Asuntos Públicos: PENSIONES

Es cuento viejo el desequilibrio financiero del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), el déficit de operación que presenta entre los ingresos recibidos por concepto de cuotas y aportaciones de los trabajadores en activo y sus patrones gubernamentales, y el costo por prestaciones a jubilados y pensionados, además de que no es una situación privativa del estado de Veracruz, sino de prácticamente todos los sistemas pensionarios del país.

Lo saben bien los financieros y no por casualidad, en México (como en otras partes del mundo), se plantearon y realizaron reformas a los sistemas de pensiones, para modificar los esquemas originales para crear cuentas individuales de ahorro para el retiro, como las que rigen en el IMSS desde el gobierno de Ernesto Zedillo o las implantadas en el ISSSTE durante el gobierno de Felipe Calderón, a diferencia de las vigentes en Veracruz y otras entidades en las que las cuotas de la población en activo sostiene o debe sostener los pagos de beneficios definidos a los jubilados y pensionados.

En Veracruz se comenzó a advertir la tendencia deficitaria ya hace muchos años. Los llamados estudios actuariales que proyectan a mediano y largo plazo el comportamiento poblacional y financiero de las instituciones pensionarias, ya en la época del gobierno de Patricio Chirinos (1992-1998) diagnosticaban que los ingresos propios del IPE serían insuficientes para el pago de las pensiones y jubilaciones. El IPE, creado en 1958, no exhibió las debilidades de su esquema financiero de inmediato, sino hasta que comenzó el crecimiento de su población jubilada, además de su combinación con el aumento de la esperanza de vida y el congelamiento de porcentajes bajos de las cuotas y aportaciones y la ausencia de topes a los montos que podían recibirse como pensiones, las plazas múltiples o la sabida maniobra de promover ascensos a los próximos a jubilarse, y posteriormente cobrar niveles en los que cotizaron muy poco tiempo.

En 1996, después de mantenerse 7% de cuota laboral y aportación, por cerca de 40 años, se elevaron a 11% para el trabajador y 13.53% a los patones gubernamentales, mismo porcentaje que se mantiene hasta la fecha. El gobierno de Miguel Alemán sólo manoseó la posibilidad de una reforma –pretendieron llegar a un modelo de cuentas individuales, como el del IMSS o ISSSTE–, sin embargo ante la oposición de los sindicatos dejó las cosas como estaban y se limitó a comenzar a cubrir como subsidio las diferencias entre los ingresos de cuotas y aportaciones y el importe de las pensiones.

A la llegada de Fidel Herrera al Gobierno del Estado, el importe del subsidio, en 2005, fue de 900 millones de pesos y para 2006 se proyectaron 1,250 millones de pesos. En noviembre de 2007 se realizó la última reforma al régimen de pensiones, que no se metió con las cuotas y menos con un cambio radical del esquema, sino que se centró en mover la edad jubilatoria y por vejez de 55 a 60 años. No habiéndose cambiado la estructura central del financiamiento, los efectos de esa reforma igualmente sólo han atemperado el déficit. En el gobierno de Javier Duarte, el importe del subsidio anda alrededor de los 700 y 750 millones de pesos anuales.

Informes y calificaciones

El más reciente informe de fiscalización del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el correspondiente al ejercicio de 2012, retoma la vieja problemática del IPE, los estudios actuariales y actualiza la previsión de los más recientes. Para este año, la población de derechohabientes en activo era de 95 mil 959 trabajadores y 23 mil 714 pensionados y jubilados.

Al citar el estudio efectuado por la consultora actuarial, con datos al cierre de diciembre de 2012, refiere los juicios sobre las precedentes reformas al IPE: “Las anteriores valuaciones actuariales concluyeron que la reforma a la ley del IPE de 1996 (la de Chirinos) era insuficiente, no sólo para el periodo de transición, sino para las nuevas generaciones que ingresaron a partir de la entrada en vigor de la nueva ley” (las reformas no se aplican retroactivamente, sino a los que se incorporan con posterioridad).

Asimismo, sobre la reforma de noviembre de 2007 (la de Fidel Herrera), señala: “Esta medida tiene como consecuencia una disminución considerable en los subsidios gubernamentales que recibirá el IPE en el corto y mediano plazo, aunque a partir de 2038 los subsidios requeridos serán superiores a los estimados antes de la reforma. El estudio actuarial citado indica que la nueva reforma (la de 2007) continúa siendo insuficiente para dar viabilidad financiera al IPE, sin embargo la disminución del monto de los subsidios requeridos reduce la presión sobre las finanzas públicas estatales durante los próximos años, lo que se traduce en mayor tiempo para negociar nuevas reformas”.

El informe del Orfis también menciona el reporte de la calificadora Fitch Ratings, emitido en septiembre de 2013, el cual utiliza como referencia el mismo estudio actuarial antes citado, pero interpretado de otra manera. Aunque el estudio actuarial reconoce una reducción del subsidio gubernamental y la obtención de tiempo para una nueva reforma, Fitch coloca el tema en un plazo menor, estimando que “esto representa una limitante importante en la calificación crediticia del Veracruz”. Cuestión de ópticas y criterios.

¿Habrá reforma?

Desde el punto de vista del gobierno no resulta sencillo decidir el tiempo y las modalidades de una reforma. Las visiones simplistas y sensacionalistas enfocan el problema en la corrupción o mala administración, los mitos de la quiebra o la caja chica, soslayando la inoperancia financiera de los esquemas pensionarios vigentes (hay varias generaciones, según la ley que les aplique). Lo cierto es que las pensiones y jubilaciones, como otras prestaciones, como los préstamos personales, no han dejado de cubrirse, con todo y los requerimientos de subsidio y de eventual falta de liquidez que suele presentarse al filo del pago mensual de las pensiones. La reserva técnica, intocable, que sólo se reinvierte en instituciones financieras, ha crecido y registra, al cierre de 2012, 4 mil 622 millones de pesos. Para una reforma, ya se sabe, el principal obstáculo son los sindicatos, que no desean una reducción en los montos de los beneficios que se reciben, menos consentir un aumento en sus contribuciones. Los tiempos políticos que calculan el costo electoral y de fricción sindical aconsejan también no moverle al tema, pero el esquema financiero, es claro, es insuficiente. Tampoco es para caer en alarmismo, nadie que analice las cifras puede concluir que hay una emergencia financiera. Pero algunos grupos sacan raja de exagerar la situación.