Asuntos Públicos: NUEVO REPARTO DE PODER EN EL GABINETE

Con los nombramientos efectuados ayer por el gobernador Javier Duarte -sumando al de Procurador General de Justicia, donde desde el miércoles hay encargado del despacho mientras el Congreso hace la ratificación de ley- quedó resuelto el anunciado ajuste su gabinete.

Sin una evaluación situacional o desempeño de los removidos, aunque cada quien tiene su análisis e hipótesis de causa y motivo, en la que sobresale la reciente crisis de seguridad, procuración de justicia y comunicación social por todos sabida, los desgastes personales, las fricciones interiores y caída de la gracia del señor, el gobernador Duarte prefirió justificar los cambios en el mensaje general, del relevo institucional, retórica administrativa, y exhortos al cumplimiento de los fines de servicio público, usual para salir del paso en un protocolo de toma de protesta a los nuevo funcionarios.


El caso es que los reemplazos ya están ahí –como se daba por descontado desde hace unos días, Luis Ángel Bravo ya despacha como procurador, y a partir de ayer asumió sus nuevas posiciones Alberto Silva, coordinador de Comunicación Social, Juan Manuel del Castillo, secretario particular y la ex vocera Gina Domínguez, absolutamente disminuida en la inexistente “Secretaría Técnica del Gobernador”. En cambio, no le alcanzo el vendaval al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien permanece incólume en su cargo.

Aunque se diga que el poder no se comparte, y que el poder ejecutivo es unipersonal y recae en el gobernador, no es más que un lugar común, una frase echa que suena bien, más no corresponde a la realidad. La complejidad de la operación del gobierno, que actúa por delegación y coordinación jerárquica y entre iguales, impone la distribución del mando. De ahí que es evidente que se ha producido un nuevo reparto de poder al interior del gabinete.

EL CÍRCULO

El gobernador ha cerrado aún más su estrecho círculo de delegaciones del mando, y la depuración y reacomodo acentúa la presencia de Silva y Carvallo –aunada a la posición clave en la que se halla colocado Erick lagos, en la Secretaría de Gobierno, no obstante el contrapeso de Marlon Ramírez en la subsecretaría como pieza de Carvallo. Los tres acercados por distintas vía s a lo largo del tramo recorrido por la administración que va en su cuarto año de gestión, se colocan en el primer círculo; además, por la importancia estratégica de sus responsabilidades, tienen su propia esfera, Bermúdez en seguridad, y Charleston en Fianzas, aunque no se les ve con influencia general. Los demás del gabinete, como zapatero a tus zapatos, cada quien en lo que toca.

Se consuma la reacomodación del grupo cercano del gobernador Duarte, y por el momento quedará de lado la cuestión de nuevos cambios de primer nivel, hasta que las circunstancias lo requieran en alguna área específica o para el año entrante en que se abra el proceso electoral para contender por las diputaciones federales, en el que seguramente varios del gabinete saldrán a buscarlas.

Con el beneficio de la duda, tienen los funcionarios el bono del recién llegado; no muy larga luna de miel, pues los problemas propios de sus responsabilidades en corto tiempo exigirán los resultados. La sobrecarga de demandas y la escasez de recursos para atenderlas, ya se sabe, crean ambientes inestables y conflictivos que requieren de decisiones y acciones para mantener la gobernabilidad; todos estarán bajo presión en escenarios como el de la casa del jabonero, donde quien no cae resbala. Por lo pronto estrenan puesto los reacomodos y gozan de la ratificación los que no fueron tocados. Hasta la próxima crisis o purga.

EL PUENTE ROTO

¿Y quién va a pagar el puente roto? El derrumbe del inconcluso puente de la carretera federal Paso del Toro-Santa Fe, ocurrido hace un par de días, afortunadamente sin lesionados, debe ser investigado por las autoridades fiscalizadoras del gasto público, preferentemente federales, no por las áreas ejecutoras como la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), cuyo delegado estatal, William Knight, como si fuera el contratista, se apresuró a echarle la culpa a “fallas geológicas”.

Desde hace varios años -dicen que seis -, el delegado Knight no sabe ni cuánto tiempo lleva la obra, y eso que reconoce que él tiene un año en el cargo, se ha construido a retazos, y suspendida por varios periodos. Lo más grave es que han ejercido recursos públicos –no está claro si solo federales o también del estado- y hecho pagos a contratistas sin que se termine y ahora se ve con evidentes defectos de calidad de la obra. En otro tramo de esa misma carretera hay una estructura sobre rieles del ferrocarril que fueron construidos, obviamente pagados, y después abandonados. Se debe investigar y determinar las responsabilidades.

Es irresponsable y absurdo que tiren de esa manera el dinero de los contribuyentes.

DEL IVAI

Como consecuencia de la renuncias de Luis Ángel Bravo como consejero presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), los dos consejeros que quedaron se pusieron de acuerdo para que ocupe la presidencia José Luis Bueno Bello. Sin embargo, debe cubrirse la vacante. Bravo fue nombrado en 2011 por un periodo de seis años y sólo llevaba la mitad.

Los diputados andan hechos bolas con el tema y confundidos declaran que no han recibido la terna del gobernador, o que esperan a que se publique la convocatoria de selección, cuando no se requiere de este procedimiento. Es claro el articulo aplicable de la ley de la materia (50.2): “En caso de ausencia mayor a 60 días, el Congreso nombrará a quien le sustituya para culminar el periodo que le corresponda”.