Asuntos Públicos: DESLINDE EN OBRAS PÚBLICAS

En la comparecencia de ayer del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza Salmerón al Congreso para la glosa del III Informe del gobernador, lo más relevante, paradójicamente, no fue lo que se realizó en materia de comunicaciones, sino lo que dejó de hacerse, lo que no se hizo pero se pagó y en algunos casos hasta se validó como terminado.

La corrupción de sus antecesores fue el tema dominante de las obras públicas. Aunque el asunto ya lo había hecho público Buganza al poco tiempo de haber asumido esa dependencia, ayer se ventiló más ampliamente debido a las preguntas formuladas por los diputados.

Con las reservas de información que imponen los asuntos judiciales en curso, lo que no limitó que salieran a relucir algunas empresas públicamente identificadas y las presunciones acerca de los funcionarios cómplices, Buganza admitió la gran corrupción en la dependencia antes llamada de Comunicaciones del Estado. Ante los diputados, informó que se han presentado 58 denuncias penales –de las cuales 18 son de competencia federal– por el delito de fraude, con un daño patrimonial al estado de 170 millones de pesos y que además han rescindido contratos a constructoras incumplidas logrando una recuperación de mil 600 millones de pesos. En el curso de la comparecencia, Buganza dio información de algunos casos, en su mayoría obras no muy grandes, y explicó las irregularidades, aunque evitó identificar a las empresas y a los funcionarios implicados.

LA BANDA DEL OAXACO

Con todo, no se evitó que apareciera el sonado caso de las obras concedidas a las empresas Constructora del Sureste, Morasa y Goli, propiedad de de Juan Manuel Flores, alias “El Oaxaco”, un personaje desde hace unos meses desaparecido o prófugo, no se sabe, que ha sido vinculado en los medios informativos y por denuncias de tráfico de influencia con una red de ex gobernadores. En esa banda figuran como señalados Fidel Herrera Beltrán, José Murat, de Oaxaca, y Juan Sabines de Chiapas. Y vaya casualidad, que Buganza tuvo que reconocer que “El Oaxaco” recibió del Gobierno del Estado –se entiende que de la pasada administración– 96 contratos de obra en los municipios del sur, los de la sierra de Mecayapan, donde hasta los alcaldes hicieron paros de protesta para que le respetaran las obras al “Oaxaco”.

SUMERGIDOS

En contraste con la enérgica defensa de la calidad, cumplimiento y calidad de las obras, enfatizada con las otras, la posición de Buganza se suavizó con el inconcluso Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, una obra proyectada para sustituir al puente Coatzacoalcos I con ruta al sureste; financiada con recursos federales y del estado, se otorgó en concesión en 2004 a una agrupación de empresas (CAABSA, Concesiones Viales y otras) y debía terminarse en tres años, es decir, en 2007. Con seis años de retraso y elevación de su costo –el original era de 1,731 millones, ahora lo calculan en 3 mil 200 millones–, plagada de observaciones de auditorías, especialmente federales, la obra no tiene para cuándo terminarse, sólo dicen que será antes de que termine esta administración. A fines de octubre, Buganza aseguraba que el estado había cumplido con la totalidad de sus aportaciones y hasta fintó de que podrían cancelarle la concesión; bajo el agua, sumergida, ya les dieron otra prórroga.

PARA ATRÁS

A nadie extraña la práctica de la corrupción entre funcionarios y contratistas, una institución inherente a la obra pública; la asignación de obras a cambio de la comisión y el contubernio para cargar al presupuesto público los ilegales beneficios mutuos; el sobreprecio, la baja calidad de materiales, las omisiones de supervisión, los pagos en demasía o la simulación de obra pagada sin que se ejecute: lo inusual es que se rompa el círculo del negocio, no se tapen las corruptelas y se busque la sanción y el resarcimiento del daño patrimonial al estado.

En la acción decidida por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y ejecutada por el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza, que se observa como otro signo de la línea de quiebre con su antecesor Fidel Herrera, hay todavía mucho que ver. En principio, la procedencia de las acusaciones, la identificación de las empresas defraudadoras –además de ostentosa del “Oaxaco”–así como la identidad de los funcionarios involucrados. En el gobierno de Fidel Herrera ocuparon la entonces Secretaría de Comunicaciones Juan Felipe Aguilar de la Llave, Raúl Zarrabal (padre), Marcos Theurel (alcalde saliente de Coatzacoalcos) y Guillermo Herrera. En el gobierno de Duarte se ratificó a Guillermo Herrera (hoy subsecretario de Turismo) y lo sustituyó Raúl Zarrabal, hijo (actual diputado local), y un breve lapso, antes del arribo de Buganza, estuvo el ingeniero restaurantero Francisco Valencia, ahora titular de la Comisión de Agua y Saneamiento (CAEV). ¿Quién o quiénes de ellos están metidos?
Otra cuestión es ¿cómo no fueron detectados antes los presuntos fraudes? Acaso el Orfis no los vio en sus auditorías a la obra pública?

Especialmente en los 6 años en que estuvo al frente de ese organismo fiscalizador Mauricio Audirac, actual contralor del estado.

EL ARCO DEL TRIUNFO DE LA FIDELIDAD

Por cierto que ni Buganza ni los diputados se remitieron a una obra emblemática del anterior gobierno: el puente número 843, ubicado en la carretera Veracruz-Cardel, a la altura del poblado San Pancho. Esa obra, identificada como tramo del libramiento de Cardel, es un monumento al dispendio y al absurdo; costeada con fondos de la bursatilización, lo saben los que transitan esa ruta, no conecta a ninguna parte, o sea, no es un puente, aunque así aparezca en el catálogo de obras del Gobierno del Estado. Es un arco, como el del triunfo, el arco de la fidelidad.