Asuntos Públicos: EL HOMICIDIO DE GREGORIO

Lamentablemente fue encontrado muerto ayer el reportero de Coatzacoalcos, Gregorio Jiménez de la Cruz.

Secuestrado de su domicilio en la congregación Allende de ese municipio el pasado miércoles por un grupo armado, el caso alcanzó de inmediato gran revuelo en medios de comunicación, especialmente en redes sociales, por manifestaciones gremiales y solidaridad de organizaciones defensoras de derechos humanos y la libertad de expresión que demandaron al Gobierno del Estado su localización y rescate. Desafortunadamente, no obstante el intenso operativo policiaco militar de búsqueda desplegado en esa zona, no fue posible hallarlo con vida. Había sido asesinado al día siguiente de su secuestro y sepultado en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas, donde también se encontraron otros dos cadáveres.

La resolución del caso en su vertiente policiaca fue expuesta por el procurador Amadeo Flores Espinosa en una conferencia de prensa en la que, junto con el móvil delictivo, fueron presentados como responsables 4 personas, la autora intelectual y tres de sus sicarios. Se confirmó la línea de investigación principal y que condujo a las aprehensiones y a la ubicación de las fosas clandestinas, la misma que había señalado la esposa del victimado y el medio impreso –Notisur– para la que Gregorio cubría la fuente policiaca en la Congregación de Allende: Gregorio había tenido problemas personales con la dueña de un bar (El Mamey) ubicado en su barrio, quien antes lo había amenazado e incluso se cuenta un precedente de riña entre esa mujer y la hija del periodista –la que sostenía una relación sentimental que terminó en pleito con un hijo de aquella. Según las confesiones, Teresa de Jesús Hernández, la autora intelectual, pagó a los sicarios 20 mil pesos por el secuestro y homicidio. Penoso final de la vida de Gregorio, a quien sus compañeros avalaron como persona honorable y de condición humilde, lo que puede apreciarse en la precariedad de la vivienda que habitaba con su familia y la zona en que ésta se ubica. Un episodio de miseria humana y criminalidad.

Politización del tema

De acuerdo con las evidencias y datos de la investigación, no se observa que se trate de un tema de ataques contra la libertad de expresión o el ejercicio de la actividad periodística. Exigido como protocolo que la autoridad investigadora deba considerar esta hipótesis cuando un comunicador es víctima de un delito contra su libertad, integridad física, patrimonio o vida, en el caso de Gregorio la indagatoria la descartó, al encontrar más viable el móvil de la venganza o represalia por cuestiones personales, la que finalmente se acreditó y permitió la detención de los responsables. El secuestro y homicidio de Gregorio agravia a todos, pero, se debe resaltar, no ha quedado impune. Los responsables enfrentarán los cargos y, esperemos, la sanción por su crimen.

Con todo, no deja de ser notorio el clima informativo revuelto en el que no faltan posicionamientos que buscan sacar raja del asunto. Cada quien tiene sus motivos de acción y sin duda que es lucrativo al protagonismo y los intereses grupales diversos, echar culpas sin responsabilidad ni fundamento. A algunos de escepticismo pragmático anti-autoridad no habrá gustado que el móvil no haya sido “ataques a la libertad de prensa” o “falta de garantías para el ejercicio del periodismo”. Otros actores políticos intentarán atribuir la comisión del delito al “clima de inseguridad en el estado”, y tampoco los que cuestionen la eficacia de los organismos de defensa de derechos y de protección a periodistas. Las medidas preventivas especiales de seguridad y protección, no sólo a periodistas sino a cualquier persona, podrían funcionar cuando la persona en riesgo acude a una instancia en busca de ayuda, pero no puede exigirse a la autoridad que atienda lo que no ha sido denunciado.

Es cierto que el gobierno debe preservar el estado de derecho y garantizar la seguridad de las personas, enunciado general que en términos prácticos no consigue inhibir la voluntad humana de cometer un delito. Realizado éste, por más que duela, lo que sigue es que no haya impunidad.

La crisis de seguridad detonada por el secuestro de Gregorio –el gabinete de seguridad y comunicación social se trasladó varios días a Coatzacoalcos– tuvo un desfogue con la detención de los responsables del crimen, pero un desenlace trágico en la perspectiva de la víctima y sus familiares.

A ver en cuánto tiempo los activistas dejan descansar la memoria de Gregorio. No parece coherente exigir justicia para los crímenes de periodistas y cuando hay detenciones e imputaciones a los presuntos responsables, descalificar sin más las investigaciones oficiales.

¿Autodefensas?

No está confirmado ni hay evidencias confiables –por más que algunos quieran propalarlo– de que hay en Veracruz los llamados grupos de autodefensa, policías comunitarios o civiles armados paramilitares que han tomado las armas para hacer justicia por propia mano. Tomados idílicamente como una respuesta ciudadana de cuestionamiento a la autoridad, ante la incapacidad del Estado de mantener el estado de derecho y repeler supuestamente a la delincuencia organizada, en el país estos grupos se hicieron notables en el estado de Michoacán (y ha habido algunos brotes en Oaxaca y Guerrero), donde como es sabido el mismo Gobierno Federal los está “incorporando a la policía oficial. Recientemente alguien subió unas fotos a internet con un comunicado y se autonombró vocero de las autodefensas de Zongolica. El Gobierno del Estado negó su existencia, al igual que representantes del Ejército y de la autoridad municipal del municipio serrano. Ayer lo desmintió también el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Rubido, quien sin mencionar a Veracruz descartó la aparición de autodefensas en cualquier otra zona del país. Aseguró que en otras entidades “los niveles de violencia no son similares a los de Michoacán”.

Todo indica que aparte de la moda a la quieren trepar a Veracruz, no es más que la picazón del rumor, propio de la vida social, y su amplificación a que se tiende por intereses de grupo en la esfera de la comunicación pública.

No sería la primera vez. En marzo del año pasado hubo un montaje, también divulgado en internet, de una supuesta aparición de autodefensas en Tlalixcoyan. Entonces era periodo electoral y después no se volvió a saber del tema.