Asuntos Públicos: ATERRIZAN LAS REFORMAS

El tema central de fondo en la agenda política y económica nacional para este año y los subsecuentes es sin duda la consolidación del conjunto de reformas llamadas estructurales, entre ellas la energética, fiscal, de telecomunicaciones y financiera, aprobadas por las fuerzas políticas en sus partes medulares el año anterior, y que serán en breve materia de detalle legislativo y aplicación administrativa, así como la aparición de sus efectos en el funcionamiento económico del país.

El reformismo múltiple y simultáneo que caracterizó el primer año del gobierno de Peña Nieto, en el que con el PRI de su lado consiguió consensos a veces concurrentes y en ocasiones alternativos con los partidos de oposición, el PAN y el PRD, y la imagen de haber retomado el impulso del cambio en el país junto a la percepción externa de que es ahora “el momento de México”, tiene aún por delante aterrizar esas reformas y acreditar que serán eficaces para elevar el crecimiento económico y atenuar los ancestrales problemas de empleo y pobreza.

Para este año, la proyección económica parece ser mejor que el anterior, ya que las fuentes tanto oficiales como financieras estiman para 2014 un crecimiento cercano a 4%, aunque con mayor inflación por el impacto fiscal, mientras que 2013, en el que hubo subejercicios presupuestales y baja actividad, que obligó a ajustar los pronósticos iniciales, cerraría en poco más de 1% de crecimiento. Crecimiento mediocre que se busca revertir con las reformas –en tres décadas el crecimiento ha sido en promedio de 2.4%, manteniendo el mismo porcentaje de pobreza (52%) sin cambio en 20 años).

¿Cuánto es el mediano plazo?

Sin embargo, en los cálculos del año en curso, poco se considera el efecto del paquete de las reformas estructurales, los que no tienen en realidad una fecha para comenzar a mostrar sus efectos positivos en la economía y en el bienestar de la población.

¿Para cuándo se esperarían los resultados? La publicidad oficial podría decir que pronto o muy pronto (bajará el precio de la luz y del gas, habrá más empleos, más créditos y más baratos, no habrá hambre, etc.), pero hasta los más optimistas tienen reservas y pese a aprobar el cambio de reglas para fomentar la inversión y el empleo, no se atreven a fijar fechas y se limitan a enunciados precavidos de que serán “a mediano plazo”. Un ejemplo de estos es el reciente informe del Banco Mundial, emitido a propósito de un crédito del Gobierno Federal. Dicho informe expone que la respuesta de los agentes económicos a las reformas “tardará tiempo en materializarse”, el impacto de las reformas estructurales –en telecomunicaciones, sistema financiero y tributario y en el sector energía– en el crecimiento potencial de la economía mexicana se espera ocurra a mediano plazo. Cuantificar el impacto de esos cambios “es complicado” refiere el informe. Si bien reconoce que el conjunto de reformas están orientadas a “mejorar el clima de negocios, incrementar las oportunidades de inversión, impulsar la competencia en sectores relevantes de la economía y mejorar la calidad y cantidad de insumos clave en el proceso de producción, la cuantificación del impacto, de cuándo ocurrirá y en qué medida, de las reformas en el crecimiento de la producción es complicado”. Ello debido a que “está pendiente por conocerse los detalles relacionados con la legislación secundaria y la aplicación del nuevo marco legal por las agencias reguladoras y los encargados de ponerlas en práctica”. ¿Para cuánto tiempo le gusta el mediano plazo? Ya veremos.

En febrero que inicie sesiones el Congreso de la Unión, se comenzará a ver cómo evolucionan las legislaciones secundarias, en las que sobresale la energética, aprobada a nivel constitucional por el PRI y el PAN, con la oposición del PRD.

Reforma financiera

Entre tanto, ayer el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el paquete de reformas a 34 leyes federales relativas al sistema financiero. La reforma financiera tiene por objetivo ampliar el crédito y hacerlo “más barato” a fin de que contribuya al desarrollo económico. Estas leyes modificadas buscan fomentar la competencia en el sector y supuestamente bajar las tasas de interés y aumentar la oferta de crédito, incrementar la participación de la banca de desarrollo en créditos destinados a infraestructura y a pequeñas y medianas empresas e incluye hasta líneas con de perspectiva de género (créditos a las mujeres), así como agilizar esquemas de otorgamiento de crédito, pero también de ejecución de garantías y recuperación. ¡Aguas!

Por cierto, en el acto de promulgación al que asistieron los altos funcionarios de Hacienda y la Banca, muy cerca del presidente Peña estuvo el senador veracruzano José Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se procesaron diversos dictámenes de las reformas en materia económica y fiscal.

En los medios, el Informe de Fiscalización 2012

En asunto ventilado en los medios se convirtió la discusión del Informe del Resultado a la Fiscalización de las cuentas públicas de 2012 rendido por el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) a la Comisión de Vigilancia del Congreso. En vez de revisarse primero al interior de esa comisión integrada por 15 diputados y fijar ahí sus posiciones en favor o en contra del dictamen, varios de los diputados llevaron el tema a conferencias de prensa, en las que prevalecen no tanto los datos duros del informe, sino sus presunciones y el sospechosismo. Aunque la rendición de cuentas de los recursos ejercidos por las instituciones públicas y las observaciones hechas en su revisión son asuntos de transparencia, legalidad y democracia de los que debe informarse a la ciudadanía, el debate en los medios se observa parcial, partidizado y sobre todo unilateral. En la opinión pública no se conoce aún el informe, sin embargo, el presidente de la Comisión, Francisco Garrido, adelantó en conferencia de prensa el monto del presunto daño patrimonial en 409 millones de pesos, y la identificación de las principales dependencias –Comunicaciones y fideicomisos de puentes, y 38 gobiernos municipales presuntamente responsables–; por su parte, la bancada minoritaria del PAN y su coordinador Julen Rementería, quien inicialmente se quejaba de falta de información, ahora se queja de que la mayoría de los municipios señalados (24 de 38) son de su partido, y como no le gustó, alega que es muy raro que no estén incluidos los grandes del PRI, como Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos o Tuxpan, o por qué sí la Secretaría de Comunicaciones con 44 millones, pero no la Sefiplan. Sin embargo, no aporta prueba alguna para fundamentar la inclusión de las que quiere ver atoradas. Lo cierto es que como los diputados no elaboran las auditorías y además los actuales están recién llegados, carecen de criterios para juzgar técnicamente si las revisiones son correctas o no. Las más de mil auditorías al sector público de Veracruz fueron realizadas por el órgano técnico, el Orfis, directamente o mediante despachos de auditoría, así que a lo más que pueden llegar los diputados es a recibir explicaciones de cómo se realizaron y cuáles fueron los resultados. Si hay inconsistencias en ellos, primero deben encontrarlas y mostrarlas, pero como apenas están asimilando la voluminosa información, por lo que se ve todavía no la digieren y se les ha indigestado, como a Julen, porque hay, a su juicio, demasiados del PAN.

Contribuiría a abrir el debate, ya que los diputados quieren incidir en la opinión antes de que haya dictamen, que de una vez hagan público el informe del Orfis, para que sepamos bien de qué están hablando y no nos limiten a sus declaraciones.