#AsuntosPúblicos: RESPONSABILIDAD OFICIAL POR TÚNEL SUMERGIDO

La noticia del informe sobre el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, rendido al Congreso local la semana pasada por el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza, por instrucciones del gobernador Javier Duarte, no ha sido la corrupción entre funcionarios públicos y empresarios privados, ni el encarecimiento y la demora en la ejecución de la obra, lo que era sabido desde hace tiempo, sino la determinación de presentar la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra quienes resulten responsables de los presuntos actos ilícitos que han causado daño al patrimonio del estado.

En el análisis de los tipos delictivos se abren de inicio dos grupos, los cometidos por particulares, los titulares de la concesión agrupados en la entidad Cotuco, que incurrieron en numerosas irregularidades fraudulentas de las que hay pruebas contundentes, como de los servidores públicos del área del Poder Ejecutivo, que no sólo las toleraron sino, como se informó, modificaron sin tener facultades legales la autorización del Congreso para concesionar la obra, alterando los términos de aportaciones financieras y los plazos de conclusión en desventaja para el Estado.

Les resultaría responsabilidad directa para los citados como autores materiales de las dos modificaciones hechas –los dos secretarios de Comunicaciones del gobierno de Fidel Herrera, el primero, Marcos Theurel, y el del cierre, Guillermo Herrera, al que le atribuyen el último cambio, el día previo a la conclusión del gobierno. La reiteración del trato laxo y complaciente a la concesionaria de la obra que descarta la casualidad o iniciativa propia en la actuación de los secretarios de despacho, así como su subordinación jerárquica, inevitablemente involucra como presunto responsable al entonces Gobernador del Estado. Las conductas señaladas a los servidores públicos claramente remiten a los delitos cometidos contra la función pública: entre otros, el abuso de autoridad –celebrar actos jurídicos sin facultades legales–, el incumplimiento del deber legal –al no proteger el patrimonio público– y peculado –por generar con sus actos beneficios indebidos para otros (los concesionarios) y posiblemente para sí mismos.

Los omisos

Pero si este grupo podría tipificar los delitos por acción, no faltan los que pudieran hacerlo por omisión. En este otro grupo estarían quienes se desempeñaron en ese periodo en la Contraloría General del Estado, la abogada Clara Luz Prieto por la mayor parte del periodo e Iván López, de 2010 a 2012, ya que eran los responsables del control y evaluación de la gestión pública y no detectaron o soslayaron la información sobre los desvíos evidentes: pero de manera más explícita del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), a cargo entonces de Mauricio Audirac –casualmente hoy contralor del estado–, que sin lugar a dudas encubrió el fraude cuando fue de su conocimiento.

Un rápido recuento a los nulos resultados de las auditorías realizadas por el Orfis de Audirac a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 al Túnel Sumergido, cruzadas con los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación en 2009 (dado que hay fondos federales en la mezcla de inversión) y la revisión de 2012, del Orfis de Portilla, ponen al descubierto la participación encubridora de Mauricio Audirac.

Las evidencias de auditorías

En cuatro ejercicios que revisó el Orfis de Audirac prácticamente no encontró nada. En 2008, incluye al Túnel entre las 68 dependencias sin observaciones. En 2009, apenas y hay una mínima observación de carácter contable, la número 2009/007 (acaso tenía permiso para matar), una diferencia de 150 mil pesos en la partida de patrimonio. En 2010, hasta recomienda al fideicomiso del Túnel que “continúe con las gestiones ante Sefiplan con la finalidad de que le sean ministrados la totalidad de los recursos autorizados” y concluye que “no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial”. La auditoría de 2011, su último año, aunque no la entregó, la dejo arreglada; la conclusión de ese año recomienda únicamente “agilizar los trabajos para cumplir la conclusión de la obra en tiempo y forma”, para concluir con la letanía de que “no se encontraron irregularidades que blablablá…”

No se puede sostener que la Contraloría del Estado y el Orfis ignoraban lo que estaba pasando en el Túnel. La ASF hizo pública en los primeros meses de 2010 su auditoría al Túnel por el ejercicio de 2009. El resultado de ésta fue demoledor.

Aparte de la obvia observación del retraso y estancamiento, el dictamen fue negativo; se establecieron 33 observaciones que dieron lugar a 21 recomendaciones, 5 solicitudes de aclaración, 3 pliegos de observaciones y 7 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora. En el extenso catálogo se determinó un presunto daño patrimonial por 395 millones 842 pesos, refiriendo omisiones en la supervisión y el control de la obra, faltas de permisos y regularización de derechos de vía, numerosos pagos sin fundamento e improcedentes, sin evidencias documentales o físicas de trabajos realizados y contratos adjudicados directamente.

Pese a esa alerta dada por la ASF en 2010, en los dos años subsecuentes que le correspondió fiscalizar el gasto público, Audirac se hizo de la vista gorda; no vio nada no antes ni después.

La fiscalización realizada por el Orfis a la cuenta pública de 2012, que ya le correspondió integra a Lorenzo Antonio Portilla, cuando además ya era tirante la relación del gobierno de Duarte con la concesionaria, re-descubrió el cochinero.

El actual informe de resultados por el que, cómo se sabe, el fideicomiso del Túnel no ha solventado, determinó un daño patrimonial por 225.7 millones de pesos. Su integración detalla observaciones por costos inflados, estimaciones de obra pagadas sin soportes, ni dictamen, pagos extraordinarios considerados contractual y técnicamente improcedentes, volúmenes de obra que no cuadran, de manera muy similar a como lo hizo en 2009 la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Si como advirtió el Gobernador, van a ir al fondo caiga quien caiga, los candidatos por acción y por omisión están muy perfilados. Por lo pronto se ve insostenible con esa tesis la permanencia de Guillermo Herrera, el firmón del último día, como subsecretario de Turismo, y de Mauricio Audirac, el cómplice por omisión, como Contralor General del Estado.