Asuntos Públicos: CUESTIONA ASF A FISCALIZADORES LOCALES

No tiene mucha confianza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los órganos de fiscalización de los estados –como el Orfis aquí- a los que delega por convenio la revisión de algunos programas de gasto federalizado , y sobretodo tienen duda de su independencia y autonomía.

Aunque no es nuevo que se cuestione la autonomía de los fiscalizadores locales, ya se sabe, los actores políticos, especialmente los de oposición, con frecuencia ponen entredicho sus auditorías al gasto público, acusando de maquillaje a las cuentas, tratamiento diferenciado para eximir al grupo del poder y politización en los pocos que alcanzan a imputar algún daño patrimonial. Lo novedoso y relevante es que la crítica de la autonomía e independencia de los Orfis y sus análogos provenga de la institución responsable de la revisión y comprobación del gasto público federal.

En su último informe rendido por la ASF a la Cámara de Diputados por la auditoría de la Cuenta Pública federal de 2012, puede encontrarse su juicio acerca de sus colaboradores locales. Después de contrastar los resultados propios de su auditorías directas a entidades federativas (390), en las que determinó recuperación por 36 mil 588.6 millones de pesos, con las solicitadas a las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), un total de 290 auditorías “complementarias” con recuperaciones de 4 mil 220.4 millones de pesos, la ASF expone sus tesis de las limitaciones de los fiscalizadores locales.

No obstante expresarlo en un lenguaje institucional, no deja lugar a duda sus reservas cuando refiere que es “necesario reconocer que a nivel estatal existen situaciones reales que limitan el ejercicio cabal de las Entidades de Fiscalización Locales. En su enumeración menciona “ barreras de carácter operacional –como la asignación presupuestal in suficiente- o de “tipo gerencial”, como la elevada rotación de personal; sin embargo –explica-, el problema más difícil de resolver, por su naturaleza estructural y que afecta directamente el funcionamiento de estas instituciones, se refiere a la “independencia y autonomía del ente fiscalizador”. Escueta pero directa la banderilla. Además entre otros factores, menciona “los equilibrios políticos existentes; así como el nivel de independencia y diversificación locales”. Y concluye que “estas variables pueden distorsionar, inclusive, el ejercicio fiscalizador de instituciones que cuenten con un marco legal dotado de suficientes atribuciones y facultades”.

LA REVISIÓN EN VERACRUZ

Ya se ha comentado que en el ejercicio 2012 del gasto federalizado, según las 30 auditorías realizadas por ASF, como ya es recurrente, a Veracruz le fue como en feria. La mayoría de los dictámenes fueron negativos; de nuevo los fondos de la educación (FAEB), a los de Infraestructura Social, a Salud y a Seguridad Pública; otros fueron dictaminaos con salvedad y sólo unos cuantos “limpios”.

El gasto Federalizado que revisó la ASF fue de 33 mil millones de pesos transferidos a fines específicos como aportaciones o convenios con la Federación, de los cuales determinó debían recuperarse por incumplimiento de reglas de aplicación 7 mil 740 millones de pesos; cabe decir, la mayor cantidad detectada entre todas las entidades federativas. De esa cifra de recuperación , 5 mil 22 millones de pesos se consideran operadas, es decir, reintegradas a la Tesorería de la Federación o a las cuentas bancarias específicas de los fondos o programas; y probables o en proceso de comprobación 2 mil 717 millones de pesos. En contrate con los hoyos e irregularidades detectadas por la ASF – realizó 35 auditorías en una muestra de 2 mil 539.6 millones y sólo determinó recuperaciones por 9 millones 400 mil peos. La menor cantidad determinada en recuperaciones de todos los “Entes Fiscalización Superior Local”.

LA OLA CENTRALISTA

El cuestionamiento de la ASF a la falta de autonomía e independencia de los órganos de fiscalización local, no se duda, podría conducir a otra ola reformista en materia de rendición de cuentas. Los partidos de oposición tienen en su agenda el tema. La desconfianza en los gobernadores y su control político en las instituciones locales, incluso las de “autonomía formal”, mas no real, ya tiene precedentes de centralismo en el actual Gobierno Federal. Además de la desconfianza en ellos sobre el manejo de los recursos económicos.

El Pacto por México –negociado con la oposición- produjo la reforma electoral aprobada y, en vías de implicación, quitó a los gobernadores y grupos de poder local en los congresos estatales toda injerencia en las designaciones de los consejeros electorales y de los magistrados de tribunales electorales; en materia de transparencia concedió al órgano nacional (IFAI) facultades en su segunda instancia para revisar las resoluciones de los órganos locales de acceso a la información o para atraer los casos que juzgue de interés.

Del manejo financiero, es sabido que la visión central califica a los estados de malos administradores -cuando no de corruptos- y por ello las reformas que a partir del próximo centralizarán en la Tesorería de la Federación el pago de la nómina magistral y desde este año consolidan las compras de medicamentos de programas federales de salud.

No sería remoto, por ello, que en otra reforma, para garantizar la autonomía en la fiscalización de gastos de los estados y municipios, esas funciones precariamente desempeñadas por los órganos locales las subordinaran a la Auditoría Superior de la Federación.