Asuntos Públicos: COMUNICACIONES, AL BANQUILLO

Aprobadas las cuentas públicas de 2012 por el Congreso local en su última sesión del pasado jueves, comenzará en el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) –una vez que se publique el decreto–, la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones para el grupo de ex servidores públicos que fueron señalados en el informe de fiscalización.

Como ya se ha comentado, el interés se centra en el paquete de observaciones de probable daño patrimonial, el cual asciende a 409 millones de pesos, repartidos entre siete dependencias del Poder Ejecutivo y 38 ayuntamientos.

Aunque no es la que tuvo el señalamiento de mayor cuantía (la mayor es el fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, con 225 millones de pesos), la ex Secretaría de Comunicaciones, hoy Secretaría de Infraestructura y Obras públicas (SIOP), es de las que levantaron más expectación. En primer lugar, por tratarse de una dependencia del Poder Ejecutivo, a la que no obstante las recurrentes observaciones por el desorden administrativo en otros ejercicios, no se le había imputado antes algún daño patrimonial y menos responsabilidad a sus funcionarios. Además, el informe de fiscalización vino a confirmar una línea de posibles desvíos en esa dependencia que fueron denunciados por el actual titular, Gerardo Buganza, en su comparecencia ante diputados en diciembre pasado; pero sobre todo, porque involucran en el ejercicio de presunta corrupción con las obras públicas al entonces secretario de Comunicaciones y actual diputado local del PRI por Boca del Río, Raúl Zarrabal Ferat.

Al margen de la segregación de Zarrabal del grupo gobernante, no le concedieron ninguna presidencia de comisión en el Congreso, no obstante sus antecedentes como secretario de despacho, y fue excluido de participar en la revisión y dictamen del Informe de Fiscalización, y de las conjeturas de deslealtad política que habrían motivado las investigaciones de su gestión como secretario de Comunicaciones, lo cierto es que tendrá que rendir cuentas en algún momento sobre imputaciones muy concretas, en las que por su naturaleza resarcitoria no se descarta que los involucrados tengan que devolver lo que se comieron.

EL DAÑO PATRIMONIAL EN COMUNICACIONES

Con todo y que recibieron más de 100 observaciones y que el monto del daño patrimonial pudo haber sido estimado mayor (por ejemplo omisiones documentales en numerosas obras que impiden su evaluación, anticipos no recuperados o no aplicación de fianzas o sanciones), solo 17 de ellas, por un total de 44 millones 606 mil 779 pesos, se consideraron irregularidades de esta clase.

A pesar de la rebaja, no será fácil que consigan comprobar ahora lo que no pudieron hacer en la previa oportunidad de 20 días que ya tuvieron. Sobresale un grupo de obras de reencarpetado en varias zonas urbanas del estado por un monto de casi 12 millones de pesos, en los que la revisión encontró que pretendieron comprobar el recurso ejercido con documentación correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009. Otra obra carretera por más de 6 millones de pesos en la que la supuesta comprobación no corresponde a la descripción de obra reportada, otra más de modernización de camino por 4.2 millones de pesos con documentación comprobatoria incompleta y también determinación de obra pagada y no ejecutada, por 6 millones de pesos, como en el puente de Santa Fe, que estaba suspendida, además de insumos pagados y no utilizados en obra, tales como emulsiones, material pétreo y acarreos, cuando la obra era de concreto hidráulico, entre otros.

EL SIGUIENTE PELDAÑO

Cabe mencionar que en el informe del Orfis no parece señalado expresamente el ex secretario de Comunicaciones, Raúl Zarrabal Ferat. El golpe directo le pega a directores de carreteras, la unidad de licitaciones, la dirección de asuntos jurídicos y la unidad administrativa, quienes serían en primera instancia los citados a comparecer al Orfis.

Sin embargo, Zarrabal, como los constructores implicados, no están exentos de que les alcance la responsabilidad resarcitoria o pagadora. De acuerdo con la ley de fiscalización son sujetos de esta responsabilidad servidores públicos o ex servidores públicos, y en su caso los particulares, por los actos y omisiones que causen daño o perjuicio estimable en dinero al patrimonio de los entes fiscalizables. La indemnización se finca en primer término a quienes directamente ejecutaron los actos o incurrieron en las omisiones que las originaron, y solidariamente, a quien por la índole de sus atribuciones, como es el caso de un secretario de despacho, omitió la revisión o autorizó tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia.

Tan pronto llamen a cuentas a los directamente implicados, se comenzará a saber hasta dónde apretará la cuerda el Orfis, si amarran a Zarrabal y hay vómito negro o no. Por lo pronto tocarle el tema al diputado del PRI es como hablar de la soga en la casa del ahorcado.

MANZUR A BANOBRAS

Sin ceremonia protocolaria de toma de protesta, Salvador Manzur Díaz ya despacha como delegado de Banobras en el estado. Como se manejó desde hace unos días, cuando trascendió que no sería presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y apareció respaldando a Elizabeth Morales para ese cargo al que estuvo perfilado, se confirmó la llegada del ex alcalde y diputado federal y secretario de Finanzas a la delegación de la banca de desarrollo del Gobierno Federal. La semana pasada acudió Manzur a las oficinas centrales de Banobras para afinar los detalles de su nombramiento y ayer se supo que ya está en funciones. Exonerado de toda responsabilidad del incidente electoral en que fue involucrado por los partidos de oposición PAN-PRD al calor del pasado proceso, Manzur, como se esperaba, recibe la merecida reivindicación. Estaba en la banca y ha pasado a una mejor banca, a la de desarrollo.