Asuntos Públicos: EL MAGISTRADO ALBERTO SOSA, BAJO SOSPECHA

Desde principios de 2012, al inicio del segundo año de su periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el magistrado Alberto Sosa Hernández quedó marcado por la sospecha de corrupción. Perseguido desde entonces por la huella del favoritismo en la adjudicación de contratos, y obviamente de recibir beneficios indebidos a cambio, ahora al término de su gestión y cuando pretende reelegirse por otros tres años, le revientan en plena cara.

Muy comentado en su momento y recurrente tema es el famoso contrato por 182 millones de pesos para construir el edificio judicial de nueve pisos en la ciudad de Xalapa, recién inaugurado, que se entregó fuera de legalidad con evidente manipulación del concurso a la constructora Xallapan, propiedad del cuñado de un ex diputado local del PRI ligado a la familia Herrera-Borunda. Como se recuerda, bajo consigna eliminaron del concurso a las empresas constructoras de más experiencia, cuyas cotizaciones eran inferiores hasta en 20 millones de pesos respecto de la beneficiada por Alberto Sosa, la que además incumplía con los requisitos exigidos en las bases de la licitación; nunca había ejecutado trabajos similares al ofertado, su giro eran los sistemas de agua y saneamiento. Incluso, se sabe que hubo inconformidad al interior del Consejo de la Judicatura, donde se realizó la truculenta asignación; al menos dos de sus cinco integrantes se negaron a firmar el acta de fallo, ya que previamente habían acordado declarar desierta la licitación y hasta había un acta firmada en ese sentido que fue destruida. Sin embargo, Sosa dividió a los consejeros y consiguió –3 a 2, sin la firma de estos últimos– asignar la obra a su conveniencia.

La historia de esa más que presunta corrupción, persistente aún en la memoria, ha cobrado actualidad debido al notorio incremento patrimonial de la familia del magistrado Alberto Sosa. Tan sólo una punta de lo que no ha sido posible ocultar es la construcción del edificio de 8 departamentos para venta o renta, ubicado en el fraccionamiento residencial Coapexpan, en Xalapa, un inmueble que tendría un valor estimado conservadoramente de 15 millones de pesos, y que aparece hoy escriturado a nombre de su cónyuge Susana Gómez Carvajal. Extrañamente, la escritura que manifiesta la construcción del edificio –doble inauguración– cuenta una versión inverosímil de un olvido u omisión de declararla cuando Sosa y su esposa Susana disolvieron en 2005 su sociedad conyugal. ¿Cuántos bienes tenían en 2005, que se les “olvidó” declarar ese “lote con construcción”, a nombre únicamente de doña Susana, pero que luce recién construido, (¿se lo hicieron los de Xallapan como un agradecimiento adicional?), el que ahora les ha legalizado la notaria María Amparo Álvarez Castilla, por cierto, cuya hija Michell Archer Álvarez fue nombrada por Sosa recientemente en la coordinación del Centro Estatal de Justicia Alternativa.

EXPLICAR EL INCREMENTO PATRIMONIAL

Como sea, aparte del cuento del olvido soso, ese incremento al patrimonio familiar debe ser explicado por el magistrado Alberto Sosa. La Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos estipula en su artículo 86 que, para los efectos de esa ley y del Código Penal, por aquello del delito de enriquecimiento ilícito, que el servidor público, y Sosa lo es, deben declarar en su información de situación patrimonial y sus variaciones anuales no sólo los bienes que adquieran por sí mismos, sino también aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, y los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos; salvo que se acredite –que no se cree que sea el caso, pues la señora es la encargada del voluntariado del Poder Judicial, un trabajo altruista y asistencial sin remuneración– que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público. Si Sosa dice que había olvidado ese bien, al disolver su sociedad conyugal, habría que saber si también lo ha omitido en sus declaraciones patrimoniales, lo que sería motivo no sólo de corroborar la presunción de enriquecimiento ilícito, sino de responsabilidad como servidor público. No es el único tema de corrupción del magistrado Sosa el del contrato del edificio judicial y el multifamiliar de su señora, aunque sí, aquel el evidente atraco mayor y éste el más visible de las muestras del nuevo dinero en su patrimonio.

Desde hace unos días circula en las redes un manifiesto contra la reelección del magistrado Sosa, atribuido a empleados del Poder Judicial, en el anonimato, por obvias razones de represalias laborales. En abono al tema de la corrupción y el contratismo se menciona la presencia de una empresa comercializadora de la que forman parte, además de Sosa, otro magistrado, su secretario particular, y un empresario periodístico que es su compadre, a través de la cual le ha vendido –dicen– más de 40 millones de pesos sin licitación al Poder Judicial. No sin mencionar su nuevo giro como “desarrollador inmobiliario”, en Xalapa y en Coatepec, aparte de los casos que tiene de abuso de autoridad y represalias laborales.

SEMANA PREVIA A LA ELECCIÓN

Se agota el tiempo para la nueva elección de Presidente del Tribunal Superior de Justicia. La sesión electiva a cargo de los 8 presidentes de sala, el minipleno debe celebrarse dentro de 8 días, el día 2 de diciembre. La moneda está en el aire, porque todo depende de las alianzas internas y compromisos entre los magistrados electores; Sosa no vota, pero juega a que tiene enganchados con prebendas a algunos de los presidentes; por transparencia, los magistrados del Tribunal Superior deberían exigir –al igual que sus miembros electores, antes de que se presente la candidatura de Sosa–, la justificación, si es que cabe alguna, de su incremento patrimonial y de todas las corruptelas que se saben en el Poder Judicial, pasando por el negocio de los vitrales en el nuevo edificio judicial cerrado, se dice, con el concuño grulla del agente de prensa de Sosa.

Los que no son ingenuos saben que ahí adentro se tapan con la misma cobija. No se ha olvidado, aunque hayan pasado varios años, aquel caso del magistrado –aún en funciones– que fue acusado de recibir dinero en su cuenta bancaria personal para arreglar un asunto en un juzgado, y con todo y las evidencias, se publicaron los estados de cuenta del magistrado con los depósitos de su “cliente”, el “mini pleno”, decidió taparlo, le dieron carpetazo a la ropa sucia.

Se sabe también que la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, quien es presidente de sala y por tanto votante, presentará su candidatura por sí misma; otro aspirante es el magistrado Alejandro Hernández Viveros, también presidente de Sala y elector. Ya se verá si hay más que saquen la cabeza y cómo se van dando las alianzas previas a la elección, aunque por los antecedentes del cónclave, el resultado no es previsible y no faltan los que cambian su voto de última hora –al fin que es secreto–, aunque inferible posteriormente cómo votó cada uno.

Esta semana el pleno debe sesionar para preparar la elección de Presidente y se podrá intuir por dónde se va inclinando la balanza. Los 8 se deben poner de acuerdo en la designación entre ellos del presidente de debates, que en caso de empate tiene voto de calidad.