Asuntos Públicos: TRANSPARENCIA FORZADA; HIDROELÉCTRICA Y SISTEMA DE AGUA

La elevación de las protestas la semana pasada al proyecto de construcción de una planta hidroeléctrica en la llamada cuenca del rio La Antigua –que también comprende el suministro de agua a Xalapa-, a cargo del consorcio brasileño Odebretch en asociación con el Gobierno del Estado, que alcanzo el jueves el bloqueo de la autopista Xalapa Veracruz a la altura de Tamarindo, es una llamada de atención a los errores de planeación y ejecución de obras públicas.

No es la primera vez que se muestra la resistencia de los habitantes de la zona de Jalcomulco y alrededores, como tampoco las críticas de organizaciones ambientalistas y grupos académicos a los inconvenientes económicos, sociales y ambientales de las obras proyectadas, sin embargo, en vez de haberlas desactivado con una mayor información, y en su caso negociación, les han picado la cresta a la sociedad con los inicios de los trabajos de exploración y mecánica de suelo, mismo que rebasaron incluso los permisos concedidos, creyéndose allá que la construcción de la presa y la planta hidroeléctrica había arrancado.

Los bloques de caminos en la zona de Jalcomulco y el traslado de la propuesta a un punto crítico, la carretera federal, obligaron al gobierno del Estado y a una comisión de diputados locales, a convenir a los representantes del movimiento autollamado “Pueblos Unidos de la Cuenca de La Antigua” una serie de acciones; inspecciones al sitio –que se hicieron el pasado viernes- y a iniciar a partir de hoy en el congreso local “mesas de diálogo” para conocer las afectaciones posibles del proyecto de la Hidroeléctrica. No es la mejor formula dejar crecer la inconformidad por la falta de información y negociación y sólo cuando comienza la toma de carreteras abrir la mesas de diálogo. No obstante que se ha filtrado la supuesta presencia de intereses políticos y económicos en el fomento del movimiento, la principal falla procede de la estrategia de planeación unilateral y de las omisiones informativas de los alcances del proyecto; no sólo de su impacto ambiental, que debe formular la ejecutora y evaluar y autorizar la Secretaría Federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sino también del esquema legal y financiero –ya aprobado por el Congreso local-, pero del que ignoran los detalles contractuales, que son obligaciones financieras de largo plazo para el gobierno de Veracruz.

INFORMACIÓN INCOMPLETA

Si en caso del impacto ambiental y las consecuencias del proyecto para la población involucrada hay un total ausencia de información, lo que se conoce del esquema legal y financiero de la asociación Odebretch-Gobierno del Estado es sólo parcial; no obstante haber decretos aprobados por el Congreso local y declaraciones a medios de funcionarios del estado.

Se sabe por declaraciones que el proyecto es amplio y diverso, que comprende la construcción de una presa sobre varios ríos de región, entre ellos el río de Los Pescados, un sistema de bombeo y conducción a la zona metropolitana de Xalapa y una central de generación de energía Hidroeléctrica. Asimismo se han mencionado montos de inversión del orden de 7 mil 500 millones de pesos y de una construcción de servicio a un plazo de 25 años.

LOS DECRETOS

Hay dos decretos aprobados por la pasada legislatura y publicados en la Gaceta Oficial del 18 de marzo de 2013, que aunque facultad al gobernador a realizar los actos relacionados con el proyecto carecen de suficiente información y motivación.

1) El decreto 824 autoriza al titular del Ejecutivo para integrar una sociedad de propósito específico que será constituida a fin de llevar a cabo el proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa, bajo la modalidad de proyecto de presentación de servicios en los términos y condiciones del los proyectos de contratos correspondientes que integran el expediente. Este mismo decreto autorizó al titular del Ejecutivo a afectar las partidas presupuestales para cubrir las obligaciones de pago por parte de la Comisión de Agua del Estado (CAEV), incluyendo la previsión para 2013, así como para iniciar el procedimiento de contratación de la “Sociedad de propósito específico” por parte de la CAEV y a “formalizar el modelo de contrato de presentación de servicios que integra el expediente con un plazo de operación de 25 años”.

2) El otro decreto, publicado ese mismo día, el 823, autoriza también al titular del Ejecutivo a celebrar un contrato de presentación de servicios integrales de largo plazo para fines de autoabastecimiento de energía eléctrica bajo tecnología renovable con un inversionista prestador, y de igual manera que en esquema anterior, a realizar a afectaciones presupuestales multianuales con forme al contrato, y a formalizar dicho contrato por un plazo de 20 años y a la creación de un mecanismo financiero de garantía de pago.

Pese a que en los decretos se remita a los contratos anexos “ que integran el expediente”, estos no se hicieron públicos y se desconoce su contenido. Es hora de que se conozcan.

ESQUEMA LEGAL

Por inferencia de los textos legales se entiende que la operación se enmarca en la Ley de Proyectos para la presentación deservicios –de 2007- que permite que el Estado celebre contratos con un inversionista a largo plazo, y en otra ley, de Fomento Económico –de 2009-, que complementa la asociación empresarial y concede discrecionalmente la opción de asignar directamente el proyecto al socio privado, si su componente financiero en la inversión es superior a la del Estado, en cuyo caso, “se les podrá otorgar directamente la concesión del servicio público”. El problema no es de legalidad, aunque sí de discrecionalidad, ya que no hubo apertura de competencia entre inversionistas ni ha quedado claro por qué se escogió a Odebretch y no a otra. Dicho sea de paso, ambas leyes, especialmente la de fomento económico, ameritan una revisión y ser acotadas.

NO ES TARDE PARA ABRIR

No está en duda la solvencia del consorcio brasileño Odebretch ni su capacidad ejecutora, es bien sabida su importancia trasnacional, y las inversiones que ya realiza en el estado, como la planta de Etileno en el Sur, y otras más que proyecta., tampoco la necesidad de resolver el problema estacional del agua en Xalapa y terminar con la dependencia del agua suministrada desde el estado de Puebla, sometida a periódicas presiones y chantajes. Se equivocó la estrategia de planeación y ejecución al omitir información de impacto ambiental y financiera –administrativa y eludir la comunicación y negociación con la población involucrada. Estas omisiones no afectaron a los ciudadanos de Xalapa o del resto del estado, ya que la carga presupuestal a largo plazo que soportarán las finanzas públicas está diluida y muchos ni siquiera se han enterado de que la habrá. En cambio, la incertidumbre en que se colocó a la población donde se ejecutarán las obras movió el tapete al planeador unilateral. La protesta comunitaria ha forzado la apertura del tema, haciendo visible la cuantiosa inversión en jugo, y como en el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, seguramente provocará la realización de foros públicos sobre el impacto ambiental y de pasada que sirva para transparentar el esquema asociativo y financiero pactado con el consorcio brasileño Odebretch.