Asuntos Públicos: ANTISECUESTROS

Con escepticismo se ha recibido la nueva estrategia federal para combatir el delito de secuestro. Al segundo año de su gestión, el gobierno de Enrique Peña Nieto puede presumir del amplio paquete reformista que consiguió se aprobara en el Congreso de la Unión y los pactos con las fuerzas políticas nacionales para crear expectativas de crecimiento e inversión a mediano plazo, aún por aterrizar, pero muestra debilidad y poco resultado en el empleo, los ingresos, el combate en la pobreza y evidentemente en materia de seguridad.

Si bien es cierto que el nuevo gobierno partió de una situación heredada, ya transcurrió un poco más de un año y algunos problemas como –el de la seguridad- no terminan de resolverse. La intervención Federal en Michoacán, donde se designó a un coordinador “de desarrollo y seguridad” (además de relegar a su gobernador), es obvia reacción a la derrota del primer año para restaurar la paz en ese estado, como la designación de la Coordinación Nacional Antisecuestros, y el nuevo plan recién anunciado, lo es de la incapacidad para abatir los índices –reconocidos y de cifras negras- en ese delito, que preocupa a la sociedad, pero sobretodo a las personas de mayor capacidad económica y especialmente a inversionistas extranjeros. La presencia e intervención de Peña Nieto al Foro Económico Internacional celebrado hace unos días en Davos, Suiza, fue un termómetro de la percepción externa del país, y como se ha sabido, aún con la diplomacia y el reconocimiento a las reformas logradas, no faltaron las reservas de los representantes de capital global acerca de las autodefensas y los riesgos de seguridad, en particular la de los secuestros, por cierto, uno de los temas centrales de la alerta norteamericana a sus viajeros a nuestro país.

Reactiva ambas medidas –Michoacán y Antisecuestros-, ésta ultima tiene también su reflejo en las cifras oficiales reportadas por las procuradurías de los estados al Sistema Nacional de Seguridad Pública –las cifras más actuales muestran un crecimiento del 30 por ciento en los secuestros, una tendencia ascendente en 2013, en las que se denunciaron poco más de unos 1600 casos., esta cifra no coincide con los registros de organizaciones, que estiman el doble, y mucho menos con la llamada cifra negra, -los que no son denunciados-, que según un medio nacional, con base en la encuesta de victimización del INEGI, es de 98 por ciento, es decir, sólo 2 de cada 100 secuestros son denunciados. Esto no obstante los varios programas especializados que ha impulsado el Gobierno Federal y en los que ha incorporado a los gobiernos estatales. Al menos hay tres antecedentes –en el gobierno de Zedillo en 1977, con Fox en 2001 y el de Felipe Calderón en 2008. Sin embargo, en una década el secuestro se disparó en 310%.

MÁS DE LO MISMO

El discurso oficial de ahora no es muy distinto de los anteriores. Además del melodrama retórico del daño que causa ese delito en las personas y en la sociedad por la privación ilegal de la libertad y la exigencia de dinero a cambio, que en ocasiones termina con el homicidio de la víctima aun cuando se haya pagado el rescate, y la promesa de autoridades de capturar y sancionar a los delincuentes la estrategia operativa no ofrece mucha diferencia; se repiten como slogans la coordinación institucional, la depuración de unidades especializadas “antisecuestros” en el país, evaluación y vigilancia a sus integrantes; la homologación de marcos legales (la pena se ha incrementado ya sin que baje el delito), y protocolos de atención de denuncias, la “inteligencia” en la acción, los sistemas de datos compartidos, la focalización en los estados de mayor incidencia –Veracruz es mencionado entre los 10 de índices más elevados-, la difusión de información de ayuda a víctimas, el fomento de la denuncia y apoyos del fondo de seguridad.

Lo único nuevo es la figura del “coordinador”, que es designado por el secretario de Gobernación, pero quien ocupa ese cargo era ya subprocurador el la Procuraduría General de la República. La creación de un comité especial de seguimiento y evaluación al que se incorpora un Gobernador en representación de la Conago y 4 representantes de la sociedad civil, no es más que un foro para la legitimar el más reciente programa antisecuestro. No se desconoce las presentaciones y “desarticulación” de bandas de secuestradores difundidas en los medios, pero el crecimiento en las cifras indica que todavía estamos lejos de erradicar el problema.

Lo importante es la eficacia en la acción, mientras no se consiga disminuir ese delito, lo demás es palabrería.

LAS CIFRAS DE VERACRUZ

La reducción de la incidencia delictiva conseguida en el estado por el gobernador Javier Duarte, en 2013 (de 77 mil 938 el año previo a 45 mil), notable entre otros en la caída de denuncias de robos, no se ha reflejado en el secuestro. En 2013 de los 1,695 denunciados en el país y consignados en el sistema nacional de seguridad pública, 102 corresponden a Veracruz. En la proyección de años anteriores, se registraron 91 en 2012 y 60 en 2011.

Hacia atrás las cifra negra, es todavía más negra y menos confiable. En 2010, el último año de Fidel Herrera, se reportaron 17, y en el periodo de 2005 a 2010 un total de 73 secuestros, sin embargo, se recuerda que la confiabilidad de esas cifras fue cuestionada por el entonces presidente Felipe Calderón, quien cerca del final de su mandato, aunque una coyuntura electoral, acusó al ex gobernador de ocultamientos de datos. “Los reportes que tenemos de seguridad pública reportaban cero secuestros”, “yo no creo que no había víctimas en Veracruz. Yo creo que las desaparecían”.

POLITIZADOS DE LA TERCERA EDAD

La Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado (COPIPEV), ha encontrado su terapia ocupación en la protesta callejera, como la de ayer en Xalapa, y la búsqueda de audiencias con el gobernador para discutir la situación con el IPE. En sus distintos pliegos manifestados desde su creación hace un par de años se observa una gran desinformación, como si la pelearan con fantasmas o molinos de viento. Aunque no es desconocido que el IPE padece de un desequilibrio financiero estructural –sus ingresos por cuotas y aportaciones no alcanzan para el pago de sus pensiones y requieren el subsidio mensual del Gobierno del Estado-, es falso que esté en quiebra y que se vayan a dejar de pagar a pensionados, la misma ley obliga al Gobierno del Estado al pago; tampoco hay nada que se vaya a abolir el sistema pensionario actualmente y a sustituir por un modelo de cuentas individuales de ahorro para el retiro, y menos que esté pudiera afectar a los que ya gozan de una pensión, como deberían saber, no cabe en el sistema jurídico del país la retroactividad en el perjuicio de persona alguna. No faltan la exigencias de pagos de adeudos del Gobierno del Estado al IPE, cuentas que dicen sacar desde Miguel Alemán, y en un descuido calcularán lo que no pagó Marco Antonio Muñoz cuando fundó el Instituto de Compensaciones para el retiro, antecedente del IPE. Al parecer lo que más quieren es un lugar en el Consejo Directivo del instituto, pero la ley vigente no se los concede. Aparte de eso habría que ver la representatividad que tienen, aun entre los pensionados, cuya población es cerca de 25 mil, de los cuales el COPIPEV no agrupa ni al 5%. Y ayer en su protesta no eran ni los 300 espartanos, los que concedieron una tregua a cambio de audiencias con los delegados regionales del IMSS. Su actividad política es terapia ocupacional de la tercera edad. Hoy comenzarán a pagarles a los pensionados el mes de enero. Ya verán qué plantón hacen para el siguiente mes.