Asuntos Públicos: LA REFORMA POLÍTICA NEGOCIADA

La inevitable reforma política electoral, producto de los acuerdos y negociaciones en el Pacto por México entre el gobierno de Peña Nieto y los principales partidos de oposición, PAN y PRD, finalmente está cruzando la primera aduana legislativa.
Aunque no salió integra como la plantearon los partidos de oposición, lo que a algunos no gustó y fue matizada por el PRI, que sin embargo tampoco pudo evitar incluir temas a los que antes había sido renuente, la reforma constitucional que ayer fue aprobada en lo general en el Senado de la República contiene sustanciales modificaciones al sistema electoral vigente como la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) que sustituirá al Instituto Federal Electoral; la reelección legislativa y de ediles y nuevas causales de nulidad de elecciones; así como innovaciones a la forma de gobierno, la fórmula del gobierno de coalición y la mayor intervención del Congreso en la ratificación de funcionarios del Ejecutivo. Y hasta la conversión en órgano autónomo de la función de ministerio público y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), entidades no directamente asociadas al sistema político electoral.

ABSORCIÓN ELECTORAL CENTRALISTA
Pasa finalmente la polémica transformación del órgano electoral nacional, que ahora tendrá mucho mayor injerencia en los estados de la República, previendo desaparecer el Instituto Federal Electoral (IFE) y crear el Instituto Nacional Electoral (INE), que será integrado por un consejero presidente y diez consejeros electorales designados por la Cámara de Diputados por 9 años. El INE deberá estar constituido dentro de los 4 meses siguientes a la entrada en vigor de la reforma.
Es una ficción que no se eliminan los órganos electorales de los estados y conservan su “autonomía”; quedarán subordinados al INE. Este órgano, por medio de su Consejo General, tendrá la facultad de nombrar y remover a los consejeros electorales –un consejero presidente y 6 consejeros electorales que durarán 7 años– y a incorporar a su personal al servicio profesional nacional; llevará a cabo la fiscalización de los gastos de campaña y podrá, por acuerdo de su consejo, sustituir a los locales en la organización de las elecciones de las entidades federativas. Según los transitorios, no tardan en darle aire a los consejeros locales, el noveno dispone que los actuales consejeros continuarán en su encargo hasta en tanto que el Consejo General del INE realice las nuevas designaciones. En cambio, los magistrados de los tribunales electorales locales continuarán en su encargo hasta la conclusión de su nombramiento, pero en lo sucesivo serán nombrados por el Senado por mayoría calificada a propuesta de terna de la legislatura local, por la misma mayoría. A los del Trife les fue mejor, pues se prorrogarán hasta 15 años, contados a partir de su nombramiento.
El resultado será la limpia y el sometimiento de órganos electorales de los estados; casi lo que planteaban los partidos de oposición, que pretendían borrar los órganos electorales locales para restar la intervención de los gobernadores. No los suprimen pero los someten a controles y reducen de los intereses políticos locales la posibilidad de influir en la designación de la estructura de decisión y operación de los institutos electorales de los estados y se enfilan a depurar sus tribunales electorales.
Por otro lado, se crean nuevas causales para la anulación de elecciones, entre ellas por exceder los gastos de campaña en un 5%, la utilización de recursos públicos desviados o de procedencia ilícita, así como por la compra de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión. De comprobarse la infracción, en la elección extraordinaria no podrá participar la persona sancionada.

SUFRAGIO EFECTIVO, SÍ REELECCIÓN
Otro de los puntos relevantes de la reforma es posibilidad de la reelección en los cargos de representación tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas locales y los ayuntamientos. Los senadores podrán elegirse consecutivamente por dos periodos, los diputados federales por cuatro periodos, ambos podrían permanecer hasta por 12 años, al igual que los diputados locales, mientras que los miembros de ayuntamientos por otro periodo más, en estos dos últimos dos casos, sujetos a previsiones en las constituciones locales. La reelección entraría en vigor a partir del 2018. Considerada por sus defensores que la reelección permite además de la profesionalización en la función legislativa y edilicia, que la ciudadanía con su voto premie o castigue la actuación de los representantes, y por sus críticos, como forma de eternizar a las camarillas y darle rotación a las élites, la formulación convenida contiene candados partidistas. Quien pretenda reelegirse deberá hacerlo por la misma vía con que llegó al cargo, por el mismo partido o de manera independiente. Al gusto de los partidos para inhibir la fuga de cuadros y mantener la “lealtad” partidista.

OTRAS FIGURAS
De los compromisos del Pacto por México, incorporan la opción de establecer un gobierno de coalición regulado por un convenio, pero aplicará hasta 2018.
La Procuraduría General de la República se convertirá en un órgano constitucional autónomo, la Fiscalía General de la República; para el nombramiento de fiscal se establece un mecanismo de coordinación entre el Ejecutivo y el Senado, con predominio de éste último en la designación, sin embargo, a la entrada en vigor de la autonomía del Ministerio Público en esta ocasión será designado el que se encuentre nombrado como Procurador de la República, así que llevan mano Peña y Murillo Karam. El Coneval, que no se ve qué tenga que ver en la reforma política, será también órgano constitucional autónomo y se renovarán sus integrantes.
Además habrá legislaciones secundarias, conforme a las bases dispuestas en la reforma constitucional en curso de aprobación. Llevan fecha límite del 30 de junio de 2014 para que legisle el Congreso de la Unión en 4 materias, todas leyes generales a que deberán sujetarse las legislaciones de los estados: La ley de partidos políticos nacionales y locales, la Ley para los procedimientos electorales, la Ley en materia de delitos electorales y otra más que regulará el gasto en comunicación social.
Faltan instancias en el proceso legislativo constitucional, la Cámara de Diputados y la aprobación en la mayoría de los Congresos locales, pero ya se ve por dónde viene la jugada y la línea.