Asuntos Públicos: ¿REGRESO A CLASES?

Debido a la protesta de un sector del magisterio en contra de la reforma educativa y sus leyes secundarias, más de tres semanas lleva parado el sistema de educación pública de escuelas primarias y de enseñanza media en Veracruz –en otros estados un poco más– y aún no hay fecha cierta para que se restablezcan las clases.
Aunque desde el pasado jueves el grupo de diputados locales y de autoridades educativas del estado que dialogó con una representación de los inconformes informó haber llegado a acuerdos con ellos para normalizar el servicio, al día siguiente, esos interlocutores fueron desacreditados. El viernes los manifestantes volvieron a tomar las calles y en el fin de semana anunciaron la continuación de las protestas, es decir, su negativa a regresar a laborar, por lo que se duda que hoy se supere el problema.
El Gobierno del Estado –que no originó el conflicto, pues la reforma educativa y sus leyes derivadas son del orden federal– ha ofrecido a través de sus negociadores y del Congreso local algunas vías para encauzar una salida en el marco de sus acotadas atribuciones–, pero no parecen ser suficientes. Junto con la apertura de mesas de diálogo para la «armonización» de la legislación local con la aprobada reforma educativa, en la que se garantizó que no habría afectaciones a derechos laborales del magisterio, concedió a los paristas prácticamente el borrón y la cuenta nueva. La minuta firmada con los representantes del auto llamado Movimiento Magisterial Popular Veracruzano y los posteriores comunicados de las autoridades educativas constatan la renuncia a sus derechos como patrón, a fin de terminar con la suspensión ilegal de labores. En ánimo conciliador –por encima de sus obligaciones legales– se comprometió a no aplicar sanciones a los maestros faltistas y a no ejercer ninguna represión de carácter laboral, administrativa o física a los participantes en las protestas. Además de que hasta donde se sabe les han seguido pagando los sueldos al magisterio y hasta se anunció que en breve les cubrirían su bono sexenal y el aumento salarial retroactivo, pero a los más radicales no parece bastarles el perdón de sanciones.

MOVIMIENTO FUERA DE CONTROL
La conducción del movimiento magisterial de protesta es más complicada, tiene tantas cabezas como hiedra y más intereses políticos y sindicales que del orden del derecho laboral.
Los liderazgos formales del magisterio se han visto rebasados. El SNTE paga su pasividad y aquí sus dirigencias locales, en sus dos secciones, la 32 y la 56, han sido abucheadas y sus respectivas sedes ocupadas desde la semana pasada por los inconformes. En la agitación han surgido muchas cabezas y además de la presencia inicial de dos sindicatos minoritarios –el de la Normal y de Enseñanza Media– se ha visto ya la infiltración de activistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –se hacen llamar brigadistas–, la facción más radical y vanguardia de la disidencia, que mantiene una lucha intransigente en el Distrito Federal. Este grupo, dividido ya, renueva sus liderazgos, desconociendo a los que habían pactado en la Secretaría de Gobernación su retorno a Oaxaca, una de sus trincheras, y el regreso a clases. Ayer anunciaron en el DF acciones de «contrainsurgencia» y que mantendrán el paro indefinido hasta que les complazcan con sus demandas, imposibles de satisfacer.
La derogación de la reforma educativa y que no se aplique la evaluación al personal para ingreso, permanencia y promoción, ni se concursen las plazas docentes y administrativas y el sindicato mantenga su cuota de participación y tráfico son exigencias imposibles de cumplir. No por voluntad de una minoría se echará abajo una legislación. Como ya se ha expuesto muchas veces, no hay en la reforma educativa afectación de derechos laborales, es un falso problema creado por algunas dirigencias sindicales y propalado para desinformar y ganar adeptos en el descontento.

CONTRA LOS DERECHOS DE LOS EDUCANDOS
No falta razón al secretario de Educación, Emilio Chuayfett, al señalar en su comparecencia ante diputados federales el pasado miércoles la ausencia o presencia mínima de voces a favor del derecho de los alumnos a recibir educación, violado en el prolongado paro magisterial. Después de explicar por enésima vez que la reforma no es violatoria de derechos laborales argumentando que el ingreso no es un derecho, sino una expectativa, y que la permanencia, el reconocimiento y la promoción que sí lo son están reconocidos por las leyes secundarias.
Por otro lado, el funcionario federal, tras sostener que no habría marcha atrás en la reforma, les echó la bola a los gobiernos estatales en el cumplimiento de las nuevas leyes, particularmente en la aplicación de sanciones a los maestros faltistas.

SANCIONES PREVISTAS
La nueva Ley General del Servicio Profesional Docente que entró en vigor el pasado 12 de septiembre contempla entre las obligaciones del personal «prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentren adscritos» (artículo 68, fracción III), además dispone que «Los servidores públicos de las autoridades educativas y los organismos descentralizados que incumplan lo previsto en esta ley estarán sujetos a las responsabilidades que procedan» (artículo 70), también que «el incumplimiento de obligaciones dará lugar a la terminación de los efectos del nombramiento, sin responsabilidad patronal» (74), y el más directo para la situación: «Con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del sistema educativo nacional (...) que incumpla con la asistencia en sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales, sin causa justificada, será separado del servicio sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado» (artículo 76).
Hasta ahora la única entidad que ha aplicado sanciones es el Distrito Federal. El pasado jueves se informó que la Secretaría de Educación Pública del DF aplicó descuentos al salario por inasistencias –del 21 de agosto al 19 de septiembre– a 46 mil 681 plazas del servicio educativo que ocupan 32 mil trabajadores, equivalente a 19.6 millones de pesos.
En Veracruz, las autoridades educativas les han ofrecido a los maestros paristas no aplicarles descuentos –incluso expuestos a responsabilidad por dejar de aplicar la ley– y ni así parecen dispuestos a regresar a trabajar, como cualquiera que cobra por sus servicios. Si no se reanudan las clases hoy, como todo apunta, aumentando el riesgo de que se pierda el ciclo escolar, tendrán que encontrar otras fórmulas menos complacientes.