Asuntos Públicos: EL TÚNEL SUMERGIDO, OTRA VEZ PARADO

Bastante ruido armó el secretario de Infraestructura y Obras Pública del estado, Gerardo Buganza, al atraer la atención sobre la nueva parálisis –otra más– de la construcción interminable del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.

Asomado en la toma de posesión de Marcelo Montiel como delegado federal en el estado de la Secretaría de Desarrollo Social, Buganza declaró que su dependencia analiza la posibilidad de rescindir el contrato (es decir, la concesión) a la empresa concesionaria del túnel de Coatzacoalcos (Cotuco) que agrupa varias empresas, debido al incumplimiento de terminación, no obstante que el Gobierno del Estado sí aportó su parte de los recursos que le correspondían. Según Buganza, a la obra le faltan «unos pocos metros» (no precisó el faltante de obra), pero sostuvo que la concesionaria manifiesta no tener dinero para continuar. «Simplemente no tienen, estamos en negociación, haciendo que ellos cumplan y de no hacerlo tendrán que salir de la concesión (sic) y ser sustituidos», aseguró Buganza, quien en los últimos días se ha presentado como el verdugo de las constructoras incumplidas.

En el revuelo causado, ayer algunos portales noticiosos de internet registraron la supuesta comunicación de Buganza confirmando la cancelación de la concesión, pero unas horas después fueron retiradas, aunque otras con ironía cabecearon que se les había cancelado sólo por una hora, el tiempo que tomó al gobierno entrar a corregir la presunta nueva declaración de Buganza.

Conocidas las innumerables irregularidades que han acompañado a la obra en sus distintas etapas –desde las presunciones de la licitación arreglada, dirigida por altos funcionarios de Banobras, entre ellos Tomás Ruiz, el ex titular de la Sefiplan, en el gobierno de Vicente Fox, hasta las numerosas prórrogas del plazo de ejecución, como las omisiones de supervisión y la falta de transparencia de los cuantiosos recursos públicos invertidos, sin que se concluya–, lo menos que se necesitaba, si no se va a cancelar la concesión, era llamar la atención sobre otro atorón en la terminación de la obra.

LARGA HISTORIA

El Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, una compleja obra de infraestructura planeada para reemplazar la obsolescencia del puente Coatzacoalcos I y facilitar la movilidad vehicular en la zona sur del país, conectará a Coatzacoalcos con la comunidad de Allende, por debajo del río, a lo largo de poco más de 3 mil metros y 4 carriles. Su financiamiento ha tenido fondos federales y estatales, además de los de la concesionaria, varias empresas, entre ellas, CAABSA, Concesiones Viales, Fomento de Construcciones Contratadas y Obras Portuarias de Coatzacoalcos, algunas de capital español, la que se adjudicó el contrato de construcción, explotación y conservación, a partir de 2004.

En ese año cuando se adjudicó el contrato de construcción en los días finales del gobierno de Miguel Alemán, se determinó un costo de 1,731 millones de pesos y se debía terminar la obra en septiembre de 2007. Se iba a ejecutar en 3 años y ya llevamos 9 y no acaban, y lo mismo con la escalada de su precio.
Sucesivas y complacientes ampliaciones del plazo de terminación. En el gobierno de Fidel Herrera se modificó el título de concesión para prorrogar la construcción a febrero de 2010, plazo que tampoco se cumplió. La revisión de fondos federales aplicados en 2009 por la Auditoría Superior de la Federación del orden de 625 millones de pesos al Túnel Sumergido, advirtieron que la obra estaba en grandes problemas. Además del evidente retraso, avance físico de 47% y financiero de 36.6% a diciembre de 2009, la auditoría señaló omisiones en la supervisión y control de la obra, faltas de permisos y de regularización de derechos de vía, así como los pagos de contrataciones no justificadas, sin evidencia documentales o físicas de trabajos realizados, que arrojaban un presunto daño patrimonial cercano a los 400 millones de pesos. Para rematar se metió temporalmente un problema con el INAH por supuestos vestigios arqueológicos que contribuyeron al retraso.

REANIMACIÓN TEMPORAL

En octubre de 2011, cerca de cumplir su primer año de administración, el gobernador Javier Duarte parecía haber superado el estancamiento en que recibió el Túnel Sumergido. Entonces, al constatar los efectos de haber asignado a esa fecha 600 millones de pesos (al final del año serían 739 millones) reportó un avance global de más del 50%, previendo que a mayo del año siguiente la obra en conjunto estaría al 90.5%. Se llegó esa fecha y tampoco se terminó. Para 2012, el segundo informe de gobierno, registró una inversión estatal en el túnel de 863 millones de pesos provenientes del fideicomiso de administración del impuesto a la nómina y de recursos de años anteriores. Según ese documento, en los dos años de gobierno, 2011 y 2012, se habían asignado al Túnel Sumergido 1,601 millones de pesos y ésta obra, se indicaba, tendría un costo de más de 3 mil 200 millones de pesos. Ya se verá en el tercer informe de gobierno cuanto más se dispuso para el interminable túnel.

Ahora resulta, según la versión de Buganza, que la concesionaria Cotuco ya no tiene más dinero y no puede concluir la obra. Pero sólo les faltan «unos cuantos metros».

A ver en qué termina la «negociación» con la que se ve incumplida, pero influyente y consentida, concesionaria y si de una vez por todas ya acaban y se pone en funcionamiento la obra. Después de nueve años, no se ve la luz al final de ese túnel.