Asuntos Públicos: ALCALDESA, PRESUNTA HOMICIDA

Sorpresiva la acción de la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Amadeo Flores Espinosa al solicitar al Congreso local el inicio del procedimiento de declaración de procedencia o desafuero en contra de la presidenta municipal de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, militante del PRI, conocida en el medio político como Sarita, por su presunta autoría intelectual del homicidio de su secretario particular Michel Martínez Corro.

Se sabía que la tal Sarita era una atracadora de los fondos públicos y promotora clientelar del voto priista entre la gente necesitada, pero ahora ha resultado también una revelación como supuesta matona. Se le imputa haber planeado la muerte de su secretario particular, quien como se conoció en las noticias fue secuestrado a fines de julio y su cadáver encontrado pocos días después semienterrado en una localidad de Alvarado. La captura y enjuiciamiento de los autores materiales habrían conducido a la alcaldesa que termina su periodo hasta el último de diciembre próximo, pero como goza de fuero constitucional que la protege del ejercicio de una acción penal directa del Ministerio Público, tiene que ser antes desaforada y separada del cargo por el Congreso local para poder ser detenida y acusada penalmente ante un juez por el delito de homicidio.

A primera vista llama la atención la publicidad que se le da a la imputación en su contra de la Procuraduría, ya que el procedimiento político de declaración de procedencia o desafuero, al contener para ella una garantía de audiencia, necesariamente la pone en alerta de la acción penal pretendida; sería una especie de pitazo para que ponga tierra de por medio y se dé a la fuga. Se dice que no la están poniendo sobre aviso, sino que ya anda de pelada. Hay versiones de fuentes cercanas a la Procuraduría de que se optó por la solicitud de procedencia ayer confirmada por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Flavino Ríos Alvarado, precisamente porque ya está prófuga. ¿Quién le dio el pitazo o fue mera “intuición femenina”?

Por otro lado, parece que el de su secretario particular no es el único esqueleto en el clóset de la tal Sarita. Hay también versiones de que le siguen la pista en el caso del profesor universitario José Luis Martínez, encontrado muerto y arrojado en la calle en el puerto de Veracruz hace un par de años.

La rapacidad de la tal Sarita no era un secreto en el medio público. Protegida del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, antes de que la impulsara a la presidencia municipal de Alvarado ocupó sin rendición de cuentas ni entrega de ingresos la Oficina de Hacienda del Estado en San Andrés Tuxtla. Varias auditorías de la Sefiplan en ese periodo encontraron que nunca remitió los ingresos cobrados en la Oficina de Hacienda, pero gracias al negro padrinazgo cuenqueño era intocable. De su gestión municipal hay señalamientos de tráficos con terrenos y pagos de impuestos, y pese a ello, no se procedió antes en su contra, dicen que contaba con protección legislativa. Que ya se le acabó. Ahora a ver dónde la agarran. Vaya fichita.

PIDEN EN EL SENADO INVESTIGAR A FIDEL

Por cierto que el padrino de Sarita, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, salió a relucir en el Senado de la República en la sesión del pasado miércoles y no para bien. El pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta al Procurador General de la República informe si existe investigación sobre la presunta entrega de dinero del Cártel del Golfo al ex gobernador Fidel Herrera y si no la hubiera, que la haga, “siempre y cuando existan elementos para ello”. Aunque la proposición provino del grupo legislativo del PAN y en particular del senador Chiquiperro, Fernando Yunes Márquez, dictada por su apá, enemigo político y personal de Fidel, el punto de acuerdo fue avalado por la mayoría de los senadores, incluidos los del PRI. El tema de investigación se originó por el juicio seguido en USA a los hermanos Treviño Morales y otros coacusados de lavar dinero de los Zetas –entre ellos Pancho Colorado– y particularmente de las declaraciones de Juan Carlos Hinojosa, ex contador de Cártel del Golfo. Según las declaraciones de éste último, en 2004 habría entregado 12 millones de dólares al entonces candidato del PRI a la gubernatura del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, para apoyarlo en su campaña política. El amplio comunicado del Senado precisa que “los legisladores dejaron en claro que sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia de Fidel Herrera es importante manifestar que no puede escapar la existencia de las diversas notas periodísticas que fueron publicadas tanto en medios nacionales como internacionales, donde se vierten acusaciones serias derivadas de testimonios otorgados frente a la corte penal del distrito oeste del estado de Texas”. Si se compara la versión estenográfica de la sesión con el comunicado de prensa del Senado, se advierte el propósito de darle un severo quemón al ex gobernador. O calientan la hoguera para que no pase su nombramiento como embajador o le dan cuerda a los del PAN para suavizarlos en el debate sobre la reforma fiscal que ahora se discute en esa cámara. Entre líneas, se ve la línea.

PROPONE GOBERNADOR A MAGISTRADO

Para cubrir la vacante de magistrado del Tribunal Superior de Justicia dejada por la jubilación en mayo pasado de Hugo Montero, el gobernador Javier Duarte propuso al abogado Amadeo Flores Villalba, director jurídico de la oficina del Ejecutivo e hijo del procurador de justicia, Amadeo Flores Espinoza. La propuesta requiere, por disposición de ley, del nombramiento del Congreso estatal por votación de mayoría calificada, que no se ve complicado de hacer, sea en esta legislatura –en periodo extraordinario– o en la próxima que se instalará en los primeros días de noviembre.

Prefirió el gobernador jugar una carta nueva de su staff para incorporarlo al cuerpo de magistrados del Poder Judicial en vez de resolver el problema de un nombramiento previo, de un magistrado que no se ha podido hacer efectivo. Jorge Espinoza, juez de primera instancia, propuesto por el gobernador y nombrado por el Congreso en diciembre de 2010, no ha entrado en funciones debido a que se le vinculó en el decreto de nombramiento a la terminación de un juicio de amparo interpuesto por Ricardo Murga Contreras, un magistrado de periodo vencido de 10 años, quien con chicanadas ha alargado dicho juicio hasta la fecha. Aquí no fue primero en tiempo, primero en derecho. A ver si no hay en puerta otro litigio entre magistrados.