Asuntos Públicos: LEGISLAR A TODO VAPOR

A pocos días de que inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la agenda legislativa que deberán desahogar diputados y senadores se ve completamente saturada. En parte por los dictámenes que quedaron pendientes del periodo pasado, pero la mayor carga vendrá –como es sabido– de las adecuaciones a la legislación secundaria que tienen que hacerse conforme a plazos y obligaciones derivadas de las múltiples reformas constitucionales ya promulgas o en vías de serlo; además de las iniciativas que en ese contexto envíe el Ejecutivo federal.

El periodo establecido para los trabajos legislativos es de 3 meses; empieza el 1 de febrero y concluye el 30 de abril, pero como no sesionan todos los días se calculan alrededor de 10 sesiones por mes y 30 en total. En ese lapso tendrían que procesar poco más de 120 dictámenes de reformas a leyes o de nuevos ordenamientos. Además de cumplir con el proceso legislativo bicamaral, como es el del Congreso de la Unión, el cual requiere en una iniciativa de ley o reforma de la aprobación en ambas cámaras y, si no hay especificación, convenir cuál de ellas será cámara de origen y cuál la revisora.

Las reuniones previas de los grupos legislativos, algunas con participación de funcionarios federales, comienzan a fijar las agendas, y el panorama es de congestionamiento, que obligará a la búsqueda de acuerdos sobre prioridades y procedimientos revisores y en su caso aprobatorios, si se quiere cumplir con los mandatos consignados en los artículos transitorios de la reformas. Y sin descartarse de antemano los periodos extraordinarios.

De lo que ya se sabe que deberán atender y de comunicaciones acerca del tema, tan sólo de las reformas constitucionales que son prioritarias para la Presidencia de la República y su partido, el PRI, así como del interés de los principales partidos de oposición, el PAN y el PRD, se estima que la de Telecomunicaciones y Competencia económica se compone de 20 leyes secundarias; la energética entre 26 y 29, la político electoral 12, la de transparencia 9, además de las relativas a la Ley de víctimas del delito, el Código Federal de Procedimientos Penales, corrupción y consulta popular.

Proceso político

Más allá del estereotipo del legislador “levantadedo”, modernizado en apretador de tablero electrónico de votación, ya se sabe que el mayor trabajo de análisis y técnica legislativa se desarrolla en las comisiones del ramo, que cuentan con numerosos asesores; pero el contenido de la ley no deja de ser político y por ello tiene que ver con posiciones ideológicas, acuerdos entre grupos legislativos, consensos, oposiciones y cálculos de votación; en suma decisiones políticas.

Todo indica que estará movido el próximo periodo, que abre cartelera el próximo sábado.

Cartografía legal

Si ya resultó complejo seguirle pista a la gran cantidades de reformas constitucionales del primer año de la presidencia de Peña Nieto, ahora hay que estar atentos a la su legislación secundaria. Y, por si fuera poco, su enfoque altamente centralista repercute en condicionamientos y directrices que deben consignarse en las legislaciones de los estados; no pocas de las materias constitucionales reformadas obligan a éstos a adecuar también sus leyes locales, en algunos casos directamente –como en la reforma educativa–, otros, como la reforma política-electoral, transparencia y anticorrupción, o el código modelo de procedimientos penales, deberán esperar a que se aprueben en las leyes federales secundarias para que les corra el plazo a los estados para efectuar sus propias reformas. Harán falta nuevas cartografías de la legislación mexicana, federal y estatal. Por leyes no paramos; se legisla a todo vapor, a la velocidad de la red. Falta que se cumplan y surtan los efectos pretendidos. Ese es otro cantar.

Congreso local

La actual legislatura del estado que se instaló en noviembre pasado está por concluir este viernes su primer periodo ordinario de sesiones, le quedan dos sesiones, la de hoy y la del próximo jueves. De los asuntos preferentes de obligación constitucional sólo está pendiente el dictamen y, en su caso, aprobación de las cuentas públicas del ejercicio 2012, conforme al Informe de la Fiscalización rendido por el Orfis a la Comisión de Vigilancia del Congreso, el cual se pretende tener listo en la sesión del jueves.

Llama la atención que no se haya aún agendado la reforma constitucional al Poder Judicial, la que concede voto a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia para elegir a su presidente, aprobada en primera vuelta en la pasada legislatura y que requiere de ser validada por la actual para cumplir con el procedimiento de reforma.

Si ya cambiaron la línea, no pasará en lo que falta del periodo y quedará anulada. Ya se verá. Tampoco han entrado las iniciativas de reformas en materia educativa, pero para éstas pueden luego convocar a periodo extraordinario. Veremos qué sale en lo poco que les falta para irse de vacaciones y reanudar –salvo llamados extraordinarios– hasta mayo.