Asuntos Públicos: BLOQUEA CONGRESO REFORMA JUDICIAL

Concluido el periodo ordinario del Congreso local el pasado 31 de enero sin que se hubiera agendado la votación sobre la reforma a la Constitución Política del Estado en materia judicial para ampliar el pleno de magistrados del Tribunal Superior en la elección de su presidente, esa reforma quedó trunca, duerme ya el sueño de los justos.

Como se recuerda, en mayo pasado, la legislatura en funciones dictaminó un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución promovidas por el Poder Judicial, proceso en el que fueron desechadas las de naturaleza económico presupuestal –como la pretensión de obtener un porcentaje fijo del presupuesto global del estado–, pero aprobaron que en la elección de presidente del Tribunal Superior de Justicia, el pleno electivo fuese integrado por los 30 magistrados que lo conforman en vez de los 8 presidentes de sala, como lo dispone la constitución política vigente. Sin embargo, el procedimiento de reforma constitucional de Veracruz prevé que para que dicho proceso se consume, debe aprobarse en el Congreso local en votación de mayoría calificada por dos periodos ordinarios consecutivos. Es obvio que al no votarse en el periodo que pasó, la reforma constitucional se interrumpió, y para que se reabra, si no se hizo cuando sólo faltaba un periodo, menos se hará ahora. La vieja demanda de los magistrados de participar en un pleno ampliado que se juzga más democrático fue sólo un atolazo con el dedo, que no duró mucho.

Las razones de la omisión son obviamente políticas, y tocará a los mismos magistrados desentrañarlas. A ver quién explica las causas por las que se varió la decisión y si en mayo se dispuso democratizar la elección de presidente del Tribunal y representante del Poder Judicial, por qué no se mantuvo y se optó por mantenerla cerrada a la pequeña oligarquía electiva de 8 magistrados. No se duda que tenga que ver con las polémicas y señalamientos de arreglos de camarilla que acompañaron la más reciente elección de presidente del Tribunal en noviembre pasado, en el que dos magistradas aspirantes a la presidencia –Yolanda Cecilia Castañeda y Concepción Flores Saviaga– señalaron la compra de votos en favor del reelecto magistrado Alberto Sosa Hernández. A lo mejor se asustaron con el petate del soso, y la alarma de que si esa controversia se da cuando cuando votan 8, imaginen qué pasaría en una asamblea de 30 magistrados. La maleta del señor billegas (con B) tendría que ser más gorda. El mensaje es que los magistrados, como menores de edad política, no están preparados para la democracia interna.

INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL

Otra cuestión es la responsabilidad de los actuales diputados locales por incumplimiento de la ley, es decir, por no cumplir de su deber legal. Es posible que lo ignoren, pero es principio jurídico que “el legislador” debería saber que la ignorancia de la ley no lo exime de su cumplimiento. La ley reglamentaria del artículo 84 en materia de reformas constitucionales parciales expresamente señala en su artículo 9: “Todo proyecto de decreto de reforma constitucional aprobado en un primer periodo de sesiones ordinarias será nuevamente discutido y votado en el siguiente, en la sesión que determine la Junta de Trabajos Legislativos”. Podrían disculparse los integrantes del pleno, pues no se las pasaron a votación, pero no la Junta de Trabajos Legislativos, la que controla la agenda y el orden del día de las sesiones, y que está integrada por la presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. El imperativo de la ley citada “será nuevamente discutido y votado” no significaba que debían aprobarla, pero sí someterla a votación. Simplemente ignoraron el mandato legal. Ni las formas cuidaron.

BARCLAY A TURISMO

Removido el pasado jueves como gerente del organismo promotor de vivienda del Gobierno del Estado, Invivienda, donde fue reemplazado por Enrique Nachón, ex funcionario de Infonavit, el arquitecto Manuel Barclay está por incorporarse a una dirección en la Secretaría federal de Turismo. Cumplió aquí Barclay un ciclo de siete años en Invivienda, y ahora emprenderá su aventura turística al lado de su amigo Salvador Sánchez, el ex secretario de Finanzas, quien como se sabe se desempeña como subsecretario de Planeación y Política Turística en la dependencia federal que encabeza Claudia Ruiz Salinas, la sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

REVÉS A MAGISTRADO

Trascendió que se la ha acabado la cuerda de las chicanadas al magistrado Ricardo Rodolfo Murga Contreras, aferrado al cargo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, pese al vencimiento del periodo de 10 años para el que fue nombrado. Se sabe que un tribunal colegiado del Poder Judicial Federal, con sede en el Puerto de Veracruz, le ha dado palo definitivo a su demanda de amparo interpuesta en diciembre de 2010 contra la separación del cargo. Su amparo fue negado por un juez de distrito desde 2012, pero se benefició Murga de una suspensión que le concedieron, la cual se extendió por el recurso de revisión promovido. Hay información de que el pasado viernes se resolvió dicho recurso, confirmando la sentencia del juez de distrito y negando la procedencia pretendida por Ricardo Murga. La conclusión de este juicio remueve el impedimento para que asuma el cargo de magistrado el juez Jorge Espinoza, nombrado por el Congreso en diciembre de 2010, condicionando a su toma de protesta a la terminación del citado juicio de amparo. No le saldrá barata a Murga la reclamación por daños y perjuicios que seguramente le cobrará el abogado Jorge Espinoza por los más de 3 años que no pudo desempeñar el cargo de magistrado y permaneció como juez de primera instancia. Por lo pronto, se aplicarán los 700 mil pesos en efectivo otorgados por Murga como garantía cuando le concedieron la suspensión del acto reclamado. Agotados los recursos, pronto Murga será ex magistrado.