Asuntos Públicos: RUMORES DE CAMBIOS

En breve se tendrá que despejar la ola de rumores sobre inminentes cambios en el gabinete del gobernador Javier Duarte de Ochoa. A las versiones del relevo del Procurador General de Justicia Amadeo Flores Espinosa, especulada desde hace varios meses, y que al parecer se aplazó por la emergencia del secuestro y homicidio del reportero de Coatzacoalcos, Gregorio Jiménez, se sumó este viernes la supuesta filtración de la salida conjunta del Procurador y de Gina Domínguez, Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Como se sabe, ambos funcionarios han estado en el ojo del huracán cíclicamente por los casos de violencia contra periodistas, al igual que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien sin embargo no ha sido mencionado en el paquete de relevos en la administración estatal.

Es sintomático de la situación en puerta que el mismo gobernador no atajó estas versiones, pudiendo hacerlo, cuando el pasado viernes en un evento en el Puerto de Veracruz los reporteros le preguntaron acerca del tema, se limitó a decir que no haría ningún comentario al respecto. Abona a la especulación del No Comments, la supuesta conferencia de prensa que daría hoy por la mañana el gobernador.

En la baraja de cambios se mencionaron hasta los nombres. El presidente del IVAI, Luis Ángel Bravo, abogado de Córdoba, sería el nuevo Procurador de Justicia y Alberto Silva, ex alcalde de Tuxpan y actual secretario de Desarrollo Social, el coordinador de Comunicación social.

Otra versión sobre la conferencia de hoy es que por pura comunicación social, el gobernador iniciaría este lunes la práctica de dar conferencias de prensa.

Como sea hoy se sabrá –si es que se realiza la supuesta conferencia– qué hay de cierto en las especulaciones.

El TIming

Siendo el gobernador el titular unipersonal del Poder Ejecutivo, tiene facultades para nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho, con las especificaciones que marque la ley, que en los dos casos mencionados, solo el nombramiento del Procurador requiere de la ratificación por mayoría calificada del Congreso local, lo que en la actual legislatura, controlada ampliamente por el PRI y aliados, no representa ningún problema.

No extrañaría la eventual salida de Amadeo Flores Espinosa de la Procuraduría. Sea hoy o después. Llegado hace dos años al cargo como bombero, para el que debió solicitar licencia como diputado federal, se sabía de su decisión de cerrar el ciclo en la Procuraduría desde antes de la emergencia por el caso Gregorio y de las fricciones tenidas con el secretario de Seguridad por la resolución del secuestro y homicidio del joven cantante Gibrán David Martiz.

La posición de Amadeo Flores como procurador quedó vulnerable a partir de la revocación hecha a fines del año pasado en el Tribunal Superior de Justicia a la sentencia condenatoria de primera instancia en contra de El Silva por el homicidio de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez. Entonces no le aceptó su renuncia el gobernador, por estimarse que el fallo había estado viciado por los intereses extrajudiciales del par de magistrados que concedieron la liberación de El Silva. Por cierto que dicho proceso judicial no está terminado, pues los familiares de la víctima, apoyados en la acusación que hizo la Procuraduría, interpuso un juicio de amparo contra la liberación de El Silva, el cual está pendiente de resolución en un Tribunal Federal Colegiado del Circuito de Xalapa.

Lo que no está claro es si es ahora el mejor momento para aceptarle la renuncia o remover al Procurador. El secuestro y homicidio del reportero Gregorio Jiménez, por sus características, que combinan las condiciones de seguridad pública con el ejercicio del periodismo, como era de esperarse, dados los precedentes de ataques en Veracruz y en el país contra comunicadores, ha atraído los reflectores a Veracruz y metido a actores sociales y políticos que alcanzan sus 15 minutos de fama rasgándose las vestiduras en la defensa de la libertad de expresión.

No hay que perder de vista que en este caso no puede hablarse de impunidad o negligencia de la procuraduría. El turismo activista que arribó este fin de semana al estado para “esclarecer las causas del crimen” y que de entrada desestima la versión de los motivos personales –las rencillas entre la dueña del bar y Gregorio y su familia– no puede ignorar que, derivado de las investigaciones y de los operativos de localización, hay 6 personas consignadas –una por la autoría intelectual y los demás como sicarios– y que está abierto el proceso penal en contra de ellas. Igualmente se sabe que las autoridades del Ministerio Público han ofrecido la apertura del expediente a los “investigadores gremiales”, que por sus típicas posturas no sorprendería que al final rechacen la indagatoria. Al margen de los motivos, lo más importante es que se acredite en el proceso la culpabilidad de los indiciados y que no haya impunidad.

Un cambio de funcionarios, concurrente con la presión de organizaciones, de medios adversos y grupos de oposición, podría sugerir que desde la cabeza del gobierno se desacredita la investigación realizada por la Procuraduría y de refilón las acciones de comunicación social que no contuvieron la inevitable ofensiva mediática.

Fusibles

Pero al final de cuentas, los titulares de las dependencias son para el gobernador, como fusibles, reemplazables. Si éste juzga que están fundidos o que sustituirlos conviene a su política de operación e imagen echarlos como lastres, será su propia decisión. Lo mismo que conservar otros que para la mirada externa están más que quemados y sin embargo, no se plantea o rumora el cambio.

Hoy se verá.