Asuntos Públicos: EL ENGENDRO ELECTORAL

La reforma político-electoral que pretenden imponer en la agenda nacional las dirigencias de los dos mayores partidos de oposición, el PAN y el PRD, condicionando su discusión y aprobación antes del paquete económico y la reforma energética, sigue sumando rechazos. Y eso que todavía no ha entrado a debates formales.

Las iniciativas de ambos partidos, aunque presentadas por separado, son coincidentes en muchos aspectos; y contienen numerosos puntos controvertidos, varios de los cuales no han conseguido la aprobación legislativa en previas presentaciones, como por ejemplo la reelección de legisladores y de ediles de ayuntamientos, o la segunda vuelta electoral, que no son más que reediciones de la reforma propuesta por el gobierno de Felipe Calderón. No pasaron entonces y no tendrían por qué aprobarse ahora.

Pero una de las novedades de las iniciativas, la desaparición de órganos electorales y tribunales de la materia en los estados –y de pasada el mismo IFE–, para crear un solo órgano centralizado, el Instituto Nacional Electoral (INE) y una legislación nacional única, está concentrando la resistencia.

Aparte de las voces de expertos en la materia que cuestionan la viabilidad (unos pocos están a favor) de una sola instancia de organización electoral por sobrecarga de ese organismo y vulneración de principios del federalismo, entre ellos ex funcionarios del Instituto Federal Electoral como José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, o la magistrada electoral María del Carmen Alanís, se han incorporado al debate los presidentes de los 32 órganos electorales locales del país.

ÓRGANOS ELECTORALES DE ESTADOS CONTRA EL MONSTRUO

Desde hace unos días en Zacatecas, con motivo de una reunión de trabajo, iniciaron sus pronunciamientos en contra, pero ayer acudieron en bola, al menos 25 de ellos, para presentar en la Cámara de Diputados su desacuerdo con la creación del INE al que califican de un «monstruo electoral» y pedir participar en las discusiones de la reforma.

Aunque no se desliga el interés puramente laboral que tienen en el asunto –la conservación del empleo– sus argumentos no dejan de ser válidos. En su exposición refutan a los dirigentes del PAN y el PRD que los acusan de estar al servicio de los gobernadores, sobre todo del PRI, que es mayoría en los estados, y de ser obstáculos a la democratización. Para contrarrestar esa opinión, participan del desacuerdo funcionarios de entidades no gobernadas por el PRI, como del Distrito Federal o de estados donde ha habido alternancia, como Zacatecas o Jalisco. Y para defender su autonomía señalan que en el 97 % de las entidades del país ha tenido gobiernos de distintos partidos (con contadas excepciones como Veracruz y el Estado de México), además de en la mayoría de los municipios. Igualmente se pone en duda el supuesto ahorro en la organización electoral, contrastando el gasto del total de los órganos electorales locales con el del IFE, muy superior al de todos ellos. También señalan el control de la legalidad que ejerce sobre los órganos electorales locales el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revisor en última instancia de las resoluciones que ellos emiten.

No se ignoran los cuestionamientos a los funcionarios de los órganos electorales locales de falta de autonomía, a veces real o producto de acusaciones en la contienda electoral o de exceso de gastos en algunos rubros como monitoreos o resultados preliminares, situaciones que en todo caso podrían corregirse con el cambio de reglas de nombramiento o estandarización de estudios, y no necesariamente con la creación de un sobredimensionado órgano central que no garantiza eficiencia ni ahorro y que constituiría otro golpe más al ya mermado federalismo mexicano.

CAPRICHO ELECTORAL

La terquedad proviene de los dirigentes del PAN, Gustavo Madero, y Jesús Zambrano, del PRD. Revividos por el Pacto por México después de las derrotas electorales del año pasado y las más recientes de este año, ambos han apostado a la reforma político-electoral para tratar de consolidar sus cuestionados liderazgos internos. Calculan que si cesara la supuesta influencia de gobernadores en las instituciones locales, tendrían más oportunidades de levantar su caída de votantes y reposicionarse en la escena política.

Y aunque ya el Pacto por México es sólo un cascarón, ellos lo siguen ocupando para presionar una reforma que no tiene en este momento, como ellos la plantean, ningún sentido de necesidad. Es de notar que el famoso pacto ya lo hicieron a un lado. PAN y PRD presentaron por su cuenta sus iniciativas, mientras el PRI se ha guardado a la espera de la línea presidencial. El dirigente del PRI, César Camacho, quien ocupa la presidencia temporal del Pacto por México, acaba de anunciar que dicho pacto presentará una iniciativa dentro de 10 días, de inmediato fue corregido por los otros dos miembros del pacto, PAN y PRD, quienes sólo reconocen las que ya presentaron.

Sin ningún diagnóstico de los problemas del sistema electoral, el foco de los dirigentes del PAN y el PRD es el «cacicazgo de los gobernadores del PRI», una simplificación del asunto, que se corregiría con la creación del Mega IFE.

Incluso ayer diputados de esos partidos exigieron al presidente Peña Nieto que controle a los gobernadores del PRI para que no se interpongan en la creación de su centralizado Instituto Nacional de Elecciones.

Lo peor es que les han seguido la corriente en su condicionamiento a discutir su reforma electoral en el Congreso de la Unión antes del paquete económico, que tiene plazos legales para su aprobación y de la reforma energética. En breve comenzarán las discusiones legislativas. No se vayan a enojar los señores… ¡y se salgan del pacto!