Asuntos Públicos: INTERCAMBIOS DE REFORMAS

El paquete reformista del gobierno del priista Enrique Peña Nieto que ha generado múltiples frentes de resistencia parece estar encontrando las alianzas partidistas y legislativas –aunque alternadas– para darle salida a dos de sus prioritarias, la Hacendaria y la Energética, a cambio de conceder una reforma político-electoral demandada por sus dos socios de ocasión.

La distribución de fuerzas en el Congreso, favorable al partido del presidente, el PRI, en ambas cámaras, requiere no obstante de alianzas con los principales partidos de oposición, el PAN o el PRD, para la obtención de las mayorías decisorias, especialmente cuando se plantea una reforma constitucional o alcanzar los consensos más amplios posibles. Haber metido en el mismo saco del Pacto por México a la derecha y a la izquierda en vez de elegir un solo aliado con un programa más afín al propio ha condicionado al gobierno y su partido a la formación de coaliciones temáticas, como las que ahora comienzan a percibirse. Por ello, no extrañaría que el PRI, carente de autonomía y movido como pieza del juego del presidente, alternara sus aliados en las principales reformas en puerta; es decir, que aprobara con el PRD la reforma hacendaria, rechazada por el PAN, y que sacara adelante con éste la reforma energética, objetada por el PRD, pero a cambio, apoyara la propuesta compartida por el PAN y el PRD en materia política electoral.

SOCIOS ALTERNADOS
La reforma Hacendaria, como se sabe, enfrenta la inconformidad del PAN y de los grupos empresariales y difícilmente encontrará su respaldo en el retiro de los esquemas de consolidación o en incremento de la tasa del ISR a 32% a los ingresos mayores de 500 mil pesos anuales, la aplicación de 10% a reparto de dividendos y utilidad en la venta de acciones, como tampoco en el déficit fiscal propuesto para el Presupuesto de Egresos. Sin embargo, el PRI, en la Cámara de Diputados, comenzó a ajustar la iniciativa del presidente junto con el PRD, a quien ya llevaba de su lado con las propuestas de crear la pensión universal para mayores de 65 años y el seguro del desempleo, así como en no tocar al sector de los informales –los que no pagan impuestos–, y en no aplicar el IVA en alimentos y medicinas. Ayer trascendieron nuevos acuerdos entre el PRI y el PRD en materia fiscal al margen del PAN. Para desactivar la bandera del PAN y los empresarios, erigidos en falsos defensores de la clase media y del patrimonio de los mexicanos, se sabe que será corregida la iniciativa de impuestos, y en principio se retirará la pretensión de gravar con el IVA a las colegiaturas, la renta de las viviendas y las hipotecas. También se moverán los montos para gravar con IVA la compra venta de inmuebles, y si ya estaban fuera las viviendas de interés social, como sostuvo el Secretario de Hacienda, al parecer sólo se afectarán a las que importen más de 3.5 millones de pesos. Igualmente se considera un periodo de transición de hasta dos años para homologar el IVA fronterizo. Con esas enmiendas –más otras de detalle que pudieran darse–, con todo y la oposición del PAN, PRI y PRD intentan tener listo el dictamen la próxima semana y su aprobación antes de la fecha límite del 20 de octubre.

La reforma energética, en cambio, rechazada por el PRD, alinea en intereses al PAN, cuya propuesta coincidente con la del PRI en la apertura al capital privado en Pemex y en la terminación del monopolio del estado en electricidad es incluso más privatizadora, ya que incluye más allá de los contratos de riesgo, el otorgamiento de concesiones.

MONEDA DE CAMBIO
Planteada desde el documento inicial de los compromisos del Pacto por México, uno entre tantos, la reforma político-electoral, de evidente factura de los representantes de los grandes partidos derrotados en la pasada elección de 2012, PAN y PRD, fue subiendo por presión de ellos en los turnos de la agenda y ya está en la orden del día.

Bajo la discutible premisa de que un órgano centralizado garantizaría una mayor equidad e imparcialidad en la competencia, ambos partidos de oposición plantean desaparecer los órganos estatales electorales y sus tribunales del ramo, supuestamente controlados por los gobernadores, y crear un Instituto Nacional de Elecciones que fusionaría al actual Instituto Federal Electoral (IFE), y además unificar la legislación electoral. Por otro lado, pretenden, «para garantizar la gobernabilidad» y la «profesionalización» de las funciones, retomar figuras rechazadas en previas reformas, como la reelección de legisladores y ediles, el gobierno de coalición y la segunda vuelta electoral.

Ajena al PRI esa agenda y controvertida por las complejidades del sobre dimensionamiento del órgano electoral centralizado y la vulneración del federalismo a los estados, sin embargo, todo indica que ya se pactó. Omiso en su propia iniciativa de reforma, el PRI ya dio señales de estar dispuesto a discutir en el Congreso de la Unión las presentadas por separado pero coincidentes por el PAN y el PRD.

Imprevisible en sus consecuencias y más aún en su funcionamiento, el PRI, es un decir, la Presidencia de la República, a cambio de las alianzas alternas con el PAN y el PRD, parece hoy dispuesta a ceder en el terreno electoral.

Por lo pronto, los presidentes de los institutos electorales de los estados se ven ablandados. La dura protesta de días pasados contra el «monstruo electoral» bajó de tono. Su carta abierta de hace un par de días –la que por supuesto firmó también Carolina Viveros del IEV–, se va por la suave pidiendo a los legisladores y al Pacto por México en su deliberación tomen en cuenta la diversidad de opiniones y las «fortalezas y aportes que han hecho las instituciones locales del sistema electoral». Se ve que ya los doblaron. A diferencia de otras reformas, como la educativa o la energética, por la electoral nadie tomará la calle. Aunque sí, los consejeros y magistrados locales se irían no a la calle, pero sí a su casita.