Asuntos Públicos: DAÑO PATRIMONIAL EN 2012

Adelantando los tiempos legales, no se sabe si por protagonismo, novatez o si tenía línea para hacerlo, el diputado Francisco Garrido, del AVE, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, destapó ayer a los presuntos responsables del daño patrimonial a las cuentas públicas de 2012.

Apenas el día último del año pasado, en el límite del plazo legal, el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla, entregó a la Comisión de Vigilancia del Congreso el informe del resultado de la revisión a las cuentas públicas de 2012, que corresponden al segundo año de la administración del gobernador Javier Duarte y al penúltimo ejercicio de los alcaldes que recién dejaron el cargo.

Todavía ayer a mediodía los integrantes de la Comisión de Vigilancia acudieron al Orfis a una reunión donde el auditor Portilla les explicó a detalle el proceso de comprobación efectuado a la gestión financiera y los principales resultados, a fin de disipar la supuesta falta de información de la que se quejaban algunos de ellos, sobre todo la bancada del PAN, y tan pronto salieron de ahí, el diputado Garrido, inesperadamente, convocó a una rueda de prensa para revelar los datos del presunto daño patrimonial por 409 millones de pesos.

La rapiña en Comunicaciones

La novedad en las imputaciones referidas por el diputado Garrido es que en el grueso de las entidades que habrían incurrido en las irregularidades se encuentran no sólo municipios, como es común, sino también 7 dependencias del Poder Ejecutivo, donde en esta ocasión se localiza la mayor cuantía en el daño patrimonial: 284 millones de lo no comprobado está en el Poder Ejecutivo y en el desglose de la rapacidad, el mayor filo estuvo en el área de Comunicaciones, ahora Secretaría de Infraestructura y Obras públicas (SIOP), que además de tener señalamientos propios y directos por 44 millones de pesos, al parecer por pagos realizados sin la obra correspondiente, le podrían alcanzar lateralmente las que se le cargan a dos fideicomisos sectorizados; el primero, el fideicomiso que administra el puente Coatzacoalcos I, por 225 millones, cuya operación de cobro y mantenimiento se otorgó en concesión o contrato –bajo condiciones de escasa transparencia– a una empresa de nombre Ocacsa (Operación y Conservación de Autopistas Concesionadas), y el segundo, el fideicomiso del Túnel Sumergido Coatzacoalcos, por poco más de 7 millones de pesos, la interminable obra de barril sin fondo. Además de las empresas que resultan involucradas, queda en entredicho y bajo la lupa la actuación del ex secretario de ese ramo y actual diputado local del PRI por Boca del Río, Raúl Zarrabal Ferat, ya acosado por las denuncias presentadas por el actual titular de esa dependencia, Gerardo Buganza Salmerón. El informe del ORFIS del ejercicio 2012 corrobora la rapiña en el sector Comunicaciones del Gobierno del Estado, complementa las denuncias existentes y refrenda las señales de la decisión del gobernador Duarte de limpiar y sancionar a los responsables. A ver en qué queda.

El resto de las irregularidades del Poder Ejecutivo son de cantidades mucho menores. Espacios Educativos, 2 millones de pesos, varios tecnológicos, entre estos el de Pánuco, con poco de más de un millón, nada comparable con el sector comunicaciones.

Clientela municipal

De no ser por los peces gordos de Comunicaciones, el informe del Orfis tendría en sus redes la pesca menor de siempre. Un grupo de 38 ayuntamientos, ninguno de los importantes del estado, no habrían solventado sus cuentas por un total de 125 millones de pesos. Prorrateados serían poco más 3 millones de pesos por cada uno, sin embargo, algunos que ya son clientes se llevan la mayor parte; de nuevo aparece el de Fortín de las Flores, ahora con 41 millones de peso (el ex alcalde anda prófugo), y de Xico, Luis Alberto Pozos, reincidente, que salvó las del primer año, esta vez está atorado con 24 millones de pesos. Rematan las observaciones a la ex alcaldesa de Alvarado, la tristemente célebre Sara Herrera, aprehendida recientemente al segundo día de haber perdido el fuero, acusada del homicidio de su secretario particular y a quien le corre el término para que le obsequien su auto –de formal prisión, se entiende–; aparte del proceso penal tiene encima la falta de comprobación de 3.4 millones de pesos de los fondos municipales y otro millón y fracción más de la comisión municipal de agua. Y sin su padrino de la Cuenca.

De lo mediático a lo legal

Aunque no afecta la validez de las observaciones señaladas, ya que proceden de las auditorías realizadas, la conferencia de prensa del diputado Garrido está fuera de procedimiento. El informe del Orfis tiene que ser primero materia de elaboración de un dictamen de la Comisión de Vigilancia aprobado por sus integrantes, que son 15, y no sólo Garrido, aunque se espera que la mayoría del PRI en esa comisión lo apoyen, sometido a la aprobación del pleno de los diputados, igualmente dominado por el PRI; y después el decreto legislativo publicado en la Gaceta Oficial. Hasta entonces se reanuda el procedimiento en el Orfis con la fase de fincamiento de responsables, en la que los señalados aún pueden justificar o resarcir el daño. Agotada esta instancia, para los que no solventen, con todas las oportunidades, vendrían las denuncias penales. Pero ya Garrido se adelantó en las noticias.

Alcanzó ayer y hoy, que verá publicadas sus declaraciones, sus minutos de fama. Más que aguerrido es ¡Ah, Garrido!