Asuntos Públicos: TÚNEL SUMERGIDO

En el impasse por la falta de publicación en la Gaceta Oficial del decreto por el cual el Congreso local aprobó las cuentas públicas de 2012 el pasado 30 de enero, siguen las expectativas sobre la fase de determinación de responsabilidades para los ex servidores públicos o en funciones involucrados en el presunto daño patrimonial señalado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

El desfile de imputados no podrá comenzar hasta que aparezca publicado el citado decreto y puedan ser citados a una audiencia de última oportunidad para ofrecer pruebas y alegatos, prevista más por garantía de audiencia previa a la resolución responsiva, que por otra cosa, ya que los señalados tuvieron ya un plazo de 20 días para solventar las observaciones sin que lo hayan hecho.

Por el monto del posible daño causado al erario público, con mucho lo más grueso está en la construcción interminable del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos y en la administración del puente Coatzacoalcos I, ambos manejados por fideicomisos públicos de los que formaron parte funcionarios estatales y empresas privadas. Más de la mitad del total del daño patrimonial determinado en 409 millones para siete dependencias del Ejecutivo y 38 ayuntamientos se concentra en los dos fideicomisos –225.7 millones de pesos–, y principalmente en el Túnel Sumergido, que reporta un posible daño patrimonial por 233 millones de pesos, mientras que el Coatzacoalcos I, casi 7 millones y medio de pesos en irregularidades.

El primero de ellos, en el que se menciona al licenciado Luis Rafael Anaya de la Fuente, el Director de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado como secretario técnico del Fideicomiso, es que tendrá problemas más serios para evitar se les finque responsabilidades y hasta tengan que responder con indemnizaciones los involucrados. La integración de irregularidades detalla una gran cantidad de observaciones por costos inflados, estimaciones de obra pagadas sin soportes, ni dictamen, pagos extraordinarios considerados contractual y técnicamente improcedentes, volúmenes de obra que no cuadran, lo que vaticina una controversia técnica y de habilidad defraudadora de pronóstico reservado. Por ahora, la banderilla del Orfis resume la determinación del daño patrimonial en 225.7 millones de pesos, con un desglose por costos elevados por 12.6 millones de pesos, deductiva de 5 al millar por el monto ejercido 2.7 millones, sanción por incumplimiento por 4 millones y por diferencias de volúmenes de obra, ausencia de números generadores y análisis de precios extraordinarios por 206.7 millones.

Más barato le salió al fideicomiso Coatzacoalcos I, el que presidió Raúl Zarrabal Ferat, que es captador de los ingresos del puente, cuyos montos se transfieren al otro fideicomiso para la construcción del Túnel Sumergido. Su principal observación de daño patrimonial por 7.4 millones de pesos corresponde a pagos hechos por ese importe a la concesionaria Túnel de Coatzacoalcos por concepto de “gastos de concesionaria” sin que exista evidencia de la documentación comprobatoria.

Obra interminable

El Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, una compleja obra de infraestructura planeada para reemplazar la obsolescencia del puente Coatzacoalcos I y facilitar la movilidad vehicular en la zona sur del país, conectará a Coatzacoalcos con la comunidad de Allende por debajo del río, a lo largo de poco más de 3 mil metros y 4 carriles. Su financiamiento ha tenido fondos federales y estatales, además de los de la concesionaria, varias empresas, entre ellas, CAABSA, Concesiones Viales, Fomento de Construcciones Contratadas y Obras Portuarias de Coatzacoalcos, algunas de capital español, la que se adjudicó el contrato de construcción, explotación y conservación a partir de 2004.

La auditoría del Orfis a la obra del Túnel Sumergido y la administración de los recursos del puente Coatzacoalcos I sólo confirma el conflicto que se hizo público hace unos meses del Gobierno del Estado con la concesionaria y empresas asociadas al mantenimiento y operación del puente. Como se sabe, esa obra ha estado muy manoseada desde sus orígenes y en sucesivos gobiernos; sus montos y plazos de terminación se han modificado varias veces. Cuando se adjudicó en 2004 se convino que iba a terminarse en 3 años, a un costo de 1,731 millones de pesos, después que en 2010 y ya llevamos 14 años sin que se vea la fecha de conclusión. El costo igualmente se ha escalado, sin que se conozca el total que se invertirá, aunque se hablaba de más de 3 mil millones, enfatizándose que el Gobierno del Estado ya había aportado su parte, pero que la concesionaria no tenía dinero para terminar.

A ver si ahora rinden cuentas. Y de pasada, a ver cuándo terminan.