Asuntos Públicos: EL TÚNEL, OTRO DESLINDE

Ante las evidencias públicas de las graves irregularidades en que habían incurrido funcionarios públicos del gobierno del estado y de la empresa concesionaria del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos (Cotuco) en la construcción de esa obra –encarecida al triple, desfalcada por siete años y detenidas sin terminar-, había la pregunta de cual sería el sentido en que desde la actual administración se indujera ventilar el asunto en el Congreso local, generando un tema de atención mediática.

El informe sobre la situación del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, rendido ayer en el Congreso por el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Gerardo Buganza –obviamente por instrucciones del Gobernador Javier Duarte de Ochoa-, . junto con las respuestas que dio las preguntas formuladas por los diputados locales, apuntó a varios frentes, todos con claras implicaciones no sólo penales y administrativas, sino también políticas.

Por encima de la confirmación de las irregularidades y su detalle, que supera lo que se sabía, el informe del Túnel marca el punto de la mayor ruptura entre el actual gobernador y su antecesor Fidel Herrera, cuyas consecuencias, sobretodo penales, que las tendrá, todavía son imprevisibles. No se trata esta vez sólo de establecer un límite entre la pretendida injerencia de Herrera en su sucesor, A quien he sabido impulso políticamente entre sus cachorros con miras manipulativas de Maximato y encubrimiento; ni de enunciados discursivos al “pasado” que ya no está, como aquel del mensaje del informe de gobierno del noviembre anterior. Hubo ayer una calificación de ilegalidad en el modo en que a tuvo la administración de Fidel Herrera, desventajosa y dañina del patrimonio del estado, en beneficio de la concesionaria del Túnel, la que encabeza y domina la española FCC.

RESPONSABILIDAD Y DENUNCIA

De la intervención de Buganza, se entiende, del gobernador Duarte, por ser aquél sólo su secretario, de entrada destacan dos aspectos relacionados que integrarían una doble responsabilidad penal: de los funcionarios del gobierno anterior y de la concesionaria. Por un lado, se mostró el cambio del esquema financiero de aportaciones, comparando el origen de 2004 con el que ópera modificado a 2014. Obviamente en el cambio salió perdiendo el estado y beneficiada la concesionaria.

El esquema inicial estableció que el gobierno del estado contribuía con 410 millones de pesos y ha terminado aportando 2 mil 326 millones. Asimismo, los otros componentes públicos de la mezclase se elevaron –los recursos del Fondo para Infraestructura (Fonadin), un poco mayor, pero muy superior la aportación de los ingresos del puente Coatzacoalcos I, que subió de 338 a 900 millones, es decir, los recursos públicos pactados se elevaron de 1,081 millones de pesos a 3 mil 594 millones. También modificaron los créditos al proyecto con garantía de fondos públicos, de 525 millones a 929 que finalmente se contrataron y ejerció la concesionaria. En cambio, la aportación privada aquí va a ser de 460 millones de pesos, se redujo a 389 millones. La desventaja se ilustra en términos porcentuales. Los recursos públicos iban a ser de 52.3% y han subido a 73%, mientras que los recursos privados de 22.3% sólo han aportado 7.9%. En ese lapso el monto de inversión se elevó de 2 mil 066 millones a 4 mil 913 millones de pesos. Ahora resulta que con el 7.9% de la inversión la concesionaria tiene derecho a cobrar los ingresos del peaje por 30 años. Bonito negocio.

Por otro lado, y qué es lo más grave, se señalo la ilegalidad de las autorizaciones para modificar dos veces las cláusulas de la concesión, tanto en la mezcla financiera como en los plazos de entrégate de la obra. Las modificaciones, sostuvo Buganza, fueron violatorias de los términos de la autorización que la Legislatura otorgó al Gobierno del Estado para concesionar la obra.

No suaviza el golpe que Buganza haya dicho que fueron los secretarios de comunicaciones de la anterior administración, Marcos Theurel y Guillermo Herrera, los que suscribieron las modificaciones tenidas por ilegales. Incluso refirió que la segunda modificación –por cierto atribuida al actual subsecretario de turismo-, en la que se comprometió una aportación estatal de más de mil millones de pesos, se hizo un día antes de concluir el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. Nadie creía que actuaron de su cuenta y si no, ya confesarán de “quien recibieron la orden”, cuando los llamen a declarar, si es que no lo han hecho. “Del Tío”, “¿De cual Tío?”, “¿Del tío de quien?”.

Por los “presuntos ilícitos” cometidos, en diciembre pasado el gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia. Ya severa que queda, pero no hay duda en que se importa la responsabilidad tanto a los servidores públicos –en principio por violar el de decreto del Congreso y modificar sin facultades los términos de la concesión-, además de los que resulte de las comisiones de supervisión y liberación indebida de recursos; Y para la concesionaria que además de cumplir con los plazos y sus aportaciones, has desviado fondos –cobrando obras no realizadas, inflado costos, omitido pagos fiscales y además truculencias.

¿CÓMO Y CUÁNDO TERMINA?

Además de la denuncia penal, no quedó claro cómo es que se terminará la obra, aunque Buganza optimista aseguró que no falta mucho y que lo harán. Antes de que termine el periodo del gobernador Duarte, incluso adelantó que faltarían mil millones, incluidas las obras de vialidades, y que cuentan con ellos –una parte del gobierno federal y el resto de los ingresos del puente. Sin embargo, no precisó otras acciones, descartó que hayan revocado la concesión a Cotuco –Y por ello, no explicas cómo legalmente van a sustituir a la concesionaria en la ejecución de la obra. Tampoco tiene mucha certidumbre cómo van a resarcir el daño causado al erario, de aquí a que alcancen a los españoles.

De lo que no hay duda es que en la cabeza del gobierno ya no hay deuda personal y ni política con el pasado. Atrás quedó saldado el pagaré de la sucesión. Por menos han caído ex gobernadores – véase el de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, preso por peculado de 26 millones de pesos. Más si ya se metió en la revisión de la obra y sus ilícitos el Gobierno Federal, donde no es bien visto el ex gobernador de Veracruz.


Ya destaparon la cloaca, el problema va a ser taparla.