Asuntos Públicos: DENUNCIAN ABUSO DE AUTORIDAD EN EL PODER JUDICIAL

La justicia sosa y abusiva hace de las suyas en el Poder Judicial, aunque no sin resistencia, y el asunto podría tener repercusiones penales y políticas.
Y es que el conflicto generado al crearse la nueva institución de justicia alternativa sin que se hubieran nombrado a los nuevos consejeros integrantes de su Centro Estatal ha abierto otro frente, ahora en el ámbito penal sobre abuso de autoridad.
El pasado viernes, la coordinadora del centro en transición, Estela García Carvajal, quien ocupaba el cargo desde 2006 y fue destituida el 30 de agosto, presentó una denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra del Consejo de la Judicatura que preside el magistrado Alberto Sosa Hernández.
El asunto va más allá de un simple despido en materia laboral, y aunque involucra de manera personal a la quejosa y a su estabilidad en el empleo, de lo que se trata es de la legalidad o no de los actos del Consejo de la Judicatura, y en su caso, si sus miembros, incluido el magistrado presidente, que también lo es del Tribunal Superior de Justicia, incurrieron en la comisión de delitos contra la función pública.
El antecedente del caso es la aprobación que hizo en mayo pasado el Congreso local –a iniciativa del gobernador– de una nueva Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos. Dicha ley creó el Centro Estatal de Justicia Alternativa, un organismo público descentralizado, integrado por tres consejeros que nombrará el Congreso local a propuesta del gobernador; y aunque adscrito al Poder Judicial, sólo lo es para efectos presupuestarios, ya que se excluyó a este poder y al Consejo de la Judicatura expresamente de toda injerencia operativa.
En los artículos transitorios de esa ley se indica que al inicio de su vigencia todos los recursos con que el previo organismo venía laborando «se transferirán en su totalidad al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, con pleno respeto a los derechos de sus trabajadores». Igualmente se dispone que «En tanto se nombra a los integrantes del Centro Estatal, la estructura orgánica del centro estatal seguirá operando y asumirá las atribuciones que la presente ley les otorga».

ASALTO PERPETRADO
La exclusión del Poder Judicial del Centro de Justicia Alternativa provocó molestias en la jefatura de ese poder e intentaron desmantelarlo antes de que lo tomara el Poder Ejecutivo.
Aprovechando la demora del nombramiento de los nuevos consejeros del Centro Estatal, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, encabezado por Alberto Sosa, buscó colocar una cabeza de playa y reasignar recursos en contravención del decreto legal. El pasado 30 de agosto notificaron el cese a la coordinadora del centro en transición, en una repentina «pérdida de confianza» y por haber incurrido en desacato, su negativa a entregarles unos vehículos que querían reasignar y que no los encontraran los funcionarios que llegarían. Como la coordinadora del centro se negó a recibir la notificación invocando la nueva legislación en vigor, que excluye al Consejo de la Judicatura, acto relatado en su denuncia con desplantes de violencia verbal de una actuaria, Lorena Hernández, prima del consejero Javier Hernández, recurrieron a la fuerza. El pasado 4 de septiembre, reseña la denuncia, el personal de seguridad del Poder Judicial se hizo cargo de la situación. Impidió el acceso a la abogada Estela García a su oficina, a la que le colocaron sellos, sin permitirle tampoco sacar sus objetos personales y además inmovilizaron los vehículos de la rapiña. El siguiente exceso se registró el 17 de septiembre, el Consejo de la Judicatura, sin tener ya facultades para ello, nombró como nueva encargada del Centro Estatal de Justicia Alternativa a Michelle Archer Álvarez.

EN LA PROCURADURÍA DEL ESTADO
Los actos del Consejo de la Judicatura que obran documentalmente en la denuncia –como el acuerdo de cese de la coordinadora, la obstrucción de acceso a su oficina pública y el nombramiento de encargada– se presume serían constitutivos del delito de abuso de autoridad. Este tipo delictivo previsto de manera genérica en el artículo 317 del Código Penal para el Estado se configura para aquel «servidor público que ilegalmente ordene o ejecute un acto o inicie un procedimiento, en beneficio propio o ajeno o en perjuicio de alguien».
Aunque los magistrados como Sosa y otros miembros del Consejo de la Judicatura gozan de fuero constitucional, y su enjuiciamiento requiere una declaración de procedencia del Congreso del Estado, esta protección no impide que la Procuraduría del Estado integre la averiguación previa a partir de la denuncia. Precisamente, si hubiera elementos de su responsabilidad, corresponde al Ministerio Público promover esa declaración de procedencia o desafuero ante el Congreso local. Habrá que seguir el curso de la denuncia y verificar que no intervengan factores políticos que favorezcan la impunidad.
El azar ha puesto en la Procuraduría del Estado la cabeza de Sosa. No hace mucho en el Poder Judicial sacudieron al procurador Amadeo Flores Espinosa y a punto estuvieron de hacerlo salir con el revés a la sentencia condenatoria a El Silva, el asesino confeso de la periodista Regina Martínez; El Edelazo, temeraria resolución en la que el magistrado Sosa se hizo el ausente. De entonces se cita al magistrado Sosa tirando entrelíneas a los dos de la sala que aprobaron la liberación. «A mí no me han hablado, resuelva a su leal saber y entender». No vaya a ser que le den allá el trato que se merece.