tienden a incrementarse y en menos de un mes se registran 35 decesos a causa de los excesos de lluvia. Los últimos casos documentados en los medios de comunicación siguen un patrón similar, el desgajamiento de cerros y el alud de tierra que cae sobre viviendas y sus habitantes.

De ese modo perecieron el 26 de agosto 9 personas en la comunidad de Roca de Oro en Yecuatla, 13 más el pasado 10 de septiembre de la comunidad de Tecoa en Coscomatepec y otros 13 (además de 7 lesionados) ayer en la comunidad de Xaltepec en Altotonga. La presencia del mismo patrón mortal llama la atención de nuevo sobre el conocido problema de la existencia de gran cantidad de personas en el estado que han edificado sus viviendas en zonas de alto riesgo, pero también sobre el incremento de su vulnerabilidad. Algunos se aventuran a suponer que se trata de efectos de la deforestación que ha deteriorado las protecciones naturales que antes impidieron los deslaves que ahora ocurren (en las lluvias del fin de semana cuentan oficialmente 76 deslaves). Aparte del diagnóstico que hagan las autoridades de protección civil de la mayor vulnerabilidad registrada, es urgente que se tomen otras medidas de prevención más eficaces, entre ellas, el reacomodo de aquellos que aún habitan en las zonas más expuestas a los deslaves e inundaciones. La nueva legislación de protección civil y reducción de riesgo de desastres para el estado dispone la obligación a constructores de obtener previamente un dictamen y la negativa de autorización de nuevos asentamientos humanos en las zonas catalogadas de riesgo. Está bien esa prevención a futuro, pero el problema hoy son no tanto los que vayan a construir, sino los que ya están asentados en esas zonas de riesgo, que, como se sabe, en su mayoría son población de bajos recursos, quienes construyeron no en el sitio óptimo, sino donde pudieron hacerlo. Vistas las tragedias de los sepultados por los deslaves la reubicación de viviendas en riesgo se coloca como prioridad en la protección civil.

DESALOJOS CON FUERZA PÚBLICA

Ahora que mediante el uso de la fuerza pública fueron desalojados en la víspera de la conmemoración del Grito de Independencia los grupos que protestaban contra la reforma educativa en el Zócalo de la Ciudad de México y las plazas de las ciudades de los estados, se mete al debate mediático la cuestión de si hubo o no excesos en la dispersión de la protesta y si se cumplieron con los protocolos de derechos humanos en las acciones policiacas.

A lo largo del movimiento magisterial, especialmente en las últimas dos semanas, se polarizó en la opinión pública el tema de la contradicción de derechos entre los manifestantes y los terceros afectados por las marchas y bloqueos, así como la crítica hacia la pasividad de las autoridades, tolerancia que algunos señalaron como signo de debilidad.

Vencido el plazo concedido al diálogo, sólo una fracción de los inconformes se negó al desalojo voluntario de las plazas públicas y la obstrucción de las vías de comunicación. La aplicación de la fuerza para despejar la vía pública se hizo inevitable. Otra cuestión es la forma en que se aplicó.

La fuerza pública es uno de los instrumentos del Estado para garantizar el orden y la legalidad, recurso extremo, antes deben agotarse otras vías de disuasión y aun cuando se dispone su uso, en un estado democrático de derecho debe sujetarse a reglas a fin de no incurrir en brutalidad.

Entre los principios que deben observarse se enumeran el de legalidad, racionalidad, necesidad, y proporcionalidad, además de las restricciones y condiciones al uso de armas y los tipos permitidos.

Todo tipo de fuerza conlleva riesgos, sobretodo si los cuerpos policiacos no están capacitados para disolver una protesta que ha rebasado los límites de la legalidad.

Desencadenado el operativo policial no es fácil que éstos se autocontrolen, se limiten a ladrar y no muerdan.

Entre los casos recordados en México está el caso Atenco, en 2006, dictaminado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como excesivo y violatorio de derechos humanos.

No se comparan los desalojos del fin de semana con el caso Atenco, pero habrá que atender e investigar las quejas de los que padecieron los excesos allá en la capital y en Xalapa en la Plaza Lerdo.