Asuntos públicos: EL PROFEPROA EN VERACRUZ

Con el convenio suscrito ayer entre el gobernador Javier Duarte de Ochoa, los líderes de sindicatos magisteriales y el director del Banco de Servicios Financieros (Bansefi), Jorge Estefan Chidac, comienza a aterrizar en Veracruz el rescate gubernamental a los trabajadores de la Educación.

Llega como un alivio a los agobiados deudores de créditos personales a tasas exhorbitantes, descontados en su nómina, el programa de refinanciamiento o reestructuración de créditos ofrecido en noviembre pasado por el presidente Enrique Peña al SNTE. Entendido como una compensación a ese sindicato por su colaboración, para oxigenarlo luego del desgaste de la reforma educativa, la línea de crédito nacional por 5 mil millones de pesos, en Veracruz, según se informó ayer, no se limitará al SNTE; será extensiva a todos los sindicatos. Por eso ayer la presencia en la firma del convenio de todos los líderes magisteriales, aunque no se dejó de reconocer que era un logro del SNTE y de echarle flores a su dirigente nacional, Juan Díaz de la Torre.

El procedimiento es simple y el beneficio para los acreditados evidente. Los créditos vigentes, convenidos a tasas de interés que llegan hasta el 200%, a las agiotistas sociedades financieras (Sofomes), serán liquidados con un nuevo crédito otorgado por Bansefi, que los descontará igualmente vía nómina, pero a una tasa mucho menor, del 18%. La medida sin duda es benéfica a los deudores. Sin embargo, no dejan de ser también beneficiados los acreedores actuales, aunque no en la misma proporción en que lo serían si permaneciera el antiguo esquema usurero que complacientemente se dejó arraigar, no sólo en el sector educativo, ahora rescatado, sino en toda la burocracia, que aún no encuentra su Buróproa.

Borrón al usurero, cuenta nueva Bansefi

Es por un lado un borrón al usurero negocio de los créditos a la nómina a trabajadores del sector educativo –otrora floreciente entre sindicatos, funcionarios y las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes)– y por el otro la cuenta nueva a través de uno de los bancos del gobierno federal (Bansefi).

Nunca es tarde para corregir los abusos Pero es de todos sabido la extensión que tuvo por décadas el negocio de prestamistas de dinero en efectivo y vendedores de productos diversos a crédito con altas tasas de interés a empleados públicos y liquidados con descuentos a su nómina. Se deja atrás, al olvido, que el mecanismo de clientela cautiva se implantó con la combinación de los sindicatos que los promovieron, varios de los líderes de la era de la profesora Gordillo, como aquí Etesa, de la familia Peredo, y el yernazo Bernardo Quezada, y los servidores públicos que diligentemente aceptaban hacer de cobradores de los prestamistas.

En la Secretaría de Educación de Veracruz se contaban hasta 40 entidades de prestamistas con “clave de descuento”, entre ellas Consupago de la familia Chedraui o Intermecado de los Gidi, que dicen era tintorería Yunes Linares. Hasta donde se sabe –presumiblemente acorde con la línea federal del rescate– hace unos meses se cancelaron las incorporaciones de nuevos deudores, si bien se ha continuado la cobranza de la cartera vigente.

En cálculos nacionales se estimaba que el 70% del personal del personal del sector educativo estaba endeudado con prestamos promedio de 50 mil pesos, y que la cartera global era de 30 mil millones de pesos. El programa de rescate para el SNTE es de 5 mil millones de pesos. No se tienen datos de cuánto se destinará a Veracruz, ni cuánto se les liquidará y a cuales Sofomes. Según dijo ayer el director de Bansefi, Jorge Estefan Chidac, pronto –sin precisar fecha– se hará en Veracruz la sustitución de los créditos, y encarrerado en su promoción tuvo la ocurrencia de decir que la rebaja en la tasa de interés sería al magisterio como “un aumento de sueldo”. Esperemos que las vivales Sofomes vayan con su negocio a otra parte, aunque la época de oro acabó además por la regulación que tienen por las nuevas reglas de lavado de dinero y la reforma financiera.

Los que de todas formas ganaron fueron los líderes que auspiciaron con beneficios personales el esquema usurero y ahora se paran el cuello con el rescate del Profeproa. Quedan compensados por el apoyo a la Reforma Educativa.

Informe del Orfis a la Comisión de Vigilancia

Con motivo de la conclusión de la segunda fase de la fiscalización de la cuenta pública de 2012, ayer en las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior, su titular Lorenzo Antonio Portilla informó a los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso los resultados de la determinación de responsabilidades.

Hasta este momento siguen en el banquillo, con la imputación de daño patrimonial, 20 entidades por un total de 328.5 millones de pesos; las más cargadas, 5 dependencias del Ejecutivo, que acumulan sin comprobar 253 millones de pesos, obviamente los del gran atraco del Túnel Sumergido y su correlativo del Puente Coatzacoalcos I, con 225.7 y 7.4 millones, respectivamente; y Secom (te hablan Zarrabal) con 19.6 millones adentro (de su bolsillo). Asimismo 15 municipios por un total de 75 millones, de los cuales 40 son de Fortín y 15 de Xico.

Aunque solventaron 28 organismos, su cuenta de comprobación fue de 80 millones de pesos. Los atorados tienen aún recursos administrativos, pero no se ve fácil que remonten.

A la reunión asistieron 11 de los 15 diputados que integran la Comisión de Vigilancia, incluidos el presidente de la comisión, Francisco Garrido, del AVE, y el aguerrido coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería.