Asuntos Públicos: FONDOS MUNICIPALES

Las protestas de presidentes municipales observadas recientemente en contra de presuntas iniciativas para quitarles el cobro del impuesto predial –la principal fuente propia de ingresos de los ayuntamientos-, y contra los nuevos lineamientos para el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal, podría tener una de sus causas en la desinformación, pero también en el centralismo, la complejidad y el burocratismo inherente a la nueva reglamentación.

Y si la tentativa de que el Gobierno del Estado asumiera el cobro del impuesto predial, luego de los lanzamientos que hizo el diputado Francisco Garrido, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, por su cuenta o enviado a tentarle el agua a los camotes, fue atajada por el Gobernador Javier Duarte, teniendo que salir a aclarar que no había tal intención, permanece aún el conflicto por el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal.

Todo el embrollo deriva de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal efectuadas en diciembre pasado por el Congreso de la Unión, aplicables este año, y a los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social, emitidos en febrero pasado por la Secretaría de Desarrollo Social.

En principio, se advierte una pobre y deficiente comunicación de las autoridades con los ayuntamientos, caso claro, la confusa intervención del diputado Garrido, quien en ningún momento explico a ediles –menos al público- que lo del impuesto predial era sólo una posibilidad (atada a incentivos fiscales), derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, pero su aplicación requería del consenso de cada ayuntamiento a fin de no violentar la autonomía municipal.

Distinta situación es la del Fondo de Infraestructura Social, también derivado de las mismas reformas, el cual se rige no sólo por una nueva fórmula de cálculo delñ fondo, supuestamente incorpora variables para premiar la eficacia en la reducción de la pobreza, sino también de una “nueva metodología y procedimientos para la distribución de los recursos”.

TECNOCRACIA EN ACCIÓN

A diferencias de las participaciones en impuestos que le corresponden a Estados y Municipios derivadas de su adhesión a la Coordinación Fiscal Nacional, y de los ingresos propios que pueden ejercer libremente, los fondos de aportaciones del Gobierno Federal están condicionados o “etiquetados” en su aplicación. Como los otorga el Gobierno Federal para determinados fines, les corresponde regularlos y supervisar su ejercicio. Es el caso del Fondo para la Infraestructura Social, cuyo problema no son los montos -este año se asignaron alrededor de 5 mil 238 millones de pesos al conjunto de municipios-, sino su nueva reglamentación bastante complicada, además de modificar unilateralmente los posibles proyectos susceptibles de financiamiento con este fondo.

La comprensión y aplicación de la “nueva metodología “ es tema especializado para expertos, que no habrá mucho y menos para pagarles en gran parte de los municipios. Sin cuestionar el objetivo de dirigir los recursos del fondo a atender necesidades de infraestructura de la población de pobreza extrema, sus imposiciones y procedimientos están cargados de tecnicismos y burocratismos –consultar indicadores de Coneval y INEGI, identificar zonas de Atención prioritaria (ZAP), elaborar informe anual de situación de pobreza y rezago social, entender los distintos tipos de proyectos, ceñirse a los porcentajes del total que deben usar en cada uno de ellos (el 60% debe ser de incidencia directa y el 15% complementarios o especiales), consultar el catalogo de tipos de proyectos, llenado de formatos, esto sólo para registro y aprobación de obra en la Sedesol; además su ejecución y posterior comprobación de recursos, ¿Tendrán para contratar especialistas en la nueva tramitología los municipios más pobres?.

Por otro lado, el problema es que les cambiaron la jugada a los alcaldes. Se quejan de que el catálogo de proyectos al que deben sujetarse preferencia los relativos a urbanización y vivienda, entre otros, y sus preferidos –como los caminos- se consideran complementarios; las nuevas reglas rompen la inercia de programación municipal, sobretodo en los rurales, y además los registre en cumplir sus “compromisos de campaña”. Por eso andan alborotados –sobretodos los del PRD- sin atinar qué acciones tomar, evaluando desde las movilizaciones hasta la interposición de recursos legales, que de intentarse no se cree vayan a prosperar.

Lo cierto es que no se ve haya sido muy efectiva en la persuasión a los munícipes la acción comunicativa emprendida en bloques por los funcionarios de desarrollo social, de la federación y del estado, ni el refuerzo del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), de quienes los ediles inconformes sostienen los amagan para aceptar “nueva metodología” del Fondo de Infraestructura Social.

A ese paso, los lineamientos de la Sedesol, además del conflicto político que se ve venir, podrían dificultar las planeaciones de las obras municipales entre que negocian y formulan los proyectos, el tiempo les gane y acaben en el subejercicio de los recursos.

PANISTAS, EMBARRADOS Y DIVIDIDOS

La pugna entre facciones del PAN por el control de la dirigencia, reabierta con el proceso interno hacia la elección en mayo, adicionalmente a su crisis por la pérdida del poder, enfrenta el rebote de sus causas corruptas impunes. La contienda entre el grupo que conservó el ex presidente Felipe Calderón, representado por el senador con licencia Ernesto Cordero, y el que reagrupó el presidente nacional ( con licencia), Gustavo madero, está atravesando por los ecos de la fuga y protección al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, refrescados con su captura y los escándalos de favoritismo a la empresa Oceanografía, hoy la villa favorita ambas situaciones amparadas por funcionarios del gobierno del PAN. Los dos temas le pegaron ayer a Madero en su gira de proselitismo por Veracruz. No oculto su alianza con Miguel Ángel Yunes Linares, uno de los señalados de haber facilitado en enero de 2001 la fuga del Chapo Guzmán del Penal de Puente Grande, Jalisco, a través de su grupo que controlaba los penales federales en aquella época. No le acompaño el diputado federal Juan Bueno Torio, éste señalado como director de Pemex Refinación de 2003 a 2006, de beneficiar a una filial de Oceanografía (Arrendadora Ocean Mexicana, SA de CV) como gestor de los intereses de la familia de los hijastros de Fox, además de su propia familia. Pero a Madero mismo le acompaña la exhibición de haber usado en una de sus giras el año pasado un avión particular de Oceanografía. Las manchas del PAN se apropian de su agenda de campaña.