Asuntos Públicos: TELECOMUNICACIONES

Ha entrado a su fase crítica la discusión de la iniciativa de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La reforma constitucional en la materia aprobada en mayo del año pasado agota los tiempos previstos para que el Congreso apruebe la legislación secundaria que aterrizará gran parte de las modificaciones al régimen de aprovechamiento, competencia y uso de los particulares, así como la regularización del estado sobre los recursos por los que se realiza la comunicación de televisión, telefonía, Internet y radiodifusión.

Presentada la reforma como una vía para garantizar las libertades de expresión y difusión, su núcleo es en realidad la introducción de la elementos de competencia y antimonopólicos, interconexiones entre concesionarios y figuras para determinar agentes preponderantes, con participación de infraestructura, Entre otros aspectos, que han enfrentado resistencias y conflictos entre los corporativos que ahora dominan los mercados de las telecomunicaciones. Aunque ya se ha avanzado en algunas líneas en las implicaciones de la reforma -como la creación del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la convocatoria para la licitación de dos cadenas nacionales de televisión abierta-, aún falta el paquete de reformas, la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como cambios en 11 leyes más, entre ellas las de inversión extranjera y la ley Federal de Derechos.

La iniciativa de leyes secundarias enviada al senado por el presidente peña hace un mes no ha tenido una buena recepción. Algunos puntos son rechazados desde una perspectiva ciudadana, como las facultades relativas a vigilancia de contenidos de la comunicación o bloqueos de señales, por ejemplo a Internet, interpretado como excesivo y violatorio de libertades, censura que ha dado lugar a protesta en calles y en las redes sociales. Pero quizá lo más contaminante, causa de polémica y falta de acuerdo entre los actores políticos en el Congreso es la elevada penetración de los intereses de los jugadores del mercado. No se trata de cabilderos –lo que además debería transparentarse-, Sino de auténticos representantes corporativos investidos de legisladores. Son la llamada tele bancada, diputados y senadores de nexos laborales y familiares con los empresarios sujetos regularización. Uno de los señalados, el senador del PAN, Javier Lozano, presidente de la comisión que dictamina la iniciativa, además de otros cuyos nombres son por todos conocidos. No hay consensos ni dictamen, los grupos legislativos están divididos y el tiempo se acaba. Hay que evitar que la ley secundaria nulifique la reforma.

RESOLUCIÓN DEL ORFIS

Hoy se vence el término para que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) dicte su resolución sobre los tres primeros expedientes en los que se desahogaron las audiencias de pruebas y alegatos derivadas de las observaciones de presunto daño patrimonial por el ejercicio de los recursos de la cuenta de 2012.

Según su calendario, abran de determinar si hay responsabilidades, indemnizaciones y sanciones económicas para los funcionarios involucrados de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), antes Secom, en la que compareció el diputado Zarrabal para tratar de solventar 44.6 millones de pesos presuntamente desviados en su gestión como secretario; el Instituto de Espacios Educativos, donde despachaban el actual subsecretario de Finanzas, Sergio de la Llave Migony, y la más esperada, la que corresponde al Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, atorado no sólo en su construcción sino con una imputación de presunto daño patrimonial por 225.7 millones de pesos.

Pese a que estas resoluciones no son definitivas, pues pueden ser impugnadas administrativamente -en revisión- y luego ser controvertidas judicialmente, en el estado y en la última instancia en el Poder Judicial Federal, apuntarán al sentido en que podrían terminar el recurso de la fiscalización. Al menos en la Secom y el Túnel no se prevé que hayan podido solventar las numerosas irregularidades que les detectó el Orfis. Ya se verá.

JULEN, A MENTADAS DE MADRE

En la pobreza del debate político, más bien en la vulgaridad, cayó el diputado del PAN Julen Rementería al referirse al auditor del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla. Es mal escudo asumirse jarocho y exhibir su conocida escasa educación formal: “como decimos en Veracruz, que tenga un poco de madre”, aventó en una declaración impropia de un representante popular. No sólo es una expresión políticamente incorrecta, sino que coloca el tema a un nivel personal y no institucional. Le salta el cobre; ante la falta de argumentos el insulto personal de barriada o cantinero. Lo jarocho no quita lo cortés.