Capacita PGJ a servidores públicos que brindan atención a migrantes

Con medidas concretas y eficaces salvaguardamos la integridad de personas centroamericanas con estancia temporal en el país, quienes se encuentran en tránsito por nuestro estado y garantizamos la aplicación de la ley, investigando y sancionando las violaciones a sus derechos humanos y atendiendo los principios universales establecidos en tratados internacionales, afirmó el subprocurador regional de Justicia de la zona Coatzacoalcos, Jorge Yunis Manzanares.

Al inaugurar el curso Los Derechos Humanos de los Migrantes y de sus Familiares, realizado en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración, el Subprocurador, dijo:

“En Veracruz atendemos la expansión del fenómeno migratorio centroamericano, aplicando las sanciones que dicta la ley a quienes vulneren sus derechos, así provengan de la sociedad civil o investigando cualquier presunta participación de servidores públicos”.

En los temas analizados se incluyeron medidas concretas y eficaces para intensificar los esfuerzos encaminados a evitar la revictimización de los trabajadores migratorios y que sus familiares sean tratados sin discriminación y se sancione a los responsables con medidas adecuadas a la gravedad del delito, aplicando los procedimientos disciplinarios y las sanciones penales correspondientes.

Explicó que la dependencia basa sus acciones observando los preceptos emanados de instrumentos jurídicos internacionales que México ha ratificado en materia de derechos humanos, como las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares, la Convención sobre el estatuto de los refugiados, el Protocolo sobre el estatuto de refugiados y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Asimismo, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y los Lineamientos para el Establecimiento de Mecanismos Multi y Bilaterales entre países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración en Materia de retorno de migrantes regionales por vía terrestre.

La realización de este curso, impartido a 70 servidores públicos de la PGJ, tiene los objetivos de regular el uso de la fuerza y que en la resolución de conflictos sólo intervengan las autoridades facultadas por la ley, para lo cual es necesario establecer la constante capacitación de agentes del Ministerio Público, jueces, magistrados y personal de la administración y procuración de justicia involucrados en la protección de los derechos de los migrantes.

Durante tres días, se abordaron temas como La dignidad humana y sus implicaciones, Reforma Constitucional de 2011, Obligaciones del Estado, Situaciones de vulnerabilidad y violaciones a derechos humanos de migrantes en situación irregular, violencia sexual, desapariciones, tortura, sustracción de niñas, niños y adolescentes, Normatividad nacional y Ley sobre refugiados y protección complementaria, entre otros.

Presentes, el agente consular de la República de El Salvador, Antonio Enrique Azúcar; el director de la estación migratoria local, Antonio Romero Lajud; la encargada de la Oficina de Políticas Públicas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Blanca Aidé Urrea Martínez, y la agente del Ministerio Público encargada de la atención a quejas de los derechos humanos de la PGJ, Griselda Castillo Clara.

El ponente Alejandro de la Peña Rodríguez, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); María Auxiliadora Moreno Valenzuela, integrante de la Misión para Migrantes y Refugiados e investigadora de la Universidad de Sonora, y la directora de asociación Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, Leticia Gutiérrez Valderrama.