Asuntos Públicos: COSTOS DEL REFORMISMO

No han salido bien parados los gobiernos ante la sociedad y la opinión pública en el manejo del conflicto magisterial desbordado en el último mes y medio, y bien puede decirse que su saldo ha sido negativo, aumentando la percepción de ingobernabilidad o incapacidad de mantener el estado de derecho.

La escalada de acciones radicales en la capital del país y en los estados por parte de los grupos inconformes con la reforma educativa, conocidas y padecidas, plantones y marchas, cierres de escuelas y suspensión de labores, y en Veracruz extendidas a la toma de carreteras, bloqueos al acceso al Puerto de Veracruz, a centros comerciales y hasta de presas de suministro de agua, como la Yuribia en el Sur de la entidad, colocaron al estado en la disyuntiva de la aplicación de la ley o la permisividad y optaron por esta última, excepción hecha del desalojo de las plazas para la celebración del Grito y el Desfile de las fiestas patrias.

La elección desde el gobierno del tratamiento del conflicto, aunque de eventual solución por esa vía, si acaso temporal, pues nada garantiza la reincidencia, deja sin embargo un costo en la evaluación pública de su desempeño, sobre todo desde la óptica de los afectados en sus derechos por la extrema tolerancia en incumplimiento de las obligaciones mínimas de gobierno.

Si existe un orden jurídico y el Estado y sus funcionarios son los responsables de asegurar su vigencia, nada justifica la tolerancia de la desobediencia y menos si se afectan los derechos de terceros. Es cierto que nadie desea que se use la represión, salvo que sea necesaria para la preservación del orden y se aplique conforme a la ley, sin abusos.

El movimiento magisterial, aparentemente en picada, pero que podría resurgir en algunos brotes, deja un precedente preocupante de ingobernabilidad revelador del deterioro de la autoridad. Es claro que los actos del estado –manifestados en la reforma educativa, convertida en ley y por tanto de obligado cumplimiento– carecen de un reconocimiento de legitimación por parte de los manifestantes, y si a ello se le agregan las omisiones del Estado para hacerla cumplir y además para evitar se den otras violaciones legales, aparece la ineficacia; es decir, tanto falta de legitimidad como ineficacia, consideradas las principales variables de la gobernabilidad, se han hecho presentes en el manejo del conflicto magisterial.

TRASLADO DE LA INGOBERNABILIDAD
No es un secreto que el origen de la situación que disparó las protestas, al igual que las directrices para su atención, se han dictado en el gobierno central. Se pagan aquí los costos de la estrategia de reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto y de las dificultades para impulsarlas simultáneamente, sin tener los amarres suficientes o la capacidad de contención de los grupos afectados y de previsible protesta.

La reforma educativa, de autoría federal, orientada a cambiar la administración laboral y la asignación de plazas, generó un desequilibrio en el control sindical, abriendo cauces para la emergencia de nuevos liderazgos y la disputa del mando a los instituidos; maniataron al mayoritario, el SNTE –con el encarcelamiento de su dirigente, Elba Esther Gordillo y el amago a la estructura oficial–, pero se les desbordó la disidencia, y frente a ella, se han visto incapaces de contenerla. Un error de negociación ha sido no el mecanismo de diálogo con la disidencia, respetable principio de un gobierno democrático, sino en permitir que el movimiento afectara a terceros; quizá en su cálculo esperaban que las molestias de manifestaciones crearan un rechazo a la causa magisterial, lo que se ha conseguido, pero en la demora de actuación de la autoridad, igualmente se ha logrado un juicio negativo a la pasividad del Estado.

La mala lección que deja es también que para ser atendido por el estado hace falta reunir un grupo, así sea pequeño, pero decidido y radical, y mediante bloqueos a las vías de comunicación y los servicios públicos acceder a un lugar en el espacio de poder.

Los problemas de inseguridad, característicos del gobierno de Felipe Calderón, en los que se hablaba de un Estado Fallido, incapaz de detentar el monopolio de la violencia legítima y con zonas del territorio en poder de la delincuencia, aunque no han cesado, véase por ejemplo Michoacán, sin embargo, pasaron a un segundo plano con la irrupción de la protesta magisterial. La mala batalla de la comunicación social del gobierno federal –apenas está explicando de que se trata de la reforma educativa–, hizo posible que la desinformación y la mezcla de intereses gremiales tomara la calle, y de rehén a la población civil, para desafiar al estado.

Si hoy no tenemos un estado fallido, se ve la agudización de la crisis de gobernabilidad.

La economía no crece y sí en cambio la pauperización de la población.

Y eso que la educativa es apenas la primera reforma que sale completa. Ya estamos viendo en acción a los otros poderes fácticos en la reforma hacendaria y más se verá en la reforma energética. El regreso del PRI al poder se está pareciendo a un regreso sin gloria.