Asuntos Públicos: REFORMA ENERGÉTICA

Esta semana seguro se aprobará en el Senado de la República la reforma constitucional en materia de energía, dirigida a abrir la participación de la inversión privada en la explotación petrolera y la generación de energía eléctrica, actividades hasta hoy reservadas en forma exclusiva a la Nación por conducto de las empresas públicas, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las varias comisiones legislativas del Senado avanzaron ya en un dictamen que combina la iniciativa del gobierno priista de Enrique Peña Nieto con la presentada por el PAN, partidos que impulsan su aprobación, y con el desacuerdo del PRD, más que nada testimonial, ya que la reforma podrá salir con la votación de aquellos.
Para abrir el sector energía al capital privado, la reforma constitucional hace malabares ideológicos y discursivos entre el nacionalismo –conserva la propiedad de la Nación y la rectoría del sector y no permite las concesiones–, con la creación de modalidades para asociarse con empresas privadas nacionales y extranjeras en el reparto de la renta petrolera. El diagnóstico compartido de inyectar mayores inversiones en los ramos energéticos para alcanzar una mayor competitividad y colocar a las empresas paraestatales en condiciones menos críticas a las que ahora presentan, desaviene en las formas de hacerlo y los grados en que debería permitirse la participación privada nacional y extranjera. El caso es que ya hay un acuerdo sobre el nuevo modelo de inversión privada, el cual en materia de electricidad suprime la exclusividad de la Comisión Federal de Electricidad y en hidrocarburos introduce la posibilidad de llevar a cabo la exploración y extracción por cuenta propia o a través de contratos con particulares “en términos de la ley reglamentaria”; aunque declarando que “los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.
POCAS PALABRAS, GRAN APERTURA
De acuerdo con el dictamen que se prevé será aprobado hoy en comisiones y el martes por el pleno del Senado, se reforman sólo tres artículos de la Constitución y no más de 7 párrafos, pero remiten a 21 artículos transitorios las reglas acotadas con directrices y tiempos para que se elaboren y aprueben las leyes reglamentarias. Por ejemplo, una de las reformas al 25 dispone que “en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como su régimen de remuneraciones”.
No se estipuló expresamente el régimen contractual de “utilidades compartidas” planeado en la iniciativa original del presidente Peña, tampoco la figura de las “concesiones” que quería el PAN, pero el esquema previsto para la reglamentación incluye la primera y, aunque prohíba expresamente, se acerca bastante a la segunda. El transitorio cuarto es ilustrativo de la apertura: dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma, el Congreso de la Unión debe adecuar el marco jurídico donde se debe incluir la regulación de las modalidades de contratación que podrán ser: de Servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia, para llevar a cabo por cuenta de la Nación las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos líquidos o gaseosos. Asimismo se dispone cuáles serán las modalidades de contraprestaciones en los contratos que se pacten: En efectivo, para los contratos de servicios; con un porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida; con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida; con la transmisión onerosa (venta) de los hidrocarburos, una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia; o cualquier combinación de las anteriores.

LA OPOSICIÓN A LA REFORMA
Concertada la coalición legislativa del PRI y sus aliados, el PVEM y el Panal, con el PAN, como ya se mostró en las comisiones del Senado, adelanto de lo que será en el pleno y en la Cámara de Diputados, el plano legal de la reforma energética se ve resuelto. Habrá desahogos verbales de la oposición legislativa, posicionamientos en contra y hasta insultos y recordatorios maternos, como el hecho ayer por la senadora Layda Sansores, del PRD, pero sus votos no alcanzarán a frenar la reforma. Pero ya se sabe que su desventaja congresional la suplen con las movilizaciones callejeras y no se ignora que desde hace tiempo se ha preparado una protesta masiva por la reforma energética.
La bandera nacionalista en materia petrolera de la que se ha apropiado Peña Nieto en el discurso de la reforma, le es disputada por los grupos de izquierda tradicionalmente opuestos a cualquier apertura mayor a la inversión privada, tanto en Pemex como en electricidad. Las consignas contra los “vende patrias” y rematadores de la “soberanía nacional” y la riqueza petrolera de la Nación están entrando de nuevo en la lucha política e ideológica.
Hay dudas sobre el escalamiento de la protesta a la reforma energética, y sobre el manejo que hará de ésta el Gobierno Federal, pero sus debilidades exhibidas en el conflicto magisterial anticipan otro posible desbordamiento de las movilizaciones. Por lo pronto, los de MORENA, aun con su líder AMLO convaleciente, mantienen desde hace días el cerco en el Senado. Ya veremos cómo evoluciona este nuevo conflicto emergente.