Asuntos Públicos: NUEVO EDIFICIO JUDICIAL: MANCHAS DE ORIGEN

De apariencia exterior limpia, con el glamour de lujo y lo recién construido, grandes espacios y decorados, el nuevo edificio de 9 pisos sobre la avenida Lázaro Cárdenas en Xalapa que a partir de hoy alojará las oficina del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, no consigue ocultar las manchas y presunciones de corrupción que lo siguen desde su inicio. Son sus cimientos.

Inevitable el estreno del edificio remite a sus vicios de origen: la manipulada asignación del contrato de construcción efectuada enero del 2012 por el Consejo de la Judicatura que preside el magistrado Alberto Sosa, a una empresa, Constructora Xallapan, que no sólo incumplía con los requisitos de experiencia requeridos, sino que además fue la que presentó el presupuesto más caro de todos. Pero como se supo, detrás del contratista Hugo Alberto Aguilera, presunto prestanombres, estaba su cuñado, el diputado local hoy con licencia, Carlos Acebes Amezcua, cercano colaborador de Rosa Borunda de Herrera en el DIF estatal en la pasada administración.

El asunto, ventilado públicamente en su momento, reveló el amañamiento del concurso, que incluso dividió al mismo Consejo de la Judicatura, ya que el fallo original firmado proponía declarar desierta la licitación por exceso de costo; pero el magistrado Sosa literalmente lo rompió, para sustituirlo por otro a modo, sin el aval del magistrado Fernando Charleston y del Consejero José Luis Salas Torres.

El objetivo corrupto se cumplió; descalificaron caprichosamente a las otra empresas con experiencia acreditada, cuyas propuestas eran inferiores en poco más de 20 millones de pesos y resolvieron, a instancia de Sosa, adjudicar el contrato al precio más caro, 181.9 millones de pesos a la Constructora Xallapan, dedicada a obras de drenaje y tratamiento de aguas no obstante la violación abierta a las bases del concurso.

CUANTIOSO BOTÍN JUDICIAL

El inflado precio del contrato de la gestión de Sosa, además, era muy superior a los que habían desarrollado sus antecesores en la Presidencia del Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura. En efecto, el consejo que presidió el magistrado Reynaldo Madruga Picazo (2007-2010) elaboró anteproyectos de ingeniería y arquitectura para su edificación de nueve pisos en el mismo sitio donde se construyó, anexo al que hoy han desalojado, a un costo mucho más bajo de 120 millones de pesos. Al respecto, un consultor de obras ligado a la anterior Judicatura, que participó en los cálculos, sostuvo que a valor presente, al momento de la adjudicación, el monto del proyecto no debía rebasar los 130 millones de pesos.

El sobreprecio en el proyecto, combinando con la burda manipulación de la adjudicación del contrato a la empresa de cotización más cara y sin experiencia les habría dejado un diferencial repartible de entre 50 y 60 millones de pesos.

La historia no ha terminado. El ejercicio de los recursos del Poder Judicial por el año 2012, en que el Sosa y Xallapan se robaron las bases (de la licitación) y se hicieron de cuantioso botín, aún no han sido fiscalizados, pero están en revisión. NO sorprendería que la Auditoría del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) detectará y observara ese negocio, que evidentemente caso un daño patrimonial al Poder Judicial. Manchado desde el origen y fácil de advertir, tampoco sería raro que no le hubieran hincado el diente durante la ejecución, que hubiera escala de precios sobre lo originalmente pactado y hasta la subcontratación de la obra, sabiendo que los edificios no eran lo suyo.

Habrá que ver el informe del resultado de las encuestas pública del 2012, que aún que se entregará en el mes de diciembre, los pliegos de observación soportados antes, por procedimiento, podrían poner contra la pared las ambiciones reeleccionistas del magistrado Sosa, cuyo periodo de mareo en el ladrillo está por acabar.

MINI PLENO O PLENO

por cierto que para la nueva elección de Presidente del Tribunal Superior de Justicia que se llevará a cabo en la primera semana de diciembre, se presentan dos escenarios de votación. Uno de pleno abierto, si en el mes de noviembre, en que se instala la nueva Legislatura, se aprueba por segundo período consecutivo la reforma constitucional del Poder Judicial, podría votar los 30 magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Pero si en ese mes no le da prioridad a la reforma, entonces, únicamente votarían los 8 presidentes de las salas.

Ya veremos cuál será el criterio y los escenarios de resultados en cada uno de ellos.