Asuntos Públicos: ELECCIÓN DE PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

El próximo lunes por la mañana el minipleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los 8 magistrados que presiden sala, celebrará en sesión pública abierta la elección de quien presidirá ese Tribunal y el Consejo de la Judicatura por los tres años siguientes. La moneda está en el aire, y sólo la votación mayoritaria de los integrantes de ese reducido grupo de electores resolverá de identidad del magistrado o magistrada que representará a ese poder y tendrá a su cargo la administración del presupuesto y la conducción de las funciones de la impartición de justicia.

Y aunque el presidente saliente, Alberto Sosa Hernández, como se sabe cuestionado por presunta corrupción en la asignación de obras –concretamente el recién inaugurado edificio judicial de Xalapa y de enriquecimiento no aclarado–, bloffea ante sus pares de que tiene asegurada su reelección porque cuenta con el voto del Gobernador, desde adentro las cosas no parecen estar resueltas.

Si bien aprovechará el magistrado Sosa en su último día hábil como presidente, que hoy el gobernador Javier Duarte acudirá a Córdoba para la inauguración de un edificio destinado a juzgados, construido por cierto con fondos del Gobierno del Estado en un terreno donado por el ayuntamiento local y no del Poder Judicial, que si no le hubiera hincado el diente Sosa, la presencia del Gobernador, contra el lugar común de los que esperan las señales del Olimpo, no significa una intromisión del Ejecutivo en el proceso interno judicial, ni señal de “línea” o mensaje cifrado y menos que vaya a ser acatada por los integrantes del minipleno.

LOS QUE SÍ VOTAN
Que se recuerde, desde que Julio Patiño fue designado magistrado en 1992 y reelecto anualmente hasta 1998, el Gobernador del Estado dejó de tener una injerencia directa y de facto en el control de la presidencia del Tribunal y en el manejo de la elección interna. Tampoco ninguno de los presidentes emanados del mecanismo elector del minipleno (5 designaciones) se ha reelegido, e incluso dos de ellos –Manzanilla en 2004 y Madruga en 2010– lo consiguieron, no obstante haber creído antes de la elección que iban a ganar. La inamovilidad de los magistrados y su sueldo garantizado les ha permitido adquirir autonomía política del Ejecutivo y por ello, responder a sus motivaciones e intereses internos y votar por la libre para elegir cada tres años a su presidente.

A semejanza de la Junta de Gobierno de la UV que designa al rector, donde igualmente con la autonomía el gobernador abdicó institucionalmente del control, en el Poder Judicial cedió el poder electivo a las 8 presidencias de sala, cuyo voto se negocia entre ellos. No se duda de que Sosa, que va a ser propuesto candidato, ya que él no forma parte del pleno electivo, tendrá algunos presidentes de sala de su lado, no obstante las marcas de corrupción que le acompañan, para su clan –la vieja guardia– eso no es problema, ya que la posición de aquel como distribuidor de promociones, prebendas y protecciones le ha permitido armar arreglos convenientes con magistrados y jueces que esperarían ver prorrogados con la reelección. Sin embargo, hay otro frente en el minipleno que busca el reemplazo en la presidencia. No participan de la Sosa Nostra la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, presidenta de una de las salas y electora, que ya se ha destapado en sus pretensiones; tampoco la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien por escrito ha pedido al pleno considere su postulación; igualmente han tenido cabildeos con sus compañeros electores el magistrado Alejandro Hernández Viveros y Andrés Cruz Ibarra, ambos integrantes del minipleno. Según sondeos en el medio judicial, Sosa tendría, hasta anoche, posiblemente sólo tres votos (y eso si no cambian de opinión el fin de semana), el frente anti reeleccionista (en cierto modo anticorrupción, aunque no lo digan directo porque son muy cuidadosos de las formas) es mayoría, y hay al menos otro de los votantes que reserva su voto al final. Pero no se descarta que la unificación pudiera lograrse en la víspera de la elección, ante la disyuntiva inexorable: Sosa y la corrupción, o carta nueva.
El pasado miércoles sesionó el pleno electivo, los 8 del minipleno, y sin oposición ni otra propuesta designaron presidente de la mesa de debates al magistrado ex presidente del Tribunal, Miguel Gastón Manzanilla, y de escrutador a Benjamín Garcimarrero. El grupo Soso ha cantado esto como una ventaja, ya que aseguran tienen de su lado a Manzanilla, cuyo voto de calidad sería decisivo, pero sólo en caso de un empate a 4 votos. Si son tres de su lado y cuatro y uno, del otro, es irrelevante o bien en marcador 5-3.
Como final de juego de base ball, diría el cronista, esto no se acaba hasta que se acaba. El lunes veremos.

EJECUTIVO: RELACIÓN INSTITUCIONAL
Es claro que Javier Duarte ha sido un gobernador respetuoso de la autonomía del Poder Judicial. Obviamente no tuvo nada que ver en la designación de Sosa hace tres años, quien en la elección de Duarte para gobernador en 2010 estuvo del lado de su rival, el candidato del PAN, su compadre Miguel Ángel Yunes Linares. Además se ha visto generoso con el Poder Judicial como institución. Aunque no cedió a la pretensión del Poder Judicial de establecer un porcentaje fijo de los ingresos totales del estado como presupuesto de ese poder, sí concedió la pensión complementaria a magistrados, para que se jubilen al 100% de sus ingresos, acaso persuadido de que se podría renovar la vieja plantilla de magistrados, lo que no ha ocurrido, pues casi nadie de ellos se quiere ir de ese paraíso burocrático, y no hubo más que un solo caso, el del magistrado Hugo Montero, reemplazado por la propuesta del gobernador Amadeo Flores Villalba.

Igualmente ha sido Duarte tolerante y respetuoso ante las zancadillas políticas, fraguadas y ejecutadas con la sospechosa desatención del Presidente del Tribunal, Alberto Sosa; como aquella celada el año pasado en que lo esperaba su enemigo político Miguel Ángel Yunes Linares, el compadre de Sosa, en el recinto del informe de la presidenta del Tribunal Contencioso y más recientemente hace unos meses, el revés a su gobierno con la liberación en el Tribunal Superior al “Silva”, asesino confeso de la periodista Regina Martínez. Tampoco hubo represalias por las aspiraciones de sucesión adelantada, atribuidas al magistrado Alberto Sosa, cuando en el proceso electoral pasado veían debilitada su posición y varios, aquí y allá en el altiplano, lo anduvieron zopiloteando.

Con todo, la generosidad económica de Duarte con el Poder Judicial, vista en la edificación que hoy dicen va a inaugurar en Córdoba, no se duda, reforzada por su afecto a uno de sus terruños, no ha alcanzado para cubrir en su totalidad las asignaciones presupuestales autorizadas a ese poder. No es para tanto el cariño.

Se sabe que en el Poder Judicial están viviendo de las reservas. La insuficiencia de las partidas y los recortes de la Sefiplan han provocado que estén tomando, como otras veces, como puente, recursos del Fondo para el Mejoramiento de la Justicia. Dada la pauta mostrada por el gobernador y sus expresiones directas: “no voy a intervenir en la elección del Poder Judicial, eso es cosa de ellos”, “al único magistrado que le he hablado es a Julio Patiño, y para preguntar de su estado de salud”, se espera se mantenga la relación institucional de respeto entre poderes. Trabajará, no se duda, con el magistrado o magistrada que gane la elección interna.

Si gana Sosa, gana la corrupción. Tiene la probabilidad de hacerlo –como también la tiene, ante la incertidumbre de la votación final, otro u otra del frente contrario. Pero si pierde, no le habrá ido tan mal. No volvería a ser presidente, pero tampoco pobre.