Asuntos Públicos: SOSA INQUISICIÓN

El autoritarismo y la intolerancia, lado arbitrario del poder, opuesto a la democracia, la justicia y las libertades, parecen asomarse en el Poder Judicial.

Hay presunciones fundadas de que el magistrado Alberto Sosa Hernández, reelecto el pasado 2 de diciembre presidente del Tribunal Superior de Justicia, pretende ejercer represalias de tipo laboral en contra de las magistradas Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros y Concepción Flores Saviaga, quienes aspiraron a la presidencia del Tribunal y compitieron contra él. Todo indica que la Sosa Nostra que domina el minipleno no se ha aguantado de las críticas vertidas –separadamente– por las magistradas, cuestionando la imparcialidad de la decisión y señalando algunos de los vicios notorios en la impartición de justicia, como la corrupción en los juzgados. Tampoco les habría parecido que la magistrada Flores Saviaga haya anticipado que impugnará la legalidad de la elección celebrada por el minipleno de que fue excluida su postulación, no obstante haber dirigido un oficio pidiendo se considerara su candidatura.

Los signos de la intolerancia, representados en aquella sesión electiva por el magistrado Miguel Gastón Manzanilla en su rol de presidente de debates, al interrumpir a la magistrada Castañeda en su discurso de auto propuesta candidata a la presidencia, cuando refería que sabía que la elección estaba arreglada de antemano, presuntamente reaparecen ahora, pero a instancias del cuestionado y reelegido presidente Alberto Sosa.

Linchamiento a puerta cerrada

Ayer se conoció del citatorio ordenado por el presidente del Tribunal (la Inquisición Sosa) a los ocho integrantes del minipleno para una sesión extraordinaria a puerta cerrada este miércoles, en la que estará presente Yolanda Cecilia Castañeda, en tanto presidenta de sala y miembro de ese órgano, y a la que fue citada también la magistrada Flores Saviaga. Las rivales de Sosa a la hoguera.

En el orden del día, se enlistó como punto VII. “Punto de acuerdo sobre las expresiones vertidas por la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros y la magistrada Concepción Flores Saviaga en la sesión extraordinaria del 2 de diciembre de 2013 y después de concluida ésta a los medios de comunicación. Se convoca a asistir a la magistrada Concepción Flores Saviaga”.

No será para premiarlas que las está llamando la Sosa Nostra, que hasta se ha dispuesto que la sesión del pleno no sea pública, como debe ser por regla, y en cambio, tuerzan la excepción de los casos en que “la moral o el interés público exijan que sean privadas”. Al contrario, el interés público, la transparencia de la elección y las garantías de los derechos de libertad de expresión de las magistradas y el de los ciudadanos a saber, exigiría que dicha sesión estuviera abierta. El caso es que la quieren hacer en lo oscurito, dado su peculiar entendimiento de “la moral y el interés público”.

Por otro lado, es de hacerse notar que el articulado que fundamenta la convocatoria a la sesión para pronunciarse sobre las expresiones de las magistradas remita, entre otros, al artículo 38 fracción VI, que no por casualidad se refiere a la competencia del Pleno del Tribunal para “conducir la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia”, especialmente alusivo es el punto de la “disciplina”. Hay implícita una connotación a “actos de indisciplina” de las magistradas, que desde otro ángulo de respeto a la legalidad y con visión democrática se vería como simple ejercicio de libertad de expresión. En todo caso, por equidad procesal no deberían los imputados de parcialidad y el cuestionado ser juez y parte.

Este miércoles se sabrá con que salen en el mentado “punto de acuerdo”, lo cierto es que los sosos podrían estar haciendo un oso, ambas magistradas no sólo demostraron valor al contender por la presidencia, sino que tampoco son ignorantes del derecho –incluso una de ellas, Flores Saviaga, le ganó al Poder Judicial en juicio de amparo su permanencia, pues la habían destituido. En su defensa no se duda que aparte de la libertad de expresión, notoriamente amenazada, hasta contraataquen con imputaciones de violencia de género. La boca cerrada for-zosa, o la imposición de sanciones por expresiones verbales no está tan fácil de aplicar, hay instancias de impugnación, como el Poder Judicial Federal, ajeno a caprichos y prepotencia del Tribunal contra herejes que quieren instituir en el Poder Judicial. En su segundo periodo, Sosa se quita la careta y parece querer venganza o represalias, intimidación, no legalidad. No le vaya a salir el tiro por la culata.

Cambio de adscripción de magistrado

Otro tema sugestivo de la sesión extraordinaria es el agendado como punto VI en el orden del día. Escuetamente se indica que “Se da cuenta con los escritos de los magistrados Edel Humberto Álvarez Peña y Alfredo Algarín Vega”. La adscripción de magistrados es facultad del pleno y aunque no está regulada, por costumbre y acuerdos entre ellos, se respetan las posiciones alcanzadas; esperan las vacantes para reacomodos.

Edel Álvarez, magistrado de la era de Fidel Herrera y adscrito a una sala penal, está marcado por el revés que dio al Ejecutivo como ponente de la revocación de sentencia que liberó a El Silva, el asesino confeso de Regina Martínez, condenado en primera instancia a 30 años de prisión.

Algarín, por su parte, es magistrado visitador y estuvo en el limbo tras su desalojo de oficina por la restitución en el cargo a la magistrada Flores Saviaga. El miércoles sabremos si hubo enroque y lanzan a Edel de la sala Penal o qué hay detrás de ese punto enunciado sólo como “Adscripción de magistrado”.

Controvertido caso

La detención el fin de semana de dos investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), Ernesto Isunza Vera e Iván Risquez, debido a una denuncia penal presentada por el diputado local y ex alcalde de Xalapa, David Velasco Chedraui, ha causado polémica, incluso más allá del estado.

Según David Velasco, los denunció por que trataron de “extorsionarlo” por el asunto de un fraccionamiento en Coatepec que edifica por medio de su empresa Edivel SA de CV y que aquellos han divulgado que no tiene los permisos de construcción –afirmando que sí los tiene– lo que le ha ahuyentado compradores; mientras que los investigadores, conocidos además como luchadores sociales o activistas, sostienen que la empresa de Velasco carece de permisos y que ellos y su grupo defienden por cauces legales una área natural de su destrucción.

Sea extorsión o “coacción” –delito por el que fueron detenidos por una orden de aprehensión concedida al parecer por un juez municipal de Coatepec–, o intimidación a movimientos sociales, el hecho es que la autoridad penal del estado está de lado de Velasco. Prosperó su denuncia y se ejecutó la detención de los acusados en fin de semana –sabadazo– salieron libres pagando una fianza de 5 mil pesos; casualmente expedita la justicia para David, tampoco hubo pitazo en el ministerio público o la AVI para traficar con la alerta, inequívoca señal de apoyo al legislador y empresario. En la opinión pública corren las dos versiones, la de David que son extorsionadores y la de los investigadores que señalan el influyentismo y la aplicación selectiva de la fuerza del estado para sofocar las protestas sociales. Mal signo si fuera cierta esta última.