Asuntos Públicos: REACCIONES

Como se esperaba, ayer cundieron en diversas esferas públicas las reacciones ante el desenlace del secuestro y homicidio de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de la fuente policiaca del diario Notisur que se edita en Coatzacoalcos.

Entre la pena y la indignación, la obligada condena y la exigencia de pleno esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables, los distintos actores que se hicieron visibles en medios de comunicación, manifestaciones públicas y espacios institucionales, incluso en el sepelio del reportero que ayer se realizó, expusieron sus antagónicos puntos de vista. Cada quien su óptica; polemizaron, unos a favor y otros con cuestionamientos, principalmente sobre el comunicado de la Procuraduría de Justicia del Estado; el que como es sabido determinó como móvil delictivo un acto de venganza motivado por rencillas personales, y por lo cual aprehendió a la presunta autora intelectual y a 4 de los sicarios contratados. El tema aún fresco y con ingredientes atractivos para el combate de posiciones –la seguridad pública y los posibles ataques a la prensa y al ejercicio del periodismo– seguirá dando de qué hablar por unos días más.

PUNTO DE ACUERDO

Uno de los espacios de la controversia por la pluralidad de su integración fue la Cámara federal de Diputados, donde hubo encendidos debates de representantes de las fuerzas políticas representadas. En el debate que concluyó con la aprobación unánime de un punto de acuerdo consensuado por la Junta de Coordinación Política, participaron como oradores representantes de las diferentes bancadas legislativas, la mayoría de ellos del estado de Veracruz. Por el PRD, expusieron su posición Uriel Flores Aguayo (PRD), diputado por Xalapa, Roberto López Suárez y Yazmín Copete Zapot, diputada de la zona de Los Tuxtlas, pero electa por la vía plurinominal. Por el Movimiento Ciudadano subió a tribuna Ricardo García Berdeja y por el Panal José Angelino Caamal Mena; uno de los más radicales, que refriteó la estadística y la peligrosidad del oficio periodístico (más grave que en Irak), lo que es ya un lugar común, fue Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hoy del PT, pero con antecedentes en el PRD y de activismo político en Veracruz. Por el PAN argumentó Mariana Dunyaska García Rojas, diputada plurinominal y notaria pública en el alud de patentes concedidas por el ex gobernador Fidel Herrera. Aunque algunos medios le atribuyeron haber exigido la renuncia del gobernador Javier Duarte y del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, lo que podría interpretarse como una contraofensiva por el deslinde con el antecesor, en realidad no hubo tal expresión. La versión estenográfica del diario de debates de la sesión de ayer no lo registra. La defensa oficial la hizo el diputado del PRI por Xalapa, Alejandro Montano.

Después del minuto de silencio por la muerte de Gregorio, se aprobó el punto de acuerdo que, por cierto, tampoco pide que el Gobierno Federal atraiga la investigación ministerial como también erróneamente se difundió.

En primer punto del acuerdo contiene la reprobación de la Cámara de Diputados al asesinato del periodista y expresa condolencias a sus familiares y al gremio periodístico; y el segundo es, por un lado, un exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Estado a “continuar con las investigaciones y se castigue a los responsables”, y por el otro, la solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR) para que en coadyuvancia (no atracción) determine si hay indicios de participación de la delincuencia organizada en el crimen perpetrado por las razones consignadas en la averiguación previa. La indagatoria sigue abierta, y ayer se informó que había sido aprehendido otro de los sicarios. Hay seis consignados por el crimen. Mientras tanto la ola mediática, que ayer subió, hoy se verá de qué tamaño anda y cuándo durará en la agenda informativa.

OCEANOGRÁFICA Y BUENO TORIO

Aquí pasó casi desapercibida la nota que informó de la multa por 24 millones de pesos e inhabilitación para contratar con el Gobierno Federal por casi 2 años a la empresa Oceanografía, una de las proveedoras de servicios más importantes de Pemex. Uno de los más interesados en que no se hagan olas con esa empresa ampliamente favorecida por los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón es el actual diputado federal del PAN, el cordobés Juan Bueno Torio. No le conviene que ahora se recuerde que durante su gestión como director de Pemex Refinación, entre el cúmulo de denuncias que tuvo por tráfico de influencias a familiares y amigos figuró la mentada Oceanografía, a través de su filial Ocean Mexicana, ambas conectadas con los hijos de doña Marta Sahagún, la primera dama de Vicente Fox. Protegido por las administraciones panistas, Bueno Torio obtuvo impunidad, mas no los chivos expiatorios cercanos a su esfera de decisión. En 2011, todavía en el gobierno de Calderón, 14 funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), precisamente de Pemex Refinación, según expediente instruido por la Secretaría de la Función Pública, fueron inhabilitados por 10 años y condenados a pagar multas que en total suman unos 400 millones de dólares por una licitación fraudulenta, así como en pagos excesivos en la renta de buques a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana SA de CV y Grupo TMM. En las aguas de Oceanografía y su sanción, Bueno Torio nada “de muertito”.