Asuntos Públicos: ARMONIZACIÓN DE LA LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN

En el plazo legal para adaptar la legislación local a la reforma constitucional en materia educativa y sus leyes reglamentadas aprobadas por el Congreso de la Unión el año pasado, aunque por la vía del Fas Track, como si hubiera para dispersar la revisión previa del dictamen, ayer el Congreso aprobó la iniciativa de Ley de Educación del estado, apenas remitida este lunes por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Dado que las reglas federales que constituyen la llamada Reforma Educativa –las contenidas en los artículos 3 y 37 de la Constitución de la República, con sus adicciones, la Reforma Ley Educativa, así como las leyes del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa- de aplicación en todo el país con jerarquía superior, la adaptación local está muy acotada.

Hay, como se sabe, disposición ineludible de observación nacional que no pueden variarse, tales como la obligatoriedad de la evaluación periódica del personal al sector educativo, en sus niveles básico y medio superior, al igual que la creación del Servicio Profesional Docente y el concurso de plazas para nuevo ingreso, proporción y permanencia en el servicio. Lo mismo para el criterio de los resultados de la evaluación para el personal vigente, dependiendo del tipo de nombramiento con que cuente a la fecha, situación prevista en los transitorios de la Ley del Servicio Profesional Docente.

El centralismo que presidio en la Federación de la Reforma Educativa dejó escasos márgenes a los estados; de ahí que la llamada armonización se haya centrado en lo que le dejaron de competencia; obviamente, la tarea sustantiva de impartir el servicio docente y administrativo y ciertos espacios en la evaluación educativa, uno de los renglones de mayor inquietud en los sindicatos y personal, ya que es clave para el ingreso, la promoción y permanencia en el empleo. No obstante que se creó a nivel nacional el Instituto Nacional para la evaluación Educativa, su función será rectora y se dejó a los estados la posibilidad de proponer criterios de “contextualización” y “parámetros complementarios” o “indicadores a la evaluación”, y lo más relevante, realizar la evaluación directamente al personal. La evaluación, aunque regula centralmente, se hará en casa.

EVALUACIÓN LOCAL

Por ello, uno de los elementos principales en los que se desarrolla la “armonización” de la ley local de la educación ayer aprobada, es la creación del “Instituto Veracruzano para el Desarrollo Profesional y la Evaluación Educativa”. Como no hay en la Reforma Federal nada explícito acerca del órgano evaluador local, la atribución es de la autoridad educativa estatal, salvo su obligada coordinación con el INEE y el cumplimiento de sus directrices en materia de pruebas y capacitación, la versión estatal ideó crear un organismo descentralizado, que en realidad sólo tiene autonomía formal, pues está controlado por la Secretaría de Educación del estado. A diferencia del órgano evaluador nacional, también creado como una descentralizada, con sus atributos de autonomía y personalidad y patrimonio propio, en el que su Junta de Gobierno se integra por 5 consejeros nombrados por el senado, por mayoría calificada mediante ternas propuestas por el Presidente de la República, aquí el control del organismo quedó en la secretaría de Educación del Estado. La Junta directiva del Instituto local se integra por 5 funcionarios de la SEV – la preside el secretario de la SEV- y 4 miembros de su Consejo Consultivo (formado por 12 miembros, propuestos por cuotas de las escuelas normales). La junta de gobierno dominada por la SEV nombrará al director general del instituto. Cómo aún no se ha integrado el Consejo Consultivo, los transitorios de la nueva ley conceden a los 5 funcionarios de la SEV nombrar desde ahora al director del instituto, que de cualquier forma, con consejo consultivo o sin él, habría tenido garantizada la decisión.

Al final de cuentas, no es lo más importante la naturaleza jurídica del órgano evaluador –la responsabilidad de esta tarea es del Gobierno del Estado, e incluso podría realizarla con los órganos actuales, con una estructura adicional de la SEV o un órgano desconcentrado-, lo sustancial es que funcione, que sea un filtro para impedir que quienes no están capacitados para impartir la educación ocupen las plazas y asciendan por recomendaciones y además promueva la profesionalización de la docencia. El objetivo sustancial de la Reforma Educativa, se dice, es elevar la calidad de la educación, aunque su aplicación política haya sido quebrar una de las bases de poder corporativo, los privilegios de sindicatos y funcionarios para apropiarse de plazas y promociones.

IMPLANTACIÓN

La protesta observada el año pasado en el país y en el estado por la reforma educativa se agotó. La principal opositora a la evaluación del magisterio para su permanencia en el sindicato mayor, el SNTE, Elba Esther Gordillo, ya cumplió un año en la cárcel. La disidencia de la CNTE está muy disminuida, aunque todavía quedan algunos brotes de descontento, incluso en Veracruz, son menores. No hay retorno a las viejas condiciones y se despejaron las falacias de que la reforma era atentatoria a los derechos laborales, que ponían en riesgo la estabilidad laboral o que privatizaría la educación.

Los sindicatos mayoritarios han aceptado –pues no había de otra- las nuevas reglas para el ingreso, la promoción y la permanencia. Aquí se celebraron numerosas reuniones con grupos magisteriales y más que nada se abrieron canales para acuerdos políticos, y se dice hay consenso en la Reforma Educativa.

La armonización legislativa, la Ley de Educación para el Estado, en realidad no trae nada nuevo, incorpora las normas obligatorias de la reforma federal educativa y sólo regula la participación estatal que en la evaluación. Si este reducto estatal que es la evaluación será el de los acuerdos políticos, en lo que se daría gatopardismo –cambiar para que todo quede igual- por liebre, ya se verá.

Mientras tanto, corren las fechas dispuestas por el centro. En julio de 2014, en los estados –y por tanto, en Veracruz- deberán realizarse los primeros concursos de nuevas plazas para el ingreso al servicio de educación básica y media superior y deben hacer público el calendario para los procesos de evaluación.

Y el próximo año les retiran el manejo de la nómina magisterial. Si la reforma educativa se reflejará en la calidad de la educación pública, está por verse.