Asuntos Públicos: LA REAPERTURA DE LA FUGA DEL CHAPO GUZMÁN

La festinada captura del más buscado narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán Loera El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa, efectuada el pasado sábado en Culiacán en un operativo de cooperación de la agencia norteamericana antidrogas la DEA, y el Gobierno Federal, ha tenido como una de sus aplicaciones inevitables que se vuelva la mirada a la coyuntura de su famoso escape de la prisión de alta seguridad en Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, al segundo mes del gobierno de alternancia del panista Vicente Fox, así como el esclarecimiento de las condiciones que le permitieron operar en la clandestinidad durante 13 años, en los cuales se convirtió en unos de los hombres más ricos del mundo.

Alado de las celebridades del éxito del Gobierno de Peña Nieto por el trofeo obtenido por la captura de mítico capo, el inicio del juicio penal a éste y el regateo con USA por la pretendida extradición, se ha abierto paso a la escena pública la exigencia de aclarar cómo se realizó su fuga, quiénes lo ayudaron, cuáles fueron sus redes gubernamentales de protección y la identidad de empresarios nacionales y extranjeros con los que realizo negocios, sabido que su cártel se distingue por los enormes volúmenes de dinero lavado. Y obviamente de que se investigue y sancione a los responsables que andan impunes.

Ayer, las complicidades no castigadas por la fuga de El Chapo, fue tema en la Cámara federal de Diputados y, como desde hace 13 años, el nombre de Miguel Ángel Yunes Linares salió a relucir.

Mucha tinta ha corrido sobre la historia de la peliculesca fuga del Penal Federal de Alta Seguridad de Puente Grande, reportada oficialmente el 20 de enero de 2001, su puestamente oculto en un carro de lavandería, otras versiones dicen que Salió con uniforme de policía; como haya sido, indudablemente con la complicidad de autoridades y personal del reclusorio y, como se recuerda, hubo un juicio penal por evasión de reos y cohecho en el que fueron sentenciados un numeroso grupo, más de 50 personas, el de más alto nivel el director del penal, Leonardo Beltrán Santana, ya libre, como la mayoría de los procesados.

IMPUNE

Sin embargo este juicio no dejo satisfecho a muchos, y quedo la sospecha de que fueron protegidos primero por el gobierno de Vicente Fox y después por el de Felipe Calderón, con impunidad, varios funcionarios de rango mayor de los que dependían las prisiones federales, y de otros, como Yunes Linares, que de facto las controlaban por medio de su equipo de incondicionales, como su subordinado de siempre, Enrique Pérez Rodríguez, director de Prevención y Readaptación Social, cuando se produjo la insólita evasión del Chapo Guzmán.

Hay numerosos reportajes y bibliografías acerca de la corrupción existente en el penal de Puente Grande en el periodo previo a la fuga, revelaciones de denuncias, declaraciones en el expediente de evasiones y reportes internos que constataron los privilegios de que gozaban los capos adentro –y en particular El Chapo-, de los sobornos a custodios y administración, situación irregular soslayada (se hicieron de la vista gorda) por el mando superior, que dependía primero de la Secretaría de Gobernación y, al cambio de gobierno en diciembre de 2000, de la Secretaría de Seguridad; inclusive que circulaban versiones de que se preparaba el escape, dada la proximidad de su extradición a USA (también lo sabían en Cisen); como ironía broma, el día previo a la fuga acudieron a revisar las condiciones de seguridad los entonces jefes de las prisiones federales, Jorge Tello Peón – subsecretario de seguridad- y Enrique Pérez, Director General de Prevención y Readaptación Social, sustituto en el cargo de Miguel Ángel Yunes Linares, su jefe, quien le heredó el puesto y el cuadro de colaboradores unos meses antes de la fuga.

YUNES LINARES Y LA FUGA DEL CHAPO

Es fundada la presunción de que Miguel Ángel Yunes Linares, manejaba las prisiones federales al momento de la fuga de El Chapo Guzmán, no directamente, sino a través de Enrique Pérez Rodríguez y su grupo. La relación de jerarquía de uno y subordinación del otro es antigua y clara; por todos conocida. Se acredita desde antes de que ambos llegaran a la administración de prisiones federales. En el gobierno de Patricio Chirinos, Yunes Linares es secretario de Gobierno y Pérez, primero su secretario particular y después director de la Policía Auxiliar, que ahora es el IPAX. Poco después de su salida del Gobierno de Veracruz –tras de la debacle en elecciones municipales como presidente del PRI en 1997-, Yunes Linares es rescatado en abril de 1999, todavía en el gobierno priista de Ernesto Cedillo, por el entonces Subsecretario de Gobernación Jesús Murillo Karam, (el actual procurador), siendo el secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa, y nombrado Director de Prevención y Readaptación Social. Entonces coloca a Enrique Pérez como director adjunto y a otros de su grupo en diferentes prisiones federales. Permanecen en esas posiciones hasta abril de 2000, Labastida deja Gobernación (al igual que Murillo Karam), para ser candidato del PRI a la Presidencia de la República y llega de titular de la Secretaría Diódoro Carrasco, quien nombra a Yunes Linares en mayo de 2000, coordinador de asesores. Es en ese momento que deja en su lugar a Enrique Pérez como director de Prevención y Readaptación Social, obviamente su subordinado empleado de confianza. Es cierto que a la alternancia del gobierno panista en diciembre de 2000, y en enero, al darse la fuga del Chapo, Yunes Linares estaba fuera de la estructura, pero su subordinado Enrique Pérez y sus demás secuaces todavía tenían el mando de las cárceles federales –y él, como cabeza del grupo.

Tanto Yunes como Pérez estaban al tanto de las condiciones de corrupción en el penal de Puente Grande, hay evidencias de que ambos fueron notificados de las irregularidades de privilegios del Chapo, como del Güero Palma y El Texas , los tres mandaban a dentro del reclusorio. Incluso, uno de los personajes menores sentenciados por la evasión del Chapo Guzmán, Francisco Fernández Ruiz, El Celaya, director de Seguridad y Custodia del Penal de Puente Grande, acusado de recibir sobornos de los capos, había colaborado con Yunes y su grupo desde que estaban en el Gobierno de Veracruz. Lo tuvieron en la Policía Auxiliar, y de coordinador de la Policía Intermunicipal de Xalapa, Banderilla – Tlalnelhuayocan.

El vínculo de subordinación de Enrique Pérez hacia él siguió y permanece; como director del ISSSTE en el gobierno de Calderón, Yunes hizo a Enrique Pérez delegado de esa institución en Veracruz, y no habiendo otra cosas mejor que ofrecerle, actualmente lo tiene como secretario del ayuntamiento de Boca del Río, donde es presidente municipal su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Por eso, es un distractor para bobos la declaración de Yunes Linares de que su implicación es “guerra sucia” por la política y que al momento de la fuga “era un simple ciudadano”, y como si nunca hubiera estado por ahí, sostener que “yo fui subsecretario de seguridad en enero de 2005”.

Yunes Linares, es sabido, dejó al PRI –cuando este partido dejó el poder, y se alió al PAN apoyado por la maestra hoy presa, Elba Esther Gordillo (con quien luego rompió)-, desde el gobierno de Fox y se refrendó con Calderón; ahora que ya no goza de esa protección política –y que se frustró en 2010 su enésima intentona de ser gobernador de Veracruz-, fue el candidato fallido del PAN, su impunidad por la fuga del Chapo (y otras muchas corruptelas) podría haberse acabado. No es un asunto de dimes y diretes en la prensa, sino de decisión política y judicial. La cuestión es hasta dónde va a llegar el gobierno de Enrique Peña Nieto y su Procurador Jesús Murillo Karam para responder a la exigencia de aclarar y sancionar a todos los responsables de la fuga del Chapo y a los que protegieron e hicieron negocios ilegales con él durante los 13 años del prófugo y prominente barón de la droga y el lavado de dinero. Pero de que Yunes Linares estaba en el arreglo, pocos lo dudan.