Asuntos Públicos: DE LOS PROPÓSITOS MÚLTIPLES

Aunque ha habido algunos actos públicos, incluso varios de ellos con efectos jurídicos, como decretos aprobados tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo sobre el proyecto de propósitos múltiples en los que el Gobierno del Estado se ha asociado con el consorcio brasileño Odebretch, entre otros objetos para dotar de agua a la ciudad de Xalapa, todavía prevalecen muchas dudas y paradójicamente, con todo y los documentos públicos, se observa no sólo una ausencia de claridad y precisión en sus alcances, sino sobre todo, de justificación técnica, financiera y administrativa.

Según lo difundido, este proyecto comprende la construcción de una presa de agua sobre varios ríos de la región, entre ellos el conocido como de Los Pescados, un sistema de bombeo y de conducción a la zona metropolitana de Xalapa y una central de generación de energía hidroeléctrica. Como es sabido, el proyecto ha tenido resistencias en algunos de los poblados donde se pretenden hacer las obras, es el caso de Jalcomulco, pero también críticas desde los sectores académicos señalando sus inconvenientes económicos, ambientales y sociales.

El proyecto todavía está en su etapa inicial y sus promotores deben contar con los estudios de impacto ambiental y obtener las autorizaciones legales que corresponden otorgar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Comisión Federal de Electricidad si pretenden producir energía eléctrica.
Pero lo más extraño es que tratándose de una cuantiosa inversión que comprometerá los recursos públicos del estado, se ha hablado de montos cercanos a los 7 mil 500 millones de pesos, y de una contratación a un plazo de 25 años, no exista un detalle del proyecto a disposición del público y menos de las razones y fundamentos legales por las cuales se seleccionó discrecionalmente al consorcio Odebrecht.

INFORMACIÓN INCOMPLETA
En las sesiones del Congreso los temas pasaron con discreción y sus decretos relativos, aunque hechos públicos, están formulados en un léxico legalista que omite información fundamental para su comprensión y justificación técnica, financiera y administrativa. Y de parte del Ejecutivo sólo ha habido el entusiasmo de la promoción de las inversiones, pero sin los argumentos que llevaron a la decisión.

El Congreso local aprobó dos decretos, ambos publicados el 18 de marzo de este año, que si bien facultan al Gobernador a realizar los actos relacionados con el proyecto carecen de suficiente información y motivación. El decreto 824 autoriza al titular del Ejecutivo para integrar una sociedad de propósito específico que será constituida a fin de llevar a cabo el proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios (sic) (propósito específico para propósitos múltiples), en los términos y condiciones de los proyectos de contratos correspondientes que integran el expediente. Los contratos, si estaban en el expediente, eso dicen, sólo lo conocieron unos cuantos, porque no se difundieron, Este mismo decreto autorizó al titular del Ejecutivo a afectar las partidas presupuestales para cubrir las obligaciones de pago por parte de la Comisión de Agua del Estado (CAEV), incluyendo la previsión para 2013, igualmente secreta en el expediente, así como para iniciar el procedimiento de contratación de la «Sociedad de Propósito Específico» por parte de la CAEV y a «formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios que integra el expediente por un plazo de operación de 25 años». El otro decreto, publicado ese mismo día, el 823, autoriza también al titular del Ejecutivo a celebrar un contrato de prestación de servicios integrales de largo plazo para fines de autoabastecimiento de energía eléctrica bajo tecnología renovable con un inversionista prestador, y de igual manera que en el esquema anterior, a realizar afectaciones presupuestales multianuales conforme al contrato, del mismo modo oculto, y a formalizar dicho contrato por un plazo de 20 años y a la creación de un mecanismo financiero de garantía de pago.

DISCRECIONALIDAD, SIN TRANSPARENCIA
En la contratación podría no tratarse de un asunto de ilegalidad, pero sí de falta de transparencia y sobre todo de discrecionalidad. La holgada legislación veracruzana en que se apoyan –no la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios de 2007, que prevé la posibilidad de que el Estado celebre contratos con un inversionista a largo plazo, pero impone la licitación pública para su adjudicación–, pero sí la Ley de Fomento Económico de enero de 2009, que reformula la asociación empresarial y ofrece el hueco para eludir la licitación pública. Hecha a modo para escoger libremente al socio, esta ley estipula que «los proyectos de desarrollo de infraestructura cuyo componente financiero considere una proporción mayor de inversión privada a la inversión estatal se exceptúan de los procedimientos de licitación pública para la selección del inversionista privado». Y aunque la prestación de un servicio público derivado de infraestructura hecha con financiamiento mixto público-privado podrá darse en administración a particulares mediante licitación pública, quedan exentas de este procedimiento si los particulares hacen una aportación superior a la inversión estatal; en este caso, que parece ser la asociación seleccionada, «se les podrá otorgar directamente la concesión del servicio público».

Nadie duda de la solvencia del consorcio Odebrecht y de su capacidad ejecutora; tampoco se ignora que realiza de manera directa importantes inversiones en otras partes del estado. Por otra parte, es reconocida la necesidad de resolver el problema estacional de insuficiencia de agua para la capital del Estado. Sin embargo, llama la atención que el consorcio Odebrecht haya resultado beneficiado por un contrato gubernamental de ese tamaño sin la apertura a la competencia de mercado que habría tenido una licitación pública de la obra y de los servicios asociados; y del mismo modo, sin que se conozca con precisión el contrato de obra y de servicios ni las obligaciones económicas que tendrá el Estado, con cargo a presupuestos públicos multianuales. En 20 o 25 años, todavía se estará pagando.